Urizar menciona que el acuerdo gubernativo 145-2013, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad (CC), y que establece que el PET es de urgencia nacional era de carácter exhortativo para que las entidades dentro de sus respectivas actividades y facultades apoyaran el desarrollo de ese proyecto.
Carlos Colom, quien presidió la CNEE años antes, y de Romeo Rodríguez ex ministro de Energía y Minas tienen una visión similar a la de Urizar.
Colom mencionó que el país necesita ampliar su cobertura, la cual en la actualidad según datos oficiales está en 92%, pero que aún hay necesidad de conectar tres mil comunidades.
“Hay alrededor de 3 mil comunidades que aún no tienen electricidad en Guatemala, con este tipo de decisiones solo se va a complicar más extender el servicio”. Carlos Colom, expresidente de CNEE.
Los tres mencionan que hay planes integrales adicionales para ampliar redes de transmisión de electricidad que permitirán conectar a las generadores, a las distribuidoras y que el servicio llegue a más comunidades y poblaciones, entre estas como las líneas secundarias o de media tensión.
Urizar menciona que el acuerdo se analizó por los abogados de varios entes del Estado en su momento y se mencionó que no afectaba la autonomía municipal porque no se obliga a las entidades sino que se les exhorta a apoyar su desarrollo y se trata de un proyecto de estrategia nacional. Uno de los argumentos de quienes presentaron el amparo contra esa disposición es que se contraviene la división de poderes del Estado y se viola la autonomía municipal.
Al eliminar esa disposición se corre el riesgo de que se atrasen o pierdan agilidad los diferentes procesos para obtener autorizaciones, licencias, permisos o pasos de servidumbre para seguir construyendo la red que se encuentra dentro de ese plan y que incluye la obra de 866 kilómetros adjudicados a Transportadora de Energía de Centroamérica (Trecsa) explicaron los tres entrevistados.
“Si podría perderse agilidad los procesos para obtención de permisos y licencias, pero dejaría abierta la respuesta a que va a depender de cada municipalidad, porque si contamos con alcaldes pendientes de la infraestructura no necesitaríamos un acuerdo”. Carmen Urizar, expresidenta de CNEE.
Urizar agregó que el proyecto también enfrenta discrecionalidad en tiempos y cobros municipales porque cada municipalidad tiene sus propia forma de establecer tasas y formas de cobro.
La obra que incluye la construcción de 12 subestaciones nuevas y la ampliación de otras 12 subestaciones, pasando por 15 departamentos, 74 municipios y 340 comunidades del país, no solo busca mayor conexión de usuarios que hasta ahora no cuentan con el servicio sino que formará cuatro anillos de redes que permiten fortalecer el sistema ante eventualidades como apagones además mejorar la transmisión de energía y la calidad así como disminuir los cambios de voltaje.
Colom consideró que el 99% de las razones por las que ya no hay apagones generales como sucedía hace varios años en el país es el fortalecimiento que ha tenido la red de más alta tensión con el PET, que es la que transmite la energía desde las generadoras hasta las líneas secundarias y distribuidoras de electricidad.
El excomisionado añadió que al trabajar el proyecto hace 10 años se estimó que habría un ahorro de US$300 millones anuales en ahorro por pérdidas de energía al mejorar el sistema de transmisión.
“Un objetivo es mejorar calidad de servicio a través de unir puntos de oferta y demanda de una manera con mejor calidad”, Romeo Rodríguez, ex ministro de energía.
La CNEE ve que solo era una disposición exhortativa
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) indicó que el miércoles fue notificada de la sentencia de la CC y del análisis preliminar “se interpreta que no se suspende el desarrollo de las obras del plan de expansión del trasporte y de electrificación rural, sino el Acuerdo Gubernativo que las declaraba de urgencia nacional, el cual tenía un carácter exhortativo para que las diferentes instituciones involucradas en el desarrollo de las obras, apoyaran los proyectos incluidos en dicho plan”.
Agrega que la Comisión “es respetuosa de las resoluciones legales y reitera que continuará promoviendo todos aquellos proyectos que contribuyan con el desarrollo y aumento de cobertura de la electrificación nacional”. También se seguirá promoviendo los proyectos que busquen garantizar el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica del país ya que impulsa en el desarrollo y beneficio de la población en general, agregó ese ente.
El acuerdo 145-2013
La CNEE explicó que por medio de ese acuerdo fue declarado de urgencia nacional y necesidad pública, la construcción de las obras contenidas en el PET-1-2009 (que incluye las obras de 866 kilómetros adjudicadas a Trecsa y obras para el plan de electrificación rural).
En el mismo se establece que las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, las municipalidades, los COMUDES y COCODES, deben prestar el apoyo para el adecuado desarrollo de las obras de ese plan, se agregó.
Los ponentes del recurso contra el acuerdo gubernativo argumentaron que la norma contraviene los principios de legalidad y de división de poderes contenidos en los artículos 141, 152, 154 y 176 de la Constitución porque no es una facultad del Presidente de la República sino declarar un asunto de “urgencia nacional” ese asunto, sino que es una potestad que le compete al Congreso, además que se viola la autonomía municipal.
Artículo 129 de la Constitución:
Electrificación. Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada.
Los ponentes del recurso contra el acuerdo gubernativo argumentaron que la norma contraviene los principios de legalidad y de división de poderes contenidos en los artículos 141, 152, 154 y 176 de la Constitución porque no es una facultad del Presidente de la República sino declarar un asunto de “urgencia nacional” ese asunto, sino que es una potestad que le compete al Congreso, además que se viola la autonomía municipal.
Actualización
El 5 de febrero las autoridades del Gobierno de Guatemala y representantes de Trecsa se reunieron para analizar rutas para avanzar en el PET-01-2009. En esa reunión participó el Vicepresidente de la República Jafeth Cabrera y ministros de Estado.
La compañía informó que el gerente, Mauricio Acevedo, presentó el estado actual del proyecto “así como algunos desafíos que han encontrado durante su implementación”.
Además el ejecutivo “puntualizó la necesidad de llevar adelante junto con las autoridades, las acciones necesarias para garantizar la ejecución de los proyectos del sector eléctrico”, se agregó. Sin embargo la empresa no respondió si el Gobierno
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