Después el Juez entregó los documentos que sustentaron la investigación de la Fiscalía de Delitos Electorales al fiscal Rafael Curruchiche.
“La resolución del juez me favorece, aún así un gramo de dignidad es difícil que me lo reparen. Este caso considero será objeto de estudio”, mencionó el diputado al salir de la audiencia.
En tanto, el fiscal Curruchiche explicó que se haría un análisis de la resolución y recordó que todas las resoluciones son apelables. “En su momento se tomará la decisión en cuanto a si se apela o no la decisión del juzgador”, dijo.
El juez Moto recordó que la responsabilidad recae en el contador de la agrupación política. “Acá no se entrevistó a Álvaro Pérez, el contador del partido UNE. Es el responsable en caso de un hecho ilícito”, explicó el juzgador Moto.
La semana pasada el representante del MP solicitó procesar a Blanco Lapola por el delito de la fiscalización electoral de fondos, contemplada en el Artículo 407 L del Código Procesal Penal, debido a que el Congreso modificó el delito de financiamiento electoral ilícito.
Al respecto el juez Moto explicó que el MP puede modificar la acusación. “Acá lo que se persigue son los hechos y en esta investigación faltó detallar quién es el donante”, mencionó, para recordar los aportes que recibió la UNE de sus financistas que no fueron reportados ante el ente electoral.
"El juez me favorece", dijo el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, después de haber sido favorecido por el juez Mynor Moto pic.twitter.com/gd0HI02EWO
— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 3, 2019
El caso
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusaron a Blanco Lapola por financiamiento que no fue reportado durante la campaña electoral de 2015.
El MP describió los indicios, que se centraron en la recolección de información sobre financiamiento electoral ilícito entre el 1 de enero del 2015 al 9 de enero del 2016.
Los señalamientos contra Blanco Lapola eran por los servicios que se brindaron a distintos candidatos, entre ellos: Torres Casanova -excandidata presidencial y nominada como la próxima presidenciable-, Carlos Barreda -actual diputado- y el mismo Blanco Lapola, por Q2 millones 216 mil 850.
La UNE reportó Q1 millón 652 mil 484.65 como “aportes no dinerarios” de las entidades BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A para transporte aéreo, describió el fiscal en la indagatoria.
El ente acusador explicó en la judicatura que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) practicó tres auditorías entre el 22 de febrero del 2016 y el 4 de agosto del 2017, a las entidades Helicópteros de Guatemala, S.A., BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A.
“La empresa Helicópteros de Guatemala, S.A., facturó a la entidad BIENNO S.A., por concepto de horas de vuelo para la UNE la cantidad de Q 1 millón 332 mil 875.05. Aunque los vuelos no fueron pagados por ellos y que por esa razón habían devuelto las facturas”, explicó el fiscal. La devolución fue el 27 de noviembre del 2015.
La investigación del MP señaló que el pago de los servicios aéreos presentados ante el TSE como supuestos “aportes no dinerarios” fueron cancelados por el propio partido, por Jack David Vargas Nuñez y Estuardo Vargas.
Según el MP, Jack David Vargas Nuñez y Estuardo Vargas realizaron pagos a Helicópteros de Guatemala, S.A., para vuelos de la UNE, por Q838 mil 750 y Q247 mil 375 respectivamente, los cuáles no fueron registrados en la contabilidad del partido ni reportados al TSE como financistas privados, configurándose como aportes anónimos.
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