Mientras que el Ministerio Público (MP), según la oficina de información y prensa, recibió 35 mil 112 denuncias de extorsiones entre 2020 y 2023. Del 2019 dijeron que enviarían el dato posteriormente.
En ambas instituciones las querellas por casos de extorsión fueron al alza desde antes de que iniciara la gestión Alejandro Giammattei.
Durante el primer año de pandemia, y por las restricciones de movilización, los hechos disminuyeron, no obstante, en 2021 la tendencia comenzó a incrementar hasta llegar a más de 18 mil en 2023.
De acuerdo con cifras de un tanque pensamiento consultado, durante el año pasado fueron 50 denuncias diarias las que se interpusieron en la PNC sobre casos de extorsión.
Al final del mandato de Giammattei, y los cinco ministros de Gobernación que hubo, las cifras superan al 2019, el último año de Jimmy Morales en más de 4 mil denuncias, según los datos de la PNC.
En el 2023, en Guatemala, son los municipios de Villa Nueva, Amatitlán y Mixco, los que más sufren por este flagelo, además de la cabecera de Escuintla y el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.
El Ministerio Público (MP) señala que en promedio ingresan 900 denuncias al mes, mientras los datos de la PNC las duplican. El argumento del ente pesquisidor es que se hace una depuración para establecer si son denuncias reales.
Este delito, según la PNC, ha logrado establecer patrones de cobro. Por ejemplo, en enero ya se habla de “bono escolar”; en marzo o abril, “bono para el pescado”, en julio, “bono 14”, y al fin de año, “el aguinaldo”.
Durante esas fechas las denuncias en el MP sobrepasan las mil 100 y en la PNC el doble, como es la tendencia.
Los grupos criminales
Las autoridades aseguran que las dos pandillas que operan en territorio nacional, y con violencia homicida, son el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13).
Sostienen que al grupo al que llaman imitadores (que se hacen pasar por pandilleros), no consuman crímenes, pero de igual manera incrementan las cifras y causan zozobra en la población.
De acuerdo con Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien), en el 2023 hubo un considerable aumento en las denuncias de extorsiones en el país.
“Fueron 18 mil 100 denuncias, que hace una tasa de 102.8 por cada 100 mil habitantes en todo el territorio nacional”, explica Menchú.
En promedio, asegura el especialista, “se denunciaron 50 extorsiones diarias en el 2023”.
Esto, de acuerdo con los datos históricos, superó a lo que ocurrió en el 2022, que fueron 14 mil 725 denuncias. “Entre el 2022 y el 2023 fueron 3 mil 370 denuncias más y la tasa aumentó 18 puntos, de 85 a casi 103”, argumenta Menchú.
Las denuncias de extorsiones se mantuvieron a los niveles prepandemia de covid-19. Por ejemplo, el último año de gobierno de Jimmy Morales la cantidad de denuncias fue de 14 mil 714.
En el inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, en el 2020, y que tuvo al final cinco ministros de Gobernación, las denuncias fueron 13 mil 031 y un año después aumentaron a 13 mil 290.
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Qué hacer
La fiscalía contra las extorsiones del MP, que recibe las denuncias y operativiza las acciones para arrestar a los delincuentes, maneja información que el Barrio 18 cobra una “renta” y la MS13 otra, pero ambas usan la violencia para ejercer presión de pago.
Las denuncias que han ingresado en el MP mensualmente revelan que las víctimas pagan cuotas entre los Q500 y Q2 mil 500, pero los “bonos especiales” podría llegar a los Q10 mil.
Según el MP, todo esto varía de acuerdo con el grupo criminal que lo cobre y de acuerdo con la capacidad de las víctimas.
Las investigaciones de la división antipandillas de la PNC demuestran que el 85% de las llamadas en las que exigen la extorsión son de imitadores. El otro 15% las cometen pandilleros del Barrio 18 y la MS13 y usan violencia para lograrlo.
El director de la PNC, David Boteo, expresa que los criminales “extorsionan desde las cárceles y ordenan ataques armados. Es por ello, dice, que se debe invertir en más tecnología en los centros carcelarios para evitar estos hechos”.
Para este año, asegura, será una lucha constante entre la PNC, el MP, el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario, las empresas de telefonía y otras instituciones cuyo fin será contrarrestar este flagelo.
Para el doctor en criminología por la universidad de Glaslow, Federico Reyes, las extorsiones, como se le denomina, ya es un delito generalizado en el país y no es un fenómeno como solía llamársele, que pudo haber aparecido en momentos coyunturales, realcionados a crisis económica, desempleo, pobreza, corrupción, modus vivendi y últimamente negocio de grandes dividendos”.
“Las extorsiones barriales han sido abordadas por la PNC en infinidad de casos, desarticulan bandas pequeñas, algunas con nexos con privados de libertad, que hacen de esto, negocio rentable y constante”, dice Reyes.
Y puntualiza: “El resultado de pérdidas humanas es tremendo, casi igual o peor que el costo financiero”.
“Este se ha relacionado con los privados de libertad, la corrupción del sistema penitenciario, especialmente y la debilidad del sistema de justicia, que permite que sigan operando con total impunidad”.
Reyes explica que “las estadísticas muestran que a nivel general donde las denuncias ante PNC y MP son interpuestas, en especial el departamento de Guatemala y sur occidente del país, existen diagnósticos que han tratado de dar respuesta a la razón o razones de por que se dan”.
“Estos muestran, seguramente, que relación por lo centralizado de las ciudades, municipios con ingreso financiero relativamente estable, ausencia de cobertura policial, debilidad en el análisis de las causas, no los efectos que son evidentes y finalmente en las distintas mutaciones y transformaciones”, argumenta Reyes.
Reyes no duda de que los análisis realizados “tengan datos interesantes, áreas de acción, horarios de operar, individualización de grupos delincuenciales, sobrenombres, lenguaje utilizado, para citar algunos, pero esto no debería de quedarse como información de primera mano”.
Puntualiza que esto debiera de ser “contrastado con información en campo, que no dudo que es recopilada, solamente que esto es un esfuerzo descomunal, anticiparse a acciones, horarios, montos pactados, involucramiento del sistema bancario, muchas veces no se menciona esto, por obvias razones, pero es vital que se aborde manera integral”.
“De nada sirve saber cómo operan, las áreas, lenguaje utilizado y hacia donde se canalizan los fondos, si no se interpreta integralmente el posible uso al dinero recaudado”, refiere Reyes.
Añade que “se desvanece muchas veces en tantos niveles que hay que cubrir, sigue siendo un delito altamente rentable, las áreas geográficas que se mencionan, son de poder adquisitivo alto y medio, el acceso a carreteras, caminos vecinales accesibles, agencias bancarias pequeñas en áreas comerciales, hace que el flujo de fondos, se note o esconda como llevar a cabo transacciones comerciales normales”.
“El reto de las autoridades, además de la buena voluntad y disposición, descansará en la formación del recurso humano, destinar fondos económicos para su abordaje, tecnología de punta para analizar e interpretar datos”, expresa.
Además, “conjugar la teoría con la práctica dentro y fuera de los centros de privación de libertad, analizar perfiles criminales, diagnóstico real del personal policial casi individualizado y sobre todo, trabajar conjuntamente a nivel de comisaria hasta sub estación policial, para que la información fluya y sea útil, sino, será otro esfuerzo sin visión”, opina.
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