Economía

Por qué la OCDE evalúa mal a Guatemala por un problema de transparencia que, legalmente, está resuelto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala al país de no proporcionar suficiente información bancaria para efectos fiscales, aunque una ley vigente al respecto.

La OCDE señala al país de no proporcionar suficiente información bancaria para efectos fiscales, aunque una ley vigente al respecto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La OCDE señala al país de no proporcionar suficiente información bancaria para efectos fiscales, aunque una ley vigente al respecto. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El informe anual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), puso a Guatemala en el radar internacional, al señalar que aún no comparte información bancaria con fines fiscales, para una mayor transparencia.

La directora del Secretariado del Foro Global, Zayda Manatta, dijo en una entrevista a la agencia EFE en Lisboa, Portugal, que “Guatemala no tuvo una buena nota en su evaluación. “Nos cuentan que han hecho progresos, pero no hasta un punto que puedan solicitar un análisis suplementario”.

Y destacó que el tema del secreto bancario todavía es muy importante en el país y que específicamente, había una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre que no se podía superar el secreto bancario para fines de intercambio de información, “así que esto es un obstáculo muy importante para nosotros”.

No obstante, indicó que la corte decidió levantar el secreto bancario, “pero como el foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva, esto no aparece representado en el informe”.

Para efectos de la evaluación anual, el foro cuenta con dos mecanismos: uno por el que las autoridades fiscales de los países proveen, previa petición, cualquier información que pueda ser pertinente; y la otra, automática por la que envían cada año datos predefinidos.

La representante de la OCDE enfatizó que “al día de hoy, la mayoría de las naciones están dispuestas a intercambiar este tipo de datos, porque nadie puede ir al público y decir estoy a favor de la falta de transparencia, ya no es algo aceptable.

Interpretación

La posición de la OCDE está ha generado diversas reacciones. Esto, considerando que desde el 2019 -antes de la pandemia- el referido organismo internacional había señalado a Guatemala como “país no cumplidor en materia de transparencia fiscal”, cuando se hizo la evaluación y suspensión del temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91, Código Tributario, que fue suspendido temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Poco después, se resolvió en definitiva respecto a que la autoridad tributaria puede tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes por orden de juez competente en esa materia fiscal. De hecho, el artículo 30 de esa normativa, Información respecto de terceros, establece que, “en ejercicio de su función de fiscalización, la Administración Tributaria podrá requerir directamente de cualquier entidad o persona, ya sea individual o jurídica, incluyendo las instituciones vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos, información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional y lo dispuesto en este Código”.

Para Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Abelardo Medina Bermejo, ex intendente de recaudación y fiscalización de la SAT, hay una lectura sobre lo expuesto por Manatta:

Medina recordó que desde hace algunos años, Guatemala se adhirió al Foro de Transparencia Global (FTG) de la OCDE, con el fin de atender los requerimientos de transparencia financiera y fiscal internacional y evitar, de esa forma, ser considerado un país no cooperante en materia de transparencia internacional y por lo tanto, una jurisdicción no apropiada para realizar inversiones, por su opacidad financiera (guarida fiscal).

Y como parte de los compromisos adquiridos, cada Estado debe proceder a facilitar el intercambio de información con los otros Estados parte, tanto a requerimiento directo, como en forma automática, cuando se trata de atender información periódica.

“Lamentablemente, en Guatemala hay una visión distorsionada de lo que implica el secreto bancario, lo que ha impedido que la SAT pueda atender diferentes requerimientos de otras naciones, además de que aún no existen los cuerpos legales que le darían la factibilidad real a este mecanismo.

Por ello, dijo que el FTG evalúe a Guatemala como no cumplidor en materia de transparencia financiera internacional, lo que produce es que seamos vistos como un país opaco, que no coopera con la transparencia financiera y potencialmente como un destino no apropiado para las inversiones del mundo, debido a la opacidad.

“En todo caso, que el FTG siga calificando a Guatemala, luego de varias oportunidades, como no cooperante, nos demuestra que los esfuerzos que se han realizado no han sido suficientes para lograr que el país sea bien visto en el concierto de naciones, como un territorio apto para las inversiones y para la cooperación internacional”.

Cambiar posición

Zapata consideró que es importante el hecho de que el Foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva sobre el tema del levantamiento del secreto bancario, por lo que no aparece representado en el informe; cuando eso suceda, la evaluación puede cambiar.

Pero hizo la salvedad de que Guatemala debe invertir más en el intercambio de información para fines fiscales, especialmente a través de la digitalización de procesos. “Por ello es importante reconocer que el progreso hoy no es uniforme, pues hay países que están mucho más avanzados y hay otros que hoy están comprometidos”.

Por otro lado, se indicó que a pesar de que Guatemala tiene suscritos varios Acuerdos de Intercambio de Información con otros países del mundo, en la práctica no funciona ninguno; “no por falta de esfuerzos diplomáticos, sino porque las autoridades financieras y fiscales no han logrado que en el Congreso de la República se realicen los cambios legales necesarios para avanzar en los procesos correspondientes”.

También, aunque se ha avanzado en la posibilidad de determinar los beneficiarios finales de las empresas, así como garantizar que todas las acciones que se emitan sean nominativas, los mecanismos de control y el suministro de información son muy limitados y las sanciones por falta de cumplimiento siguen siendo muy débiles.

Sobre este tema se solicitó una postura institucional a la unidad de comunicación de la Superintendencia de Administración tributaria (SAT), pero al cierre de nuestra edición, no había una respuesta.

¿Por qué el interés de la OCDE?

A los consultados se les preguntó: Desde el punto de vista tributario, ¿por qué es de interés la posición de la OCDE para Guatemala en este tipo de evaluación anual?, a lo que Zapata respondió: “La transparencia es clave para la atracción de inversiones.  Nuestro país tiene el enorme reto de combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, especialmente porque 70% de nuestra población económicamente activa trabaja en la informalidad.  Adicionalmente, se necesita aprobar más acuerdos para evitar la doble tributación.

Medina enfatizó que aunque los controles de tributación internacional y dentro de ellos los asociados al manejo abusivo de Precios de Transferencia en el país son muy incipientes, el intercambio de información con otras jurisdicciones permite conocer apropiadamente la valoración de las transacciones que se realizan con otros países, a fin de determinar apropiadamente los precios de las operaciones de comercio internacional y también de ingresos y pagos por operaciones externas (por eso, a los otros países les interesa conocer los datos que hay en Guatemala, respecto a sus residentes).

“Sin embargo, aunque es muy importante para el ámbito tributario, lo más preocupante en la actualidad es que Guatemala sea vista como un país opaco en materia de transparencia, lo que produce que haya menos inversionistas interesados en el país, porque obviamente no quieren que en el futuro la localidad en que estén ubicados sus recursos, sea sancionada por ser no cooperante”.

Visión 2024

Los especialistas también brindaron una expectativa de lo que pueda ocurrir en la próxima evaluación del 2024, ya con nuevas autoridades electas.

Al respecto Zapata enfatizó: “para el Ministerio de Finanzas debe ser una prioridad mejorar el intercambio de información, destinar recursos y capacitar a más personal en esa tarea.  Latinoamérica perdió el equivalente al 6.1% del PIB de la región debido a los incumplimientos tributarios.  Guatemala necesita crear unidades específicas y la asignación de recursos para personal, formación y herramientas técnicas.

Según Medina, el problema no es fácil de resolver, dado a que tanto la élite financiera y económica, así como diversos cuadros del Gobierno manifiestan una natural renuencia a que exista la posibilidad de conocer sus transacciones reales en el sistema financiero, lo que le permitiría a la SAT tener mejores resultados recaudatorios. Debido a esta situación, el país no está atendiendo los requerimientos que otras administraciones tributarias del mundo le realizan y por ende, el país se considera opaco”.

A su criterio, los primeros pasos giran en torno a flexibilizar los mecanismos para que la SAT tenga acceso a la información bancaria para atender los requerimientos planteados, así como crear los mecanismos necesarios para tener un apropiado control de las acciones nominativas, los beneficiarios finales de las empresas y otros mecanismos que han sido dispuestos por la OCDE.  “Resolverlo para tener una mejor calificación en el corto plazo es difícil, pero si no se hace, pronto Guatemala podría empezar a ser vista internacionalmente como una guarida fiscal”.

Con información de EFE

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.