De acuerdo con la publicación, el requerimiento se hizo por medio de un escrito bajo la causa penal 01070-2023-00023, que identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, por el cual se solicitó el retiro de la inmunidad del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y por el que seis personas se encuentran detenidas.
La solicitud fue hecha por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, quien se encuentra a cargo del caso Toma Usac: Botín Político, quien está sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU. que lo incluyó en una lista de actores corruptos.
Entre las cuantas de las cuales el MP solicita información están las del diario La Hora, Ruda GT, Prensa Comunitaria, de la periodista de Guatevisión Leslie Sánchez y de la diputada del Movimiento Semilla Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el pasado 6 de septiembre.
De acuerdo con el escrito que publicó La Hora, la solicitud fue fechada el 26 de septiembre pasado y fue dirigida a la oficina de X en San Francisco, California, Estados Unidos.
El requerimiento busca acceder a información como nombre del creador de la cuenta, dirección o ciudad del suscriptor, números telefónicos registrados y asociados, números de cuentas y tarjetas bancarias asociadas, fecha y hora de registro, creación de la cuenta, fecha y hora del último acceso a la cuenta y correos electrónicos asociados.
Además, historia de IP´s registradas, con fecha, hora de inicio y hora final de conexión, método de conexión de Twitter, versión registrada de hardware y software, volumen de transferencia de datos, dirección MAC´S registradas y cualquier otra información relevante de enrutamiento.
La Hora detalla que Cruz pidió que los usuarios descritos en la solicitud no fueran notificados del pedido de información.
En el documento judicial se explica que se recibió la solicitud del MP para informar sobre datos de los perfiles twitter.com/hernandezmack, twitter.com/PrensaComunitar twitter.com/lahoragt twitter.com/ruda_gt y twitter.com/lesliev_sanchez.
Se consultó al MP sobre el requerimiento, pero aún no se ha proporcionado información al respecto.
“El fiscal se encuentra en este momento en la audiencia, en cuanto termine la misma, con gusto se le hará la consulta”, escribió Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP.
Al tener la postura correspondiente se le agregará a esta nota.
Audiencia
El juez Cruz dio inicio este martes a la primera declaración de la excandidata a diputada del Movimiento Semilla Marcela Blanco, en un caso en el que se involucra también al presidente electo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.
El juez Víctor Cruz empezó con el procedimiento judicial al final de la mañana de este martes, en la cual decidirá si imputa a Blanco y a otros cinco estudiantes y profesores universitarios detenidos.
Blanco está acusada por un supuesto caso de daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos, mismo señalamiento del MP en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para que le sea retirada su inmunidad.
La Fiscalía busca que Blanco, detenida desde el 16 de noviembre, sea procesada y continúe en prisión preventiva, mientras se investiga si tiene responsabilidad por los supuestos delitos de asociación ilícita, depredación de bienes y asociación ilícita.
Durante la audiencia, el juez Cruz verificó la presencia de los sindicados y atendió la solicitud de la Universidad de San Carlos que busca añadirse al proceso como demandante.
“Esto es una persecución política por denunciar la corrupción”, dijo a EFE Blanco, de 23 años, a su llegada a la Torre de Tribunales previo al inicio del procedimiento en su contra.
De acuerdo con el juzgado a cargo del caso, el proceso para determinar si se liga a proceso a Blanco y los otros sindicados se extenderá durante el resto de la semana.
La Fiscalía también solicitó la captura de otras 22 personas que no han sido ubicadas y pidió retirar la inmunidad al presidente electo, Arévalo de León, y su vicepresidenta, Karin Herrera.
Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras Argueta, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha judicializado el proceso electoral de Guatemala e intentado cancelar el partido de Arévalo de León, así como revertir los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.
Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.
Con información de EFE
