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La iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional contaba hasta este jueves con dos dictámenes, uno a favor emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y uno desfavorable emitido por la Comisión de Derechos Humanos, por lo que se sometió a votación y 83 diputados estuvieron de acuerdo en que se conociera la propuesta con el dictamen a favor, emitido por el entonces presidente de la Sala, Fernando Linares-Beltranena.
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Amnistía total
- Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.
- La actual Ley de Reconciliación Nacional y su amnistía aplica para delitos comunes pero no para delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, sin embargo, las reformas que a partir de ahora se conocen en el Pleno, deroga los artículos 2, 4 y 8 y permitiría la absolución de los crímenes de lesa humanidad.
- La iniciativa también pretende modificar el artículo 5 de la actual Ley de Reconciliación Nacional para que se declare la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) así como las autoridades del Estado.
- También propone reformas que van dirigidas a absolver a “miembros de sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines de prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones ele la URNG o sus unidades integrantes, amnistía que se extiende a todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996.
- “Los delitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno será objeto de medidas de coerción o persecución penal”, propone el nuevo texto.
- La reforma también adiciona un nuevo artículo, en el que indica que “toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”.
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Criterios divididos
Manuel Conde Orellana, jefe del bloque Partido de Avanzada Nacional (PAN), señaló que “hace 22 años se firmó la Paz y el debate de la reconciliación nacional aún no concluye”, por lo que se hace necesario alcanzar acuerdos para lograr que el país avance.
Otros, como la diputada Sandra Morán, jefa del bloque Convergencia, consideró que “hacer una amnistía total no es un camino válido para la reconciliación”, porque genera impunidad y eso provocaría un efecto contrario.
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Agregó que “las personas que hoy están en la cárcel y que podrían salir si se aprueba la ley son personas que cometieron asesinatos de niños, que violaron a mujeres, que ya se comprobó en un juicio”, por lo que su aprobación no puede ser una reconciliación.
En contraparte está el criterio del diputado Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien afirmó que “los soldados no son matones ni asesinos”.
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Agregó que está convencido que esta iniciativa de ley es justa y recalcó que los soldados lo único que hicieron fue “defender la soberanía de Guatemala” y cumplieron con un mandato constitucional.
En cambio, Walter Félix, jefe de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), aseveró que “la reconciliación de Guatemala no se logrará al violar los preceptos constitucionales”. El congresista aseguró que, a su criterio, esta iniciativa de ley viola y entra en conflicto directo con convenios internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el país es signatario.
En contra de los cambios
El pasado 8 de junio del 2018 un panel de Naciones Unidas pidió al Congreso abstenerse de aprobar la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, porque esto podría anular procesos judiciales que persiguen delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
Se trata del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y las Garantías de No repetición.
“Llamamos al Congreso a que se abstenga de aprobar la iniciativa de ley 5377, que persigue reformar el decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, decía el mensaje.
Este jueves, la familia Molina Theissen emitió un comunicado ante la discusión por reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, la cual rechazó. Señalaron que esto podría retrotraer los pocos avances conseguidos con el gran esfuerzo y sacrificio desplegados durante décadas por la familia en el proceso judicial que permitió la condena de cinco militares por el secuestro y desaparición del niño Marco Antonio Molina en 1981, así como víctimas de otros casos. “De hacerse realidad, haremos uso de todos los recursos legales para proteger nuestros derechos”, señala la familia en el comunicado.
“La amnistía total que impone olvido y perdón respecto de crímenes profundamente dolorosos es un acto injusto y revictimizador, prohibido por el derecho internacional. Ofende no solo a nuestra familia, también a todas las víctimas, al pueblo de Guatemala”, agregan.
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