En sus más de seis décadas de existencia, la Asociación Nacional de Municipalidades ya tendría que haber evolucionado de manera más proactiva, técnica e institucional, para constituirse en un verdadero foro de construcción de proyectos regionales para el desarrollo. Quizá este cambio requiera de una menor dependencia de egos y una mayor transparencia de sus fondos, las cuales se resiste a dar bajo el pretexto de que se trata de una entidad privada, no lucrativa. No obstante, recibe fondos públicos a través de los aportes de cada alcaldía, con lo cual se hace necesaria una rendición pública de cuentas.

Y si la entrada y egreso de fondos constituyen un aspecto ineludible de transparencia, más aún lo deben ser los mecanismos para la toma de decisiones, avales y nombramientos de puestos, que hasta ahora van irremisiblemente ligados al poder de turno. Las evidencias históricas muestran que la Anam se ha constituido en una especie de baza política con la cual buscan contar los mandatarios. De alguna forma se entiende este cortejo de apoyos locales para el Ejecutivo, pero su búsqueda se ha convertido en una tentación de clientelismo, codependencias y pactos de turno, lo cual llega a convertirse en un conflicto de interés.

Es curioso notar cómo diversas demarcaciones municipales defienden ciertas decisiones, como el inviable cobro de peaje en carreteras nacionales que cruzan su territorio, basándose en el principio de autonomía municipal. Sin embargo, a la hora de coaligarse con determinados oficialismos o al necesitarse la reparación de los mismos tramos, aducen que son obligación del Gobierno central. Algo similar ha llegado a ocurrir bajo ciertos liderazgos de la Anam, cuando un jefe edil designado como presidente de la entidad se sienta a negociar prebendas para su localidad, pero bajo la representación conferida por todos los otros alcaldes que lo han apoyado.

El fin de semana último, fue electo como presidente de la Anam el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien goza del beneplácito del actual presidente de la República. De hecho, hubo una reunión previa de los alcaldes en el Palacio Nacional de la Cultura, para presentarles los objetivos del gobierno que arrancó hace dos semanas. Es tan variopinta la gama partidaria y tan disímiles los intereses, que el aval de la Anam puede ser un arma de doble filo; por un lado, se puede aprovechar para priorizar proyectos de desarrollo y enfatizar requerimientos como la transparencia en los gastos. La historia muestra que a menudo priman intereses egolátricos y agendas cortoplacistas que más temprano que tarde deterioran la relación con las alcaldías.

A estas alturas de la historia, la Anam ya debería contar con alguna participación de los respectivos concejos o grupos de la sociedad civil, a fin de auditar los alcances de las decisiones u ofrecimientos de los alcaldes. Además, ya debería haberse transformado su representatividad, para que no sea una persona, sino un consejo de regiones el que pueda velar de manera colegiada, menos individualista, por las necesidades de 340 comunidades. El anterior gobierno presumía de ser el más “municipalista” de la historia, pero a todas luces ello implicaba otorgar fondos sin suficientes medidas de control y coordinación para que su ejecución trascendiera más allá de un individuo que buscaba la reelección o que tales recursos no se utilizaran de manera discrecional y electorera. Para empezar, la Anam debería rendir cuentas de los fondos que percibe y en qué los gasta.