Este viernes se conoció que el Consejo de la UE emitió sanciones contra la fiscal María Consuelo Porras Argueta; José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci); la fiscal de Feci, Leonor Eugenia Morales Lazo; el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila y al juez Fredy Raúl Orellana.
Se señala que la sanción a las cinco personas es por socavar la democracia y el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala, pues intentaron evitar la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el pasado 14 de enero.
Las medidas restrictivas para estas personas restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.
La respuesta del MP
En su comunicado, el MP señala que “rechaza categóricamente los señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, atentan contra el estado de Derecho y la independencia que la ley otorga al ente investigador”.
Califican las sanciones como “ataques sistemáticos” que buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del MP y que suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y la democracia en Guatemala.
Explican que esto lo hacen con un claro interés de obstaculizar la justicia y detener investigaciones en curso para beneficiar a determinados actores.
“Estas acciones son inaceptables pues el Ministerio Público es una institución autónoma, objetiva e imparcial, cuyo mandato legal es velar por el estricto cumplimiento de la ley, responde únicamente a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes vigentes del país, no a instancias internacionales”, se lee en el comunicado.
Agregan que el MP únicamente ha cumplido con su mandato constitucional de investigar las denuncias ciudadanas, y que no hacerlo, sería denegarles justicia a las víctimas.
“El modelo penal acusatorio que rige el sistema procesal guatemalteco impone balances y controles jurisdiccionales para garantizar límites a los poderes persecutores y punitivos del Estado a fin de cumplir con el marco de garantías constitucionales de los ciudadanos por lo que las acciones derivadas del mandato constitucional del Ministerio Público están sujetas al control constitucional que ejerce el máximo tribunal en esta materia, la Corte de Constitucionalidad”, se lee en el documento.
Hace referencia a que por el perfil de los funcionarios “arbitrariamente señalados por la Unión Europea” suponen que esa entidad internacional “dedica tiempo a realizar defensas oficiosas con absoluto desconocimiento del sistema de control de garantías constitucionales del Estado de Guatemala”.
Advierte de acciones legales
En otra parte del comunicado se menciona que la UE está incurriendo en una “abierta violación a la autonomía e independencia del Ministerio Público como una institución fundamental del estado de derecho de Guatemala”.
Afirma que Guatemala, como país miembro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica y por eso “este Ministerio Público, como persona jurídica de derecho público, se reserva las acciones legales bien sea de forma unilateral o bien desde el espacio multilateral del SICA de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional Público que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea”.
“Es oportuno traer a colación la declaración que hizo la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, quien se refirió a que las sanciones de este tipo son violatorias de los derechos humanos de las personas”, agrega el comunicado.
El MP dice que reitera a la población guatemalteca y a la comunidad internacional que continuará “fuerte y firme en sus investigaciones a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley y la averiguación de la verdad”.
