“El cambio de delitos depende de si la investigación confirma alguna situación y eso aún se realiza. La investigación está en desarrollo. No tengo a la vista la investigación, por eso no han variado las circunstancias primitivas del proceso y se niega la petición”, resolvió Cojulún.
Bernal Ramos había solicitado también que le retiraran el delito de peculado con el argumento que jamás ha sido funcionario público.
El juzgador recordó el artículo 445 del Código Procesal Penal que explica la participación de funcionarios en hechos ilícitos. “Acá es cierto que no han sido funcionarios, aunque existen los participantes materiales, los de adentro; pero también están los de afuera, los que tienen alguna autoría y por eso fueron procesados por peculado”, mencionó el juez Cojulún.
Los cuatro sindicados seguirán procesados en el caso Transurbano a la espera que finalice la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
El fiscal Hugo Morales, quien compareció en la judicatura, mencionó que el 4 de enero próximo vence el plazo para terminar las pesquisas. “Solo nos faltan algunas escuchas telefónicas”, explicó.
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Se prevé que la audiencia de etapa intermedia se realice el 16 de enero próximo.
Señalados en este caso en prisión
- Carlos Quintanilla Villegas. Peculado asociación ilícita y lavado de dinero.
- Otto Bernal Ovando. Peculado, asociación ilícita y lavado de dinero.
- Carlos Paz Reinoso. Peculado, asociación ilícita y lavado de dinero.
- Reina María Gómez González. Peculado, asociación ilícita y lavado de dinero.
Con arresto domiciliar:
- Rudy Maldonado Castillo. Peculado.
- Mario Vargas Salazar. Peculado.
- Óscar Rossi Archila. Peculado.
- Juan Bernal Ramos. Peculado y lavado de dinero.
https://twitter.com/kmonzon_pl/status/1080496323865075713
El caso
Durante el año 2008 y 2009 personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el Transurbano a funcionarios de la administración del gobierno de Álvaro Colom (presidente 2004-2008, también procesado en este caso).
El sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno de Colom aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del año 2008 y en 2009.
El Estado asignó para este proyecto la cantidad de Q80 millones 119 mil, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción aproximada de Q13 millones por parte de la estructura criminal.
La investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, integrada por personeros de la AEAU, personeros de la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. y terceros, quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.
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