Varios analistas políticos y conocedores de asuntos judiciales señalaron desde el martes su extrañeza porque el presidente Jimmy Morales, al declarar unilateralmente terminado el trabajo de la Cicig, y a pesar de haber asegurado que continuarían los casos actualmente en proceso, se haya abstenido de señalar cómo sería esto si los representantes de esa entidad no podían presentarse a los juicios como resultado del ambiente hostil en su contra.

Ayer eso quedó aclarado cuando una representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la exclusión de la Cicig en el caso contra el exalcalde de Antigua Guatemala procesado por corrupción, a quien le fue permitido el arresto domiciliario. En otros dos juicios, abogados presentaron solicitudes similares. No obstante, el procurador general de la Nación declaró que no existía ninguna instrucción desde su oficina para excluir a la Comisión, cuyo cese anticipado frenó el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia admitía para su trámite la eliminación del derecho de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad incómodos para el Ejecutivo, precisamente por haber otorgado el amparo que frenó la expulsión de la Cicig y que fue promovido por autodenominados dignatarios de la Nación afines al gobierno de Jimmy Morales.

Para los ciudadanos interesados en conocer qué va a pasar, todas estas acciones contribuyen a oscurecer el panorama, no solo político, sino económico, dado que la calificadora internacional Moody’s le dio una connotación negativa a la medida presidencial de expulsar a la comisión anticorrupción.

Para terminar de complicar el cuadro se informó que será el comisionado Iván Velásquez quien decidirá cómo actuará la entidad a su cargo, en vista de que la posición oficial de la ONU indica que la Cicig terminará sus funciones en septiembre, como se acordó cuando el propio presidente Jimmy Morales pidió la extensión del mandato en 2016.

Es evidente que el país se encuentra en un embrollo no solo complicado, sino peligroso. La Corte Suprema de Justicia, si bien rechazó otras acciones promovidas contra magistrados de la CC, aceptó una cuyo fondo no difiere y que representa un enorme conflicto de interés, así como un entuerto legal sin precedentes, ya que el tribunal constitucional es la cumbre legal del país, por lo cual la CSJ, por su propia naturaleza, no tiene el nivel necesario para atentar contra ella e incluso estaría incurriendo en el mismo delito por el cual avala el antejuicio.

A este respecto también cabe mencionar que la CC, durante su historia, ha tomado decisiones causantes de extrañeza y de rechazo. Al ser su tarea interpretar la Constitución, es evidente que se trata de criterios jurídico-políticos o político-jurídicos, según se le quiera ver.

Lo más cuestionable de todo es que ahora el proceso pasa a un Congreso cuestionado, en el cual el oficialismo y grupúsculos allegados buscan frenar las acciones anticorrupción y cobrarles las cuentas a magistrados incómodos, precisamente en el año en que se elige una Corte Suprema de Justicia, tarea ligada a los diputados, cuyo conflicto de interés también es evidente.