Conmueve la muerte de Jakelin Amei Rosmery Caal Maqui, la niña guatemalteca de 7 años que perdió la vida cuando estaba bajo custodia de agentes de la Patrulla Fronteriza de Nuevo México, luego de haber cruzado junto a su padre de manera irregular la frontera sur de ese país.

El impacto de su muerte, a tan corta edad, en circunstancias lamentables, ha conmocionado a varios sectores, tanto en Guatemala como en Estados Unidos, donde diversas entidades se han pronunciado para demandar mayor sensibilidad y preparación de los patrulleros fronterizos, sobre todo cuando se trata de menores, que no tienen la más mínima noción de la trayectoria a la que los empujan las circunstancias adversas y la desesperación irreflexiva de los mayores.

Aunque el gobierno del presidente Donald Trump reaccionó para negar cualquier responsabilidad en ese desafortunado hecho, esto debe ser visto como la postura típica de los gobernantes, como también sucede en Guatemala, donde tampoco se perciben expresiones de sensibilidad ni mucho menos acciones para prevenir los flujos migratorios irregulares ni acciones orientadas a aliviar la penuria de millones de desamparados.

Si bien la Casa Blanca describió la muerte de la menor como una “situación trágica y horrenda”, aunque se evita asumir cualquier responsabilidad, eso es algo que no corresponde evaluar al Ejecutivo y serán los órganos de investigación criminal los que deberán deducir responsabilidades, porque transcurrieron demasiadas horas desde que la niña fue puesta bajo custodia policial y el desenlace fatal.

El presidente Trump insiste en plantear exigencias hacia los representantes demócratas en el Congreso para endurecer las medidas contra la migración irregular, pero fracasará en su intento si no lleva su ofensiva hacia otros actores que también deben asumir la responsabilidad ante ese drama. Mientras las condiciones de estos países no cambien, no se va a detener la migración irregular, y la corrupción, la criminalidad y la falta de oportunidades son factores decisivos.

Estados Unidos debe plantear mayores exigencias hacia los gobiernos de la región para promover el desarrollo y desincentivar el éxodo irregular de centroamericanos, pero eso pasa también por demandar una gobernanza con honradez, donde el gasto público abandone el clientelismo y se concentre en las regiones donde son limitadas las posibilidades de sobrevivencia.

Un reporte de CNN en la aldea de la que había salido Jakelin Caal, en alta Verapaz, refleja un cuadro desesperanzador: población que carece de una dieta básica y sin oportunidades de trabajo o de generación de insumos esenciales. En consecuencia, huir es la única opción contra la adversidad.

Si bien en Estados Unidos se demanda mayor sensibilidad al drama migratorio, sobre todo cuando se trata de menores, el reclamo también debe plantearse a los gobernantes que se muestran indiferentes cuando millones de recursos se administran de manera perversa y clientelar.