Hasta la noche del 31 de diciembre, cuando concluye el año fiscal, la CC no dio a conocer resolución alguna, en definitiva, en cuanto a la suspensión temporal que emitió por un amparo el pasado 15 de diciembre, por lo que los montos de asignaciones y las normativas -administrativas y operativas- que acompañan en ley se estarán realizando con las realizadas en 2023, y sobre todo que serán ejecutadas por las nuevas autoridades de gobierno que asumirán en 13 días.
Precedente
Por primera no cobrará vigencia un instrumento presupuestario estatal aprobado por el Legislativo y publicado en el Diario de Centro América, pero quedó interrumpido de manera temporal por la máxima autoridad constitucional, lo que generó un clima de incertidumbre para las instituciones que reciben fondos públicos sobre que previsión trabajar, así como legal a pocos días de concluir el recién pasado año fiscal.
Se le conoce como apertura del presupuesto a que todo el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf), en la cual se hace bajo un monto que brinda la certeza para operarlo desde el punto de vista de ingresos y gastos, que cuenta con un máximo nivel de detalle que consiste en miles de miles de partidas y renglones por cada institución, que en este caso se realizará con las cifras establecidas en el decreto 54-2024.
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Además, se agrega las ampliaciones de gasto que aprobó el Legislativo para el subsidio a la tarifa social de energía, gas propano de licuado y para el programa de Adulto Mayor.
Este martes por ser asueto oficial en el sector público, la apertura del presupuesto se realizará mañana miércoles 3 de enero y el Siaf trabajará con las cifras del 2023 ya que se tendrán que realizar los primeros registros y computarlos, insistieron las autoridades.
El único precedente al respecto se tiene para el 2020 -primer año de gobierno de la administración del presidente Alejandro Giammattei- en la cual el Congreso aprobó un nuevo presupuesto para el 2021, pero días después de ratificar los diputados mismos ordenaron archivarlo.
¿Cómo queda la apertura?
Prensa Libre entrevistó a Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, quien explicó que es algo que nunca había ocurrido, en el sentido que había un presupuesto aprobado por el Congreso para un siguiente año fiscal, pero que por un amparo provisional quedó suspendido temporalmente por la CC.
Aclaró que se estuvo esperando “lo que sucediera hasta la noche del 31 de diciembre, para conocer alguna resolución y como Finanzas se trabajó con dos escenarios: uno con el decreto 54-2022 -que es el vigente- y la otra opción, se conocería alguna resolución definitiva para que se le diera vida legal al presupuesto aprobado -decreto 18-2023- pero que hasta este momento no habido ninguna resolución en definitiva”.
Entonces, aseveró, que hasta este momento estaría entrando en vigor el presupuesto modificado por el Congreso y aprobado para el ejercicio 2023, y que corresponde al decreto 54-2022. En el caso, que, si hubiera existido una resolución en definitiva por la CC, el presupuesto aprobado y la apertura sería de Q124 mil 879 millones.
¿Cuáles son las cifras?
La apertura del presupuesto será de Q116 mil 130.6 millones -ya cargado en el sistema-, y según el ministro al no haber ninguna resolución definitiva por la CC, así como en función del Artículo 171 de la Constitución así se estaría abriendo el ejercicio fiscal para ejecutar en 2024:
- El presupuesto original aprobado: Q115 mil 443.7 millones
- Total, de ampliaciones presupuestarias aprobado: Q686 millones
En las ampliaciones del presupuesto que legalizó el Congreso en 2023 y quedaran vigentes fueron:
- Subsidio a la energía eléctrica usuarios de la tarifa social: Q197 millones
- Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano: Q150 millones
- Ampliación para mayor cobertura del Programa Adulto Mayor: Q339 millones
Eso significa que serán espacios presupuestarios disponibles en los cuales podrán maniobrar las futuras autoridades para hacer reorientaciones a sus planes o prioridades, ya que cobran vigencia por ser ampliaciones bajo decreto.
¿Qué implicaciones tiene?
Mañana que es el primer día hábil del Ejecutivo, habrá y registrar las primeras asignaciones de gasto público, sobre todo para los fondos rotativos para los Ministerio de Salud y Educación, los pagos de servicios, y se tiene que asignar un presupuesto.
Martínez Cameros, también reveló cuáles serán las implicaciones, y expresó que, para todas las instituciones del sector público, es que cuentan con el mismo techo de presupuesto de financiamiento e ingresos que es el mismo monto del año pasado, por lo que no hay ningún cambio sustancial.
“Se arranca el presupuesto de la misma forma que ocurrió en el 2023, ahora con la diferencia de las tres ampliaciones” precisó el funcionario.
Para los temas de inversión, implicará que se tendrá que hacer una reprogramación de obras, ya que las obras que están en el presupuesto 2023, buena parte de estas ya fueron ejecutadas, y otras cuentan con un avance físico elevado, y cada institución que tiene a su cargo realizar inversión pública tiene que programar las obras, y existe un procedimiento legal a seguir en esa reprogramación.
El ministro apuntó, que más que técnico en esta situación del inicio del gasto 2024, es más legal.
Lo que viene
Una vez la apertura del presupuesto 2024, el ministro comentó que las medidas de readecuaciones y decisiones presupuestarias que se pueda adoptar, ya sería del nuevo gobierno -del presidente electo Bernardo Arévalo- y en caso de la actual administración de esa cartera, no se dejará algo adelantado “sino que ellos en su plan de trabajo puedan tomar las decisiones y los ajustes que consideren presupuestarios, que también les tocará hacerlos en función de lo que la ley vigente les indica”.
Irreversibles cambios
Para Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la situación actual del presupuesto 2024, como producto del otorgamiento del amparo provisional de la CC es un poco incierta, dado a que este ente aún debe emitir una sentencia, la que puede confirmar o rechazar en definitiva el amparo, lo que ocasiona, conforme las diferentes visiones jurídicas, incertidumbre sobre la operativa que debiera seguir la cartera del Tesoro.
Explicó que, según el Icefi, si la CC no emite sentencia -en definitiva- antes del 1 de enero, y siguiendo las disposiciones de la CC y la Ley Orgánica del Presupuesto, debiera entrar en vigor operativa, dado a que Finanzas debe estar listo para iniciar el año, el presupuesto 2023, y empezar a funcionar de esa forma.
Pero si la sentencia de la CC es posterior al 1 de enero, crea una laguna, ya que operativamente el Minfin, ya habría iniciado funciones, como corresponde, con lo planificado para 2023 “y se volvería un caos replantear nuevamente la situación sobre la marcha”, por una acción tardía de la CC, especificó el analista.
Al entender del Icefi, lo mejor es que la CC emita una sentencia que confirme el amparo y se considere ilegal el procedimiento de aprobación del presupuesto 2024, lo que además de darle una mayor certeza al trabajo del Minfin, haría más transparente, más ágil y apropiado el presupuesto para el nuevo Gobierno.
Para el exministro de Finanzas, Alfredo del Cid Pinillos, en términos generales, las instituciones de Gobierno Central, como entidades autónomas, oenegés y fundaciones que habían tenido incrementos para el 2024, ahora tendrán que manejar sus planes al presupuesto 2023 y hacer su plan simultáneamente al presupuesto 2024, es decir tener listo cualquiera de los dos, lo cual genera incertidumbre por el cambio de Gobierno, “y la CC le deja un gran problema a un nuevo gobierno que le tomará tiempo ajustarlo a sus planes”.
El politólogo independiente Douglas González, recordó que el presupuesto aprobado por el Congreso para el ejercicio fiscal 2024 que se encuentra suspendido por la CC, desde antes de su aprobación, diferentes organizaciones y analistas hicieron ver que se adolecía de inconstitucionalidades y de rigor técnico.
Las medidas urgentes
Los especialistas consultados también trazaron a consideración una hoja de ruta de medidas urgentes que el Gobierno que asumirá a mediados de mes debe poner práctica desde el punto de vista presupuestario:
- Ajustar su plan de gobierno a las asignaciones aprobadas, y dar a conocer los ajustes efectuados para que la población no genere expectativas hacia programas y proyectos que no podrán ejecutarse.
- Revisión inmediata de la relación insumo-producto de todos los Ministerios y Secretarías para la identificación de los resultados y productos que se ofrecen a la población, con respecto a los montos asignados. En forma simultánea, y luego de la revisión, eliminación de todos los programas que no ofrezcan resultados o productos de interés para la población, lo que incluye pagos extraordinarios a funcionarios y otros.
- Evaluación inmediata de todos los procesos de contratación de personal en los renglones 022, 029 y similares, para verificar la pertinencia de la aprobación y establecer, en el evento que no se pueda eliminar de forma inmediata la verificación de resultados y productos para su evaluación posterior.
- Revisión de las últimas decisiones del actual Gobierno tendientes a poner una carga sobre la caja: como plazas, guardaespaldas para funcionarios y procesos de licitación en marcha.
- Crear un decreto presupuestario 2024 de ajuste de manera urgente para que no se afecte la prestación de servicios públicos en perjuicio de la población; así como realizar las transferencias necesarias para acomodar los recursos disponibles a las disposiciones de política del nuevo gobierno.
- Definir las prioridades de inversión sobre los recursos que queden en saldos se caja que serán de Q8 mil millones y con ello se podrían apalancar programas con un potencial alto impacto para que el Gobierno pueda presentar resultados lo más pronto posible. Con ese saldo de caja incrementar las asignaciones reducidas en 2023 de las entidades que brinden servicios necesarios a la población, como es caso los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, municipalidades entre otros, o solicitar una ampliación del presupuesto 2024.
- Dictaminar normas estrictas de transparencia, calidad del gasto, combate a la corrupción y austeridad con miras a cerrar los flujos que drenan los recursos del Estado.
- Revisión de las metas de la SAT para acomodarlas al valor efectivo de recaudación y no a lo considerado estrictamente en el presupuesto, dado a que, durante los últimos cuatro años, las metas han estado subestimadas, lo que limita la acción del Estado por falta de una planificación apropiada de los ingresos.
- Convocar para generar un gran acuerdo nacional a las posibilidades reales de ejecución de los principales programa y proyectos debidamente priorizados y de impacto, en beneficio de la población guatemalteca.
