EDITORIAL
Guatemala es destino ideal de inversión, pero…
La riqueza natural, turística, industrial, comercial y logística de Guatemala puede ser el motor de un mayor bienestar.
Cuando se hace una declaración favorable respecto de algo o alguien, todo marcha muy bien hasta que aparece un “pero”, esa conjunción adversativa que casi hace desaparecer lo dicho antes de su mención. Entonces, Guatemala goza de una posición geoestratégica incomparable, cuenta con una fuerza industrial líder en la región centroamericana y un enorme potencial para atraer inversión extranjera y generar empleos, pero… para que esto último se concrete es necesario modernizar legislación, erradicar la corrupción y garantizar la infraestructura vial, la seguridad ciudadana, la certeza jurídica y el estado de Derecho. Menudo pero.
No obstante, aun así, es preciso enfocarse en las soluciones, los avances y las fortalezas productivas de Guatemala, que han resistido a nefastos períodos con sucesivas gavillas de allegados negligentes, como en los casos de los mandatos del PP, FCN y Vamos. El gobierno actual está en sus inicios y deberá demostrar lo que puede hacer para potenciar el crecimiento, pero hay poco tiempo. El foro Hacia un crecimiento con un desarrollo social inclusivo, convocado por Fundesa y Council of the Americas, es un nuevo y simbólico punto de partida.
Gigantes transnacionales, algunos ya presentes en el país y otras que ven posibilidades de inversión, coincidieron en señalar la fortaleza macroeconómica guatemalteca, su vocación como punto logístico continental y su enorme talento humano como pilares de un mayor crecimiento económico que a su vez permita una mejora del desarrollo de regiones e industrias. Council of the Americas tenía 14 años de estar ausente en el foro nacional y su participación en este diálogo renueva expectativas, aunque también implica un desafío para las instituciones de Estado.
Atraer inversiones ha sido una de las recurrentes promesas electorales de las dos décadas recientes, pero en eso se han quedado debido a los abiertos conflictos de interés, prácticas putrefactas y negocios al amparo de un poder coludido. Un caso vergonzoso es la estafa Odebrecht, en la cual se vio vinculado el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el excandidato presidencial Manuel Baldizón —exconvicto por lavado de dinero narco en EE. UU.—, quienes casi fueron librados de señalamientos al ser anulada, por petición del Ministerio Público, la declaración de exejecutivos de la malhadada firma brasileña que nunca terminó de construir la carretera a la frontera sur. Tal impunidad es un mal mensaje para la inversión.
Lo mismo cabe decir de obras viales, compras hospitalarias, construcción de edificios escolares —muchos de ellos inconclusos— adjudicadas a mediocres constructoras ligadas a diputados, exfuncionarios o allegados, casos sobre los cuales debería haber precedentes judiciales ejemplares, pero en muchos de los cuales no hay pesquisas de la Contraloría General de Cuentas o del Ministerio Público, que con ello rayan en flagrantes incumplimientos. Eso no debe suceder en un país que busca credibilidad jurídica para que lleguen inversionistas competitivos. Sin embargo, todavía pasa.
La riqueza natural, turística, industrial, comercial y logística de Guatemala puede ser el motor de un mayor bienestar y el freno efectivo a la migración irregular. Existen grupúsculos politiqueros que de cara al público afirman apoyar la libre empresa y la competitividad, y por detrás la socavan, tal vez financiados por oscuros intereses. Basta ver el atraso en la reconstrucción de la ruta a Puerto Quetzal, con pretextos demagógicos que solo quieren sabotear la concesión público-privada otorgada. Absurdo, pero ocurre.
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