La agitación política se incrementó ayer aún más. El MP (Consuelo Porras) ordenó el retiro del antejuicio a la dupla electa Arévalo-Herrera, entre otros delitos, por sedición, él por haber opinado y ella por haber estado presente en una acción de la toma de la Universidad de San Carlos por varios estudiantes. Hay otros delitos, pero el peor es este porque significa “alzamiento tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de la ley la ejecución de actos legales”. Entonces, la opinión equivale a cometer este delito, pero es absurdo por estar constitucionalmente protegida y porque intenta cambiar el resultado de una elección ya realizada y hecha oficial. Por aparte, la Corte Suprema fue integrada en forma presurosa el día anterior y la OEA, junto con el Departamento de Estado, lo rechazaron pocas horas después.

Tampoco se puede olvidar el criterio de la ley guatemalteca para considerar un intento de golpe de Estado, por ello punible, cualquier acción realizada para impedir la toma de posesión presidencial. Esto es muy serio por estar en los textos legales y no constituir una opinión. La perversa meta intenta acallar a todos, sin duda porque las muchas opiniones han conformado un ambiente colectivo de rechazo al gobierno y sus triquiñuelas, legales o ilegales. No hubo reacciones internas, sólo internacionales, por el temor a expresarse si ello constituye un acto sedicioso. Este hecho sin precedentes se complementa con órdenes de captura, ya iniciadas, contra otros 27 ciudadanos: miembros del nuevo partido oficial, un diputado y periodistas críticos, un ex procurador de los Derechos Humanos y exfuncionarios de la Usac. Emergen sospechas sobre los motivos.

La apresurada nueva Corte Suprema de Justicia está integrada por abogados no conocidos fuera del nebuloso ambiente jurídico, y por ello necesitan limpiarse de sospechas debidas al desprestigio de la actual CSJ, con solo un par de integrantes sin tacha. Hay dos formas: una, inmediata, dar a conocer ampliamente sus hojas de vida y la legitimidad académica de cualquiera de sus títulos, por razones evidentes, no ofensivas, pues merecen el beneficio de la duda pero deben facilitarlo. Por aparte la ya por todos lados filtrada visita de Miguelito al Congreso agrega un motivo adicional para afianzar la necesidad de limpiar a la CSJ en su calidad de poder del Estado. Esa tarea les toca a ellos, por su propio interés, y también será tarea de quienes integren los otros dos poderes estatales, también en la mira y el rechazo popular.

El informe de la OEA no trae ninguna novedad. Era un secreto a voces y sólo comprueba la íngrima soledad de Guatemala en el continente. A la sesión tres países ni siquiera se molestaron en asistir, los centroamericanos votaron así: Costa Rica, en contra por ser uno de los ponentes, (Nicaragua no pertenece) y El salvador Honduras y Panamá decidieron una vergonzante abstención, es decir un voto en contra. En total, veinte países en contra. Se confirmó la precariedad de la cancillería: Guatemala no podía votar en contra, obvio. Un resultado similar habría en la ONU, poca duda cabe, pues un análisis sereno, sin intereses, permite identificar los evidentes frutos de la cooptación de los poderes del Estado y otras instituciones. La cada vez más informada población, vía redes sociales, ya no se sorprende por nada de esto.

Todas las decisiones oficiales afectan derechos ciudadanos fundamentales: las elecciones como forma de conocer la voluntad popular en procesos ya legales, y el derecho a expresar el pensamiento sin ser amenazado o encarcelado. Los dos se parecen en causar escozor (picazón, decimos por aquí) a quienes detectan un riesgo para sus ambiciones dictatoriales. El 14 de enero, a sólo 57 días de distancia, aun hay suficiente tiempo para continuar esas acciones para irrespetar el voto popular. La posibilidad de desagradables sorpresas esa fecha es una espada amenazante y desde hace tiempo, el factor ideológico ya pasó a un plano secundario. De nuevo es urgente aferrarse al desprestigiado Parlacén, por dar otro ejemplo. Todo ello demuestra además la urgencia para los ciudadanos de permanecer vigilantes y pronunciarse.