La Organización señala en un comunicado que este es “un intento por anular la primera vuelta electoral”, lo cual es “la peor forma de rompimiento democrático y consolidación de un fraude político”.
Además, insisten en que los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Feci), con sus declaraciones en la conferencia y las acciones del ente constituyen una alteración del del orden constitucional, quebrantamiento del estado de Derecho y una violación a los Derechos Humanos.
También se hace el llamado al presidente Alejandro Giammattei, a la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender el orden constitucional, y a “tomar acciones contra los perpetradores de este atentado”.
La OEA ha conocido en Consejo Permanente ocho veces el tema de la democracia en Guatemala. Son una serie de al menos seis países miembros, los que continúan solicitando que se tomen más acciones al respecto, incluido Estados Unidos.
Durante la conferencia de prensa, el fiscal Rafael Curruchiche hizo alusión a entes internacionales y al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Por lo que el pronunciamiento de la Organización fue publicado minutos antes que finalizara la conferencia del MP.
Curruchiche exhortó al secretario a que acuda al ente investigativo para detallarle los hallazgos de la pesquisa y rechazó los pedidos de funcionarios extranjeros que “manera abusiva”, buscan “interferir” en las pesquisas.
“Indiqué en esa ocasión que me hubiera gustado que estuviera aquí el señor Luis Almagro, secretario de la OEA. No sé si está en Guatemala, pero lo invito a que venga. Personalmente, yo lo puedo atender y le puedo explicar lo que ustedes verán más adelante”, comentó el fiscal en la conferencia.
El caso en cuestión inició como una investigación sobre la consolidación como partido político de Movimiento Semilla. Ahora que se conocieron las demás fases de la investigación el MP solicitó retiro de antejuicio al presidente electo, Bernardo Arévalo, y a los diputados Samuel Pérez y Ligia Hernández, porque se les alude de varios delitos.
Por otro lado, los hallazgos también abarcan acciones del TSE como supuestas inconsistencias en la utilización del sistema de Trasmisión de Resultados Electorales (Trep) , actas 4 y 8.
Por esto se solicitó órdenes de captura en contra de Jorge Santos, director de Informática y Alejandra Chiroy, jefa del Departamento de inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones.
MOE/OEA cuestiona investigación del MP
La Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) también condena las reiteradas acciones del MP no tienen “sustento normativo y claramente contrarias al principio democrático de máxima transparencia que debe regir los procesos electorales”.
Además, señala que “el MP incumple su función constitucional, pudiendo incurrir incluso en delitos electorales y otros como prevaricato y abuso de poder, así como violaciones de derechos humanos”.
La Misión cuestiona que en los artículos 234 y 235 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) regula causales expresas y taxativas por las que se puede declarar la nulidad de un proceso electoral, pero a juicio del grupo observador los señalamientos del MP no encuadran con estas.
El MP indicó también que las actas 4 no siguieron el formato de las aprobadas por el pleno del TSE, ante eso la MOE/OEA afirma que las utilizadas “reflejan de manera clara y fidedigna la voluntad popular de las elecciones generales” y que no se agregó ni eliminó ningún campo.
Detallan que la única diferencia que encontró la Misión es que el modelo de Acta 4 eran dos páginas y las utilizadas se imprimieron a una página facilitando la transmisión y visibilidad de información.
“Es importante tomar en cuenta que uno de los principios en los que se basan los ejercicios democráticos es la certeza y la definitividad de las etapas, es decir ir agotando conforme a derecho en tiempo y forma cada una de las actividades y acciones que comprenden un proceso electoral”, se lee en el comunicado.
Respecto a los alegatos de la Fiscalía sobre el Trep, la MOE/OEA reitera que sus observadores constataron minuto a minuto la el flujo del procesamiento de la información.
Por las nuevas solicitudes de retiro de inmunidad a Arévalo, la Misión considera que el objetivo del MP es “ar de baja penalmente a un movimiento político y desconociendo al pueblo de Guatemala” lo cual constituye una acción propia de las dictaduras.
“Los actos de esta naturaleza rayan en el desconocimiento del Estado de derecho y atentan contra las instituciones republicanas del país, en su marco constitucional”, reiteraron.
