Con unas obras de construcción del muro en la frontera entre México y Brownsville (Texas) de fondo, Abbott firmó hoy un paquete de tres leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de la Legislatura en respuesta a lo que considera una política de “fronteras abiertas” del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Considerada una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense, la SB4 convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Y lo más polémico, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México.
“La meta de esta ley es parar la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, dijo el gobernador al firmar la ley, y destacó que durante el Gobierno de Biden, iniciado en enero de 2021, han pasado la frontera más de ocho millones de migrantes.
Ante las preocupaciones de activistas que argumentan que la ley propicia el perfilado racial hacia inmigrantes que residen en el estado, entre otros resultados negativos, Abbot advirtió que la aplicación de esta ley “se enfocará en la frontera”.
La medida se suma a otras que Abbott ha instrumentado como parte de su Operación Estrella Solitaria contra la inmigración irregular, a la que han sido asignados US$9 mil 500 millones desde 2021 y que ha incluido la colocación de un cerco de alambre de púas y una barrera de boyas en el fronterizo Río Grande (Río Bravo en México).
Abbott también firmó otros dos proyectos de ley, incluyendo la SB3, que asigna US$1 mil 540 millones adicionales para la construcción del muro fronterizo y el financiamiento de operaciones de seguridad en la región, incluyendo fondos a los departamentos de policía para implementar la SB4.
Otra ley firmada por el gobernador crea una pena mínima de 10 años para personas encontradas culpables de tráfico de migrantes.
Asimismo, Abbott se despachó contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que la frontera es de dos sentidos y que su Gobierno había podido “parar todo esto”.
Calificó de “reprobable” la política de López Obrador al exponer a los migrantes a torturas, violaciones y la muerte.
Pese al exorbitante costo de su política migratoria, las medidas le han permitido a Abbott, quien ha sido gobernador desde 2015, consolidar su poder en el estado al pasar por encima de las objeciones demócratas, promover su agenda antiinmigrante a nivel nacional y desafiar al Gobierno del presidente Biden, a quien culpa de la inmigración ilegal por su supuesta política de “fronteras abiertas”.
Abbott enfrenta la perspectiva de que las nuevas leyes, en especial la SB4, sean impugnadas por el Gobierno federal o por grupos proinmigrantes, entre ellos la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que ya han anunciado su intención de ir a las cortes.
Las nuevas disposiciones pueden generar también el rechazo de un sector de los aproximadamente 12 millones de hispanos de Texas, que constituyen el mayor grupo demográfico del estado con 40,2 % de los alrededor de 30 millones de habitantes.
