Hidrocarburos
Perenco reacciona a intención de no prorrogar su contrato petrolero y el MEM amplía información
El ministerio de Energía y Minas (MEM) trabaja en una hoja de ruta para proceder a un cese de operaciones ordenado, en los temas productivo y ambiental.
Luego del anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) efectuado en la reunión de Jefes de Bloque del Congreso, acerca de que el gobierno no prorrogará el contrato 2-85 de explotación petrolera del campo Xan operado por la firma Perenco porque se ubica en un área protegida, esta se pronunció.
El gerente general de Perenco, Ludovic Malcoste, respondió por escrito que siguieron “con preocupación” la reunión de jefes de bloque y del ministerio realizada el martes 12 de marzo, pero que ven “con agrado” que los diputados del Congreso buscan claridad y entender mejor la postura del MEM acerca del cierre del contrato operado por esa compañía.
“El MEM soporta su postura del cierre del contrato petrolero operado por Perenco basado en consideraciones ambientales, no económicas y tampoco sociales”, refiere la compañía en su pronunciamiento brindado por escrito.
“El MEM no se da cuenta de que el cierre del campo Xan implica el fin de la industria petrolera. No existe una solución viable que permita considerar el funcionamiento de la refinería donde se produce el 90% del asfalto que se consume en el país y del oleoducto, sin la producción del campo Xan”, añaden en su respuesta.
Consideran que los diputados fueron enfáticos en la importancia de tomar en cuenta a las poblaciones, al mencionar en la reunión aspectos como desarrollo social y económico. La firma agrega que “el MEM y el (Organismo) Ejecutivo deben escuchar a los diputados y alcaldes electos que representan los intereses de las comunidades que están en las zonas de influencia” para buscar soluciones que beneficien a la sociedad, en especial de Petén, ya que sería el departamento más afectado al terminar las operaciones petroleras.
Añaden que es importante que el Ejecutivo y el Legislativo encuentren y promueven las reformas legales que permitan la continuidad de la industria petrolera, ya que esta genera todavía beneficios económicos y sociales tanto para el Estado de Guatemala como para los municipios y comunidades.
MEM: Cierre tardaría varios años
Por lo pronto, el MEM está trabajando en una hoja de ruta para el cierre programado del contrato 2-85 que incluye el cierre de la operación o extracción petrolera y del tema ambiental, explicó el ministro Víctor Hugo Ventura, en una reunión en la Comisión de Energía y Minas del Congreso este miércoles 13 de marzo.
El funcionario confirmó que el contrato no se prorrogará porque está en un área protegida y se caería en una ilegalidad, decisión que se basa en la legislación respectiva. Agregó que se tiene el compromiso de recuperar el área protegidas del Parque Nacional Laguna del Tigre.
“Al hablar de cierre programado, en el estricto sentido de la ley, en agosto del 2025 se deja de operar el contrato 2-85”, pero, la pregunta es si eso es lo que más conviene y si dará tiempo de hacer un cierre programado ya que según los especialistas, se requiere más tiempo, expresó.
Ventura expuso en declaraciones que “si se ha tenido 40 años de explotación petrolera, por qué no hacer esa última etapa bien hecha, tomándose el tiempo que así se requiera, lo que no quiere decir que se va a prorrogar por 25 años más”, porque se tiene que ir sellando pozo por pozo y se deberá analizar la figura para hacer el cierre programado.
Agregó que durante ese período de cierre programado habrá una fase de producción final, y después de agosto de 2025 solo se podrán operar los pozos programados, hasta que la producción llegue a cero.
Agregó que el Estado no tiene capacidad de operar esa fase, y la idea no es hacer un Estado petrolero ni volverlo un empresario de petróleo, “pero también es muy difícil que venga otra empresa a operar lo que está haciendo Perenco, por lo que la compañía tendrá que hacer lo que indica el contrato”.
Respecto al plazo que tardaría ese cierre programado, el ministro dijo en la reunión del 12 de marzo que tardarían entre 2 y 4 años, mientras que el 13 de marzo mencionó que entre 5 y 6 años, pero que los expertos harán las evaluaciones para definir los plazos.
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