La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió sin lugar la solicitud de medidas sustitutiva planteada por la defensa de Pérez Borja y Marroquín, por lo que ambos deben continuar en prisión preventiva mientras el juicio sigue su rumbo.
En audiencia de revisión de medidas de coerción, los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados salieran de prisión preventiva y se les concediera arresto domiciliario.
En el caso de Luis Armando Pérez Borja, quien fungía como subcomisario de la PNC cuando ocurrieron los hechos, la defensa argumentó que en materia penal se ha sobrepasado el tiempo en prisión preventiva y solicitó arresto domiciliario; además, indicó que no cuenta con los recursos económicos y que se le inhiba de una caución económica.
Por su parte, la defensa de Lucinda Eva Marroquín, quien era subinspectora de la PNC, también solicitó el arresto domiciliario y someterse al control telemático.
El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó el 10 de enero pasado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, siete años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.
Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una de las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.
En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.
Los hechos
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.
Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.
Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.
