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Este artículo regula el financiamiento electoral no registrado y castiga al que reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes o de “campaña electoral”, la cual, según el artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, finaliza 36 horas antes del día de las votaciones, el cual es calificado como el Día D.
Es durante este tiempo cuando las organizaciones electorales, dependiendo su capacidad económica, invierten en el pago y alimentación de fiscales de mesa, transporte para los afiliados y potenciales votantes y celebraciones, pero estos gastos están fuera del tiempo que se define como campaña electoral.
El parlamentario Fernando Linares, uno de los impulsores del proyecto de reforma del Código Penal, reconoce que los gastos del día de las votaciones no se define claramente en dónde y cómo deben registrarse y reportarse. “Lo debimos haber especificado —durante la aprobación de la reforma—, pero muchas veces no se tiene la previsión cuando se hacen las leyes”, dijo.
Linares considera que debido a esta falta de claridad, que no había analizado, seguramente habrán impugnaciones, por lo que el TSE va a tener que estudiarlas y usar determinados criterios para tramitar las acciones legales que se presenten.
Giovanni Rodríguez, jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del TSE, afirma que este tema legal “está en el aire y tendría que determinarse si estos gastos entran o no en el techo de campaña, pero de que deben rendir cuentas de los financista, no hay pierde”.
“Es cierto que la Ley prohíbe la campaña en esas 36 horas, pero eso no quiere decir que los partidos no reporten esos ingresos y egresos, así como cumplir con emitir los recibos de quienes donaron para pagar a los fiscales y otros gastos”, explica Rodríguez.
Partidos no reportan
En los informes de gastos correspondientes del 1 al 30 de septiembre del 2015 que los partidos entregaron a dicha unidad del TSE, la mayoría de organizaciones partidarias no reportó los gastos efectuados en esas horas el día de las votaciones, sino que solo informan de otros gasto realizado ese mes.
El caso más sonado es el del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el cual, según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), gastó aproximadamente Q8 millones en la primera vuelta y otra cantidad similar en la segunda, lo cual no reportó.
“Esta información no obra en los archivos de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de Partidos Políticos, ya que el partido en referencia —FCN-Nación— incumplió con la presentación ante este tribunal”, cita el informe entregado por el TSE a Prensa Libre.
La falta de transparencia en los gastos de las elecciones es una acción generalizada, pues casi todas las agrupaciones políticas reportan algunos gastos efectuados en septiembre, pero relacionados con publicidad y otros eventos, pero no lo que gastaron en transporte de afiliados, pago de fiscales y alimentación.
Uno de los dos partidos que reportaron este gasto es Visión con Valores (Viva), que en un apartado menciona que los egresos no dinerarios del día de las elecciones ascendieron a Q4 millones 491 mil 950, los cuales se emplearon en fiscales, alimentación y reuniones.
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Lo mismo hizo el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo), que reportó un saldo inicial de Q1 millón 506 mil 520.09, de los cuales Q559 mil fue para transporte de fiscales, viáticos y comida.
Sin embargo, partidos como el extinto Libertad Democrática Renovada (Líder) no reportaron ningún gasto para este día.
Esta organización, según su informe, comenzó septiembre con un saldo de Q391 mil 401 y tuvo un ingreso dinerario de Q1 mil 45.50. En su reporte cita que tuvo un egreso de Q104.55 y no detalla ninguna cantidad gastada el día de los comicios.
El partido Fuerza en su informe refiere que su ingreso dinerario fue de Q146.10, mientras que los no dinerarios ascienden a Q150 mil 924.50, lo cual corresponde a donaciones o cesión de derechos en publicidad en radioemisoras, televisión, medios escritos y volantes. No aparece nada en relación al día de las elecciones.
El Partido Patriota, también cancelado, informó que al 31 de agosto tenía un saldo de Q102 mil 545.88 y que durante septiembre tuvo un ingreso dinerario por Q21.07. Su único egreso fue de Q17.11.
El partido Unión del Cambio Nacional (UCN) reportó al comienzo de septiembre un saldo de Q301 mil 894.53. No recibió un centavo en dicho mes, pero gastó Q300 mil 436 en propaganda, materiales, suministros, giras y mítines, encuestas y alquileres entre otros.
Margen de maniobra
El analista político Renzo Rosal dice que la reforma del artículo 407 del Código Penal deja afuera la obligatoriedad de reportar gastos durante el Día D y las horas que le anteceden, lo cual da un margen de maniobra para mover una gran cantidad de recursos, especialmente en efectivo, que no van a ser reportados.
“Y aunque lo reporten tímidamente al TSE, no va a haber capacidad de poder deducir responsabilidades de orden penal para las personas, candidatos y dirigentes”, agrega.
Leyes
Proceso se divide en tres fases
El artículo 196 de la Ley Electoral explica que la campaña termina 36 horas antes del día de las elecciones.
“El proceso electoral para elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano dará inicio con la convocatoria, la cual será dictada por el Tribunal Supremo Electoral la segunda o tercera semana del mes de enero del año en el que se celebren dichas elecciones”, cita.
El proceso electoral se dividirá en tres fases:
a) La primera, concerniente al proceso de postulación e inscripción de candidaturas a cargos de elección popular dará inicio un día después de la convocatoria y terminará un día antes del inicio de la segunda fase definida en la literal b) de este artículo; en este periodo es prohibida la realización de propaganda electoral.
b) La segunda fase será para la campaña electoral de todos los candidatos a cargos de elección popular, que dará inicio noventa días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales, hasta treinta y seis horas antes de la elección convocada. —Estas horas no están reguladas en cuanto a los gastos, al igual que el siguiente inciso—.
c) La tercera fase comprende la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos.
Rosal considera que “fue un gol” de los partidos lograr que esa franja, donde todos las agrupaciones hacen fuerte erogación de recursos tanto lícitos como de fuentes ilícitas, esté fuera del alcance del Código Penal, por lo que corresponderá al TSE y a la Fiscalía de Delitos Electorales ejercer un control muy fuerte sobre estos gastos.
“Esa mancuerna será la que podría ayudar a reducir los enormes márgenes de opacidad y fuera de control, pues en las últimas elecciones los partidos se gastaron entre Q5, Q10 y hasta Q20 millones solo el día de elecciones en el pago de fiscales, alimentación, transporte, y para muestra está lo que sucedió con el pago de fiscales del FCN-Nación que, aparentemente, fue de Q8 millones en una vuelta”, indica Rosal.
El analista político considera que el TSE aún está a tiempo de crear un normativo específico que obligue a los partidos políticos a reportar con detalle los gastos que efectúe en el día de las elecciones. “Este ayudaría a trasparentar esa porción de gastos en las que se involucran estructuras criminales”, dijo.
Se dejó fuera
Andrea Villagrán, diputada del partido Todos, comenta que ella hizo la observación de que la reforma estaba mal redactada porque debía haber dicho “proceso electoral” y no “campaña electoral”, con lo cual se dejó fuera el día de las elecciones.
“Me argumentaron de que ya estaba incluido porque decía ‘eventos electorales’. Esto puso en evidencia que —los diputados— hicieron una legislación general con lo que se dejó fuera un día muy importante para los partidos políticos y la ciudadanía”, afirma la legisladora.
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