Dos ejemplos: reducir la tasa de criminalidad de 17 a 12 por cada 100 mil habitantes y construir al menos cuatro cárceles más en el país.
Las metas que se propuso el gobierno de Giammattei, según la política general de gobierno 2020-2024 fueron reducir para el 2023 el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales, la tasa de homicidios en 8.8 puntos porcentuales e incrementar en cuatro el número de centros penitenciarios.
Además, conformar 340 organizaciones comunitarias de prevención, contar con un sistema de inteligencia reformado e incrementar en 5 mil el número de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La tasa, según datos preliminares, terminaría en 16.7 en 2023, y solo lograron gestionar una prisión de máxima seguridad en Escuintla, que hasta ahora solo se ha ejecutado los estudios de diseño.
La organización comunitaria fue utilizada con fines políticos electorales, el sistema de inteligencia no mostró avances significativos y el número de agentes de la PNC quedó en los 42 mil agentes, cifra que se arrastra desde 2018.
Giammattei prometió desaparecer la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS), la institución que tiene por mandato dar seguridad y apoyo logístico al presidente y vicepresidente, con el argumento de que era un nicho de corrupción para satisfacer caprichos de los gobernantes. No lo hizo.
Walter Menchú del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien), asegura que este gobierno entrega “igual o peor el país en materia de seguridad, porque las metas que se habían propuesto hacia la baja de homicidios, por ejemplo, no las cumplieron”.
“El balance que le espera al Gobierno entrante en relación con la violencia homicida es fortalecer la investigación criminal y la inteligencia civil para prevenir los delitos”, explica Menchú.
El doctor en criminología y analista independiente, Federico Reyes, opina que este gobierno “trató de mantener una línea de mando a nivel policial, a pesar de los constantes cambios a escala de la dirección del Ministerio de Gobernación, lo cual siempre genera inestabilidad y desconfianza a todo nivel”.
Durante el gobierno de Giammattei ha habido cinco ministros de Gobernación. El primero fue Edgar Leonel Godoy Samayoa, luego Oliverio García Rodas, Gendri Reyes, Napoleón Barrientos y Byron Bor, que funge en la actualidad.
Godoy Samayoa estuvo al frente del 14 de enero al 4 de junio de 2020. García Rodas del 5 de junio al 3 de noviembre de 2020. Reyes ocupó el puesto entre 19 de noviembre de 2020 y 25 de enero de 2022. Barrientos del 26 de enero de 2022 al 16 de octubre de 2023.
El analista en temas de seguridad, y exministro de Gobernación, Francisco Rivas, cree que “en general el gobierno saliente quedará en deuda con la población guatemalteca en materia de seguridad, porque nunca fue una prioridad para las autoridades el combate a la delincuencia común y organizada”.
“Los crímenes comunes como robos, asaltos y hurtos están afectando a la población y la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico, se alió con los gobernantes con el fin de operar impunemente en el país”, asegura Rivas.
Según el especialista “la población guatemalteca ha perdido la confianza en el Ministerio Público, en los Tribunales y en la PNC. Ese es el legado que este gobierno le deja al país en materia de seguridad y justicia”.
La cifras preliminares que maneja el Cien es que de enero a noviembre de 2023 ocurrieron 2 mil 940 homicidios lo cual deja una tasa de 16.7 por cada 100 mil habitantes. 4 puntos arriba de lo que ofreció el gobierno de Giammattei.
El talón de Aquiles, según Menchú, fue el incremento en el robo de vehículos, que de enero a noviembre de 2023 cerró con 2 mil 140; robo de motocicletas, 5 mil 100 y las extorsiones que alcanzaron las 18 mil.
Estas cifras se mantuvieron en promedio desde 2020 a la fecha, según el especialista.
“El indicador de la tasa de homicidios es comparable a nivel internacional pues mucho de ese delito también está vinculado con otros, por ejemplo, el robos de vehículos, que son quizás los más frecuentes y menos denunciados”, explica Menchú.
Agrega que “en algunos casos terminan en acciones violentas o extorsiones, por ejemplo. Amenazas extorsivas que los delincuentes las cumplen y terminan con una víctima de homicidio”. Poco se ha desarticulado a estas redes criminales, opina el experto.
Menchú cree que el control de los centros penitenciarios, como en los últimos 15 años, no se le prestó la atención debida. “No hubo vigilancia para evitar la comunicación que existe en las cárceles”, asegura.
El exjefe del Interior, Francisco Rivas, considera que existe una percepción negativa de las autoridades encargadas de la seguridad.
“Existe una falta de coordinación interinstitucional, falta de trabajo conjunto con autoridades internacionales, no existen esfuerzos con países vecinos para prevenir y combatir el narcotráfico”, refiere.
Lo más dramático, expresa, es que “hay menos decomisos de drogas, incautaciones de dinero producto del narcotráfico, menos detenciones con fines de extradición y a nivel local prácticamente no existe un Ministerio Público (MP) que investigue al crimen organizado”.
Como consecuencia, revela Rivas, “no existen procesos judiciales, mucho menos sentencias en contra de homicidas, extorsionistas, lavadores de dinero, tratantes ni secuestradores”. Puntualiza: “Es una total impunidad para el crimen”.
“Todos esto afecta a la población guatemalteca, que ha perdido la confianza en el MP en los tribunales y la PNC. Es el legado que este gobierno le deja al país en materia de seguridad y justicia”, refirió.
El doctor de criminología, Federico Reyes, cree que la lucha contra el narcotráfico, según estadísticas, decreció en capturas y lo relacionado con lo relacionado con pistas clandestinas.
“Sin duda, el quinto viceministerio del Mingob, que ve temas de narcotráfico, y las distintas direcciones y divisiones policiales han estado presentes, aunque por la precariedad y poca presencia en lugares remotos, se desconoce el involucramiento de las fuerzas policiales “, dice.
Las sombras de este gobierno en materia de seguridad, comenta Reyes, es la poca especialización de las fuerzas policiales a nivel general, la politización como suele ocurrir durante las expresiones ciudadanas de descontento y derecho a manifestar, la impotencia en áreas dominadas por el narcotráfico, especialmente, puntos fronterizos, de poder contener ataques directos hacia las fuerzas policiales y por ende a los pobladores.
Los retos
Para Menchú del Cien un reto deberá ser “fortalecer el tema de la investigación criminal y la inteligencia civil para prevenir los delitos. Mientras que Reyes considera que el Mingob enfrentará grandes desafíos en temas de tecnificación, humanización del recurso disponible y, sobre todo, impulsar el respeto, gobernanzay gobernabilidad a nivel general, no solamente a nivel urbano, que es donde más se pone énfasis, generalmente”.
Reyes agrega que se debe “priorizar la prevención de la violencia y el delito, realizar consciencia para el uso de la fuerza letal, la tecnificación en tiempos modernos de tecnología de punta y sobre todo, la credibilidad ante la población”. En esto coincide Rivas, quien asegura que ha sido minado en los últimos dos gobiernos.
Postura oficial
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó sobre la reducción de la incidencia criminal y narcotráfico durante este gobierno. Según ellos, las estrategias de seguridad lideradas por el Mingob “consolidaron resultados importantes en la lucha contra la delincuencia común, narcotráfico y el crimen organizando, reflejando un logro sin precedentes en la construcción de entornos seguros para la ciudadanía”.
Desde 2019 hasta 2023, se ha registrado una significativa reducción de 7.5 puntos en la tasa de incidencia criminal y una disminución de 4.9 en la tasa de homicidios, citan.
El informe oficial detalla que en el actual período gubernamental “121 municipios han experimentado un año completo sin registrar homicidios”.
“La lucha frontal contra el narcotráfico ha generado fuertes golpes, con el decomiso de Q540 millones 346 mil 519.33. Estas acciones incluyen la confiscación de drogas, bienes y dinero en efectivo pertenecientes a organizaciones criminales”, publican.
“Durante 2023, se localizaron cuatro aeronaves ilegales, consolidando una reducción del 90.25 por ciento, en comparación con las 41 que ingresaron ilegalmente al país en 2020. Además, solo el año pasado se capturó a 23 extraditables y se extraditaron 33 en el 2023”, agregan.
