“En el caso del sector de productos químicos, una empresa podría perder un ingreso del 20% al 30% a causa de las demoras en los trámites. Estas gestiones las realizan, principalmente, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)”, señala el ejecutivo.
Este no es un caso aislado. Las empresas en Guatemala, como la del ejemplo, se pueden enfrentar a cuatro trámites recurrentes para operar en el país, los cuales deben resolver en la cartera Salud: primero, solicitud de licencia sanitaria; segundo, inscripción de empresas que se dedican a actividades relacionadas con estupefacientes, sicotrópicos precursores y sustancias químicas; tercero, previsión de cuota anual de materia prima de estupefacientes, sicotrópicos, precursores y sustancias químicas y, luego, certificados, tanto de importación como exportación.
“Otro caso relacionado con las importaciones, cuando se compra un producto y se ingresa al país, es necesario tener el permiso antes de comercializarlo. A través de cuotas, ellos —Ministerio de Salud— notifican la cantidad que se puede vender de un producto; por ejemplo, 200 toneladas de ácido sulfúrico en un año. Entonces, si su necesidad comercial se incrementa, se tiene que hacer otro trámite adicional para pedir el aumento de la cuota, y esto complica más la cosa”, explica Valenzuela. Además, considera que este tipo de trámite, que genera pérdidas en cuanto al potencial de ventas, también limita el crecimiento de las empresas que pertenecen a este sector.
Avalancha de trámites
Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), los trámites que más demanda la industria productiva se centran en cuatro ministerios. El primero es el Ministerio de Salud, que lidera la lista con 31 gestiones, entre las que se encuentran el registro sanitario de alimentos, licencia sanitaria, certificado de libre venta, registro sanitario de medicamentos nuevo y renovación, entre otros. Le sigue el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) con 12 trámites, como el certificado fitosanitario de importación, el registro nuevo y renovación de funcionamiento, así como la licencia o prórroga de acuicultura comercial. Luego, el Ministerio de Economía (Mineco), con tres diligencias, que serían la calificación 29-89, el registro de marcas y el registro mercantil. Por último, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) con el trámite para la solicitud de licencia ambiental.
Ana Lucía Contreras, responsable de Agexport Consulting Group, identifica que las gestiones en el Ministerio de Salud son las más costosas. Por otro lado, los trámites en el Ministerio de Agricultura son los más tardados, como el registro de insumos agrícolas, que asegura puede durar hasta un año. “Los trámites que se realizan hoy en el Ministerio de Salud se tardan mucho, por la forma en que se están analizando, porque hay poco personal y porque siguen pidiendo documentos físicos. Creemos que para mejorar los tiempos es necesario fortalecer la cartera con la automatización y simplificación de procesos”, agrega.
En cuanto a Agricultura, durante su experiencia como asesora, identifica que esa cartera es clave para los registros de agroinsumos y de agroquímicos, gestiones que los inversionistas están requiriendo para instalarse en el país y comenzar operaciones.
A pesar de que identifica un avance en la reducción de los trámites de dicho Ministerio, que logró un salto de 234 a 130 gestiones totales, tomando en cuenta todos los trámites, este esfuerzo no es suficiente, porque aún persiste la lentitud para resolverlos. Ese es un factor que no solo perjudica al empresario local, también al extranjero, puesto que puede ser un desincentivo para que nuevas operaciones se instalen.
“Es un impacto que nos va a afectar negativamente en la generación de empleo, es decir, en la creación de oportunidades en el país. Los inversionistas buscarán otras opciones para poder a instalarse en los países que les ofrezcan mejores condiciones y mayor facilidad en tiempos para obtener los trámites” añade.
Restituir viceministerio
Los viceministerios que regulan al sector privado son claves para la competitividad. El miércoles 20 de septiembre del 2023 se publicó el acuerdo gubernativo 217-2023 en el Diario de Centro América, que entró en vigor un día después, el jueves 21. Este acuerdo, firmado por el expresidente Alejandro Giammattei, indicaba la reestructuración en el Ministerio de Agricultura y con ello cambios a las plazas de viceministros, con la finalidad de fortalecer la cartera. Sin embargo, para Contreras esto fue todo lo contrario.
Parte de la reestructuración indicaba que el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (Visar) dejaría de tener esta jerarquía y pasaría a ser una dirección con dependencia del despacho del ministro, es decir, de menor rango. “Es importante a nivel jerarquía la importancia de las funciones que presta el Visar. Este se debe mantener como viceministerio y no como dependencia, porque lo que ocasiona es retroceder en el fortalecimiento institucional”.
Cabe mencionar que el Visar es el que efectúa los controles fitosanitarios y certifica el cumplimiento de la normativa internacional; por lo tanto, es reconocido como representante de país y juega el papel de la contraparte con las autoridades ante Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamérica, México y otros países, respecto de la atención de las inspecciones, los controles e información para mantener dichos mercados de los productos de exportación. Por ello, “el acuerdo va a limitar la representación internacional del Visar, eso genera un impacto negativo para los usuarios, que es la falta de certeza jurídica y el atraso en los tiempos de los trámites”, menciona Contreras.
Contreras destaca en materia de agilización de registros es importante eliminar el acuerdo gubernativo 217-2023 para regresar el Visar al Ministerio de Agricultura y fortalecer la institución, una tarea más para el gobierno de Arévalo. Además, se requiere de un nuevo acuerdo que restituye la estructura anterior, donde el viceministerio es clave en la comunicación con los departamentos de Agricultura de compradores como Estados Unidos y la Unión Europea.
Sobre el tema, Maynor Estrada Rosales, ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación informó que ya está el expediente para la Procuraduría General de la Nación para derogar un artículo y modificar otros cuatro que pretenden volver los nombres de los viceministerios a cómo están en su reglamento orgánico interno original, que es el acuerdo gubernativo 338-2010”.
“Las funciones del Visar nunca fueron suspendidas. Ahora lo que estamos haciendo es modificando todo lo que se había actuado y obviamente volviendo a la unidad en plenitud al acuerdo gubernativo 338-2010. El acuerdo gubernativo 217-2023 solo generó confusión y rechazo. Ellos (la anterior administración) no consideraron la opinión de las cámaras, ni de los sectores campesinos, pero por fortuna este cambio no se dio en su totalidad, solo modificaron los nombres y las funciones siguieron siendo las mismas” reafirmó.
Acelerar digitalización
La coordinación interinstitucional es el reto que, según Valenzuela, tiene el gobierno de Arévalo para lograr la agilización de trámites, especialmente entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, ya que cuentan con gestiones que se relacionan entre sí o una significa la primera etapa del otro.
En este contexto, el liderazgo del Ministerio de Economía es clave en la tarea de simplificación y digitalización en todas las dependencias.
Valenzuela también resalta la necesidad urgente de digitalizar los procesos y contar con un sistema electrónico para el control de estos. “Normalmente, estos permisos —previsión de cuota anual de materia prima— son bastante ágiles, pero el problema que hemos tenido es una resistencia de la institución —Ministerio de Salud— a los permisos electrónicos para trabajarlo en línea. Sería una gran ayuda realizar los trámites vía electrónica”, agrega Valenzuela.
Actualmente, según estadísticas del portal asisehace.gt, una herramienta desarrollada por el Ministerio de Economía a través del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), el Ministerio de Salud registra apenas seis trámites que se pueden realizar en línea, mientras que el Ministerio de Agricultura suma cuatro. Apenas el 5% del total de trámites se encuentra digitalizado.
En esta línea, para Contreras es vital “garantizar la efectiva aplicación de la ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, el decreto 5-2021, en todas las instituciones a cargo del Organismo Ejecutivo. También fortalecer la comunicación entre instituciones públicas para que no se dupliquen los requisitos que se piden”, así como establecer tiempos de respuesta para que los expedientes que se tramitan no se demoren.
Ana Isabel Antillón, líder de la Mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, coincide con Contreras y Valenzuela respecto de impulsar la simplificación de trámites y digitalización en dichos ministerios, pero resalta que para lograrlo se requiere de un factor clave: los recursos financieros. “Se necesita de un equipo técnico, de nuevas tecnologías y sobre todo que exista seguridad informática para todos los sistemas, eso requiere una inversión y de presupuesto” indica.
“Cada uno de los ministros que están asumiendo les corresponde revisar la asignación presupuestaria que tienen en cuanto a transformación digital e incluso eventualmente fortalecerla para tener mayor seguridad en las diferentes plataformas”, agrega Antillón.
Leslie Samayoa, exviceministra de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, defiende que durante la gestión que recién entrega se avanzó en el pago en línea, tanto en alimentos como en medicamentos. “Eso provocó que se disminuyeran los procesos, porque las personas ya no tenían que venir de Petén, San Marcos o Huehuetenango para realizar su pago”. Sin embargo, queda pendiente implementar que el pago de los trámites a cargo de la cartera sea por medio de tarjeta de crédito y débito, tarea que según Samayoa queda en manos de las nuevas autoridades.
También se deberá dar el seguimiento a la reforma del Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines (Acuerdo Gubernativo 712-99), con el fin de que “los tiempos de respuesta de los registros sean autorizados únicamente de manera documental y la vigilancia sea poscomercialización y se reduzcan los precios”.
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