El decreto 18-2023, con el que el Congreso de la República aprobó el plan de gastos del Estado para el próximo año por Q124 mil 879 millones, fue publicado el 15 de diciembre en el diario oficial y establece que debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2024.
Sin embargo, ante el panorama y señalamientos de ilegalidades, cambios no técnicos y cuestionamientos, representantes del gobierno electo han estado trabajando en la estrategia y caminos que seguirán para poder avanzar en el 2024 y mejorar lo que este presupuesto aprobado les ha dejado para operar en el año, expresó el entrevistado.
Luego que no fueron conocidas ni aprobadas por el Congreso modificaciones al contenido del decreto solicitadas por el Movimiento Semilla, y que tampoco fue vetado por el presidente actual, el primer paso de los funcionarios electos será presentar ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso, dijo Menkos.
El objetivo es que se declaren violatorios del marco legal los artículos que han detectado que van contra diferentes leyes del país, añadió. Este se presentará cuando ya esté vigente la ley del presupuesto para el 2024, indicó.
La semana pasada Semilla también planteó en el pleno del Legislativo objeciones al decreto que contiene el presupuesto del próximo año, pero tampoco lograron el apoyo para su solicitud.
Al ser consultado el diputado Samuel Pérez, también habló de que se plantearán de acciones o recursos legales, los cuales, indica, ya se pueden presentar contra el presupuesto aunque no ha entrado en vigencia pero ya fue publicado en el diario oficial.
“Una vez publicado en el diario ya se puede cuestionar la constitucionalidad, nosotros lo hicimos en el Congreso, presentamos objeciones, inicialmente en la discusión del presupuesto para correcciones políticas, pero luego presentamos objeciones sobre ilegalidades e inconstitucionalidades después de la votación, y esos argumentos son los que seguramente vamos a presentar en la Corte”.
Ninguno de los dos entrevistados mencionaron cuando se presentarán las medidas legales en la CC.
Preparan propuesta de cambios
Menkos dijo que aparte de las accione legales se está preparando una propuesta de modificaciones al presupuesto que fue aprobado y que consideran que la nueva legislatura debe tener dentro de los temas a tratar como prioridad.
Al consultarle acerca del detalle de las modificaciones que serán solicitadas en la próxima legislatura, aún se está trabajando.
Agregó que las solicitudes de cambio que se harán van en línea con lo que ya ha propuesto la bancada pero con más modificaciones. La propuesta será enfocada en realizar modificaciones, no tanto ampliaciones de presupuesto, respondió Menkos.
Entre las modificaciones que quieren retomar es el incremento de presupuesto para mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación y de formación para el trabajo así como las asignaciones para mejorar la seguridad de las personas y sus bienes en todo el territorio, señaló el entrevistado, dijo el parlamentario electo. Añadió que se está trabajando en medidas que permitan mejorar la transparencia la rendición de cuentas y la buena gestión del gasto y la inversión pública.
“Desde el gobierno electo estamos completamente convencidos de que es posible conseguir que la Corte de Constitucionalidad elimine todos estos atropellos legales y conseguir en la nueva legislatura, las condiciones para la aprobación de cambios a este presupuesto que nos van a permitir conseguir las metas que hemos ofrecido en la sociedad para el año 2024”, comentó Menkos.
Recordó que el presidente de la República electo, Bernardo Arévalo, también le envió una carta al presidente Giammattei en la que le pidió que lo vetara y le explicó las graves violaciones al marco legal, e irregularidades que contiene este decreto y que van a afectar la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico en el 2024
Menkos expuso que ese presupuesto contiene disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias, principalmente la Ley del Organismo Ejecutivo, las leyes orgánicas del presupuesto, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), del Banco de Guatemala (Banguat) y la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras.
En la carta que Arévalo le envió al mandatario actual, le expuso que “este presupuesto contiene diversas normas que constituyen un abuso de la facultad legislativa para modificar el presupuesto por parte del Organismo Ejecutivo”, indicó Menkos al explicar que esto en particular en los artículos 56 y 69 del decreto aprobado.
Estos atentan contra el mandato que el artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo “que asigna al Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado”, agregó.
Menkos expresó que adicional a las violaciones al marco legal que han explicado, el presupuesto que se aprobó “también contiene asignaciones presupuestarias cuestionables opacas y que inducen a la corrupción”.
De este señalamiento mencionó, por ejemplo, que se priorizaron asignaciones cuestionables de gasto de inversión pública a organizaciones no Gubernamentales (ONGs), también a algunas inversiones que carecen sentido estratégico que deben tener y el sentido de vincular la ejecución de inversión pública con la planificación.
El actual diputado electo, indicó que también hay “una reducción arbitraria” de las inversiones sociales con negativo en el bienestar y en el crecimiento económico, esto a pesar que los representantes de Semilla en las diferentes reuniones que se tuvieron con la Comisión de Finanzas del Congreso, y en el mensaje enviado a Giammattei, ambos organismos mantiene un presupuesto que reduce recursos para Salud Pública, Educación, Desarrollo Social y Gobernación.
Otro de los puntos que consideran muy delicado es una amenaza al pago oportuno de la deuda pública y al financiamiento de la inversión pública, lo cual podría afectar la calificación de riesgo país al dejar el presupuesto disposiciones que obligan al Organismo Ejecutivo a ir nuevamente al Congreso de la República “para pedir autorización cuando vaya a emitir, negociar y colocar bonos del Tesoro hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan a lo largo del 2024”, explicó Menkos.
Además de los expresado por el representante del gobierno electo para temas de finanzas y presupuesto estatal, diversas cámaras empresariales, centros de investigación y análisis y otros sectores rechazaron el contenido al presupuesto y pidieron públicamente al mandatario actual que lo vetara, pero contrario a ello, Giammattei decidió apoyar el decreto aprobado en el Congreso por medio de su facultad de sancionarlo.
Consultado al respecto de más detalles sobre la propuesta que presentarán a la nueva legislatura, el diputado Pérez, refirió que en este momento no está participando en la preparación de dicha iniciativa con el equipo, pero que los parlamentarios presentaron varias sugerencias y enmiendas en la Comisión de Finanzas para que se incluyeran en el dictamen.
Entre estas se referían a la inclusión de mecanismos de transparencia, un mecanismo de coordinación para ejecutar los préstamos que llevan prácticamente cero de ejecución desde que se aprobaron en este gobierno, también un mecanismo de compras internacionales para bajar el precio de los insumos que se requieren para construcción, insumos para hospitales, medicinas, entre otras cosas. Además, el registro de beneficiarios para homologar la política social y que no sea clientelar, dijo al mencionar algunas ya que eran alrededor de 160 enmiendas, según indicó.
Además corregir el destino de recursos que le habían quitado en el presupuesto aprobado a algunas entidades, entre estos Q325 millones al Ministerio de Gobernación que era para los programas de seguridad ciudadana y dignificación de la policía, también lo que le retiraron a salud y educación que fue dirigido para el MP y la Usac, agregó.
Sin duda esas seguramente van a ser incluidas en una propuesta de readecuación si esa sería finalmente la ruta” dijo el diputado indicando que aún se debe estar pendientes delo que se resuelva de las acciones que se presenten en la Corte de Constitucionalidad.
