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Vacunas Sputnik V: Cinco puntos que resumen las anomalías en el contrato para adquirir los fármacos
MP deberá determinar si el exmandatario Giammattei y otros señalados deben ser investigados.
El gobierno anterior adquirió vacunas Spunik V mediante un contrato de confidencialidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Desde julio del 2021, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha presentado cinco denuncias penales relacionadas con el contrato de compra de vacunas Sputnik V, y en todas se responsabiliza a la entonces ministra de Salud, Amelia Flores.
Hasta ayer, el Ministerio Público (MP) no había compartido información sobre las investigaciones, que van desde incumplimiento en la entrega de documentos para facilitar las auditorías hasta la suscripción posiblemente irregular del acuerdo para la compra de las vacunas.
Estas cinco denuncias se suman a una sexta que el jueves pasado presentó el ministro de Salud, Óscar Cordón, también en contra de Flores. Esta última acción del Gobierno fue interpuesta solo después de que venció el plazo del contrato.
Por ahora, el Gobierno no contempla más acciones para buscar una indemnización para el país de parte de la empresa Human Vaccine, que intermedió en la compra de las vacunas rusas, y tampoco tiene claro si existen más personas detrás de la trama de adquisición de las dosis de Sputnik V.
“Dentro del expediente consta que el contrato lo firmó Amelia Flores, como ministra de Salud”, se limitó a responder el procurador general de la Nación, José Saavedra, sobre el alcance de los responsables de la compra.
El funcionario también evitó extender las sospechas hacia Miguel Martínez, persona cercana al gobierno de Alejandro Giammattei a la que el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó por supuestamente haber solicitado “grandes sobornos” en la compra de las vacunas rusas.
“Ahí no consta que sea un acto autorizado o aprobado por el presidente de la República o en el cual haya participado el señor Miguel Martínez”, sostuvo Saavedra.
Martínez, por su parte, publicó en su cuenta de Instagram que fue sancionado “injustamente” y pide que se le otorgue el derecho de defensa.
“Mi sanción fue política, claramente después de un hecho ocurrido en el Congreso (…) No tengo cuentas ni en los Estados Unidos ni fuera de Guatemala. Las cuentas que tenía en los bancos en Guatemala no reflejan que yo haya recibido sobornos ni mucho menos”, escribió.
El jefe del departamento de información y prensa del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, informó que se han realizado diversas diligencias y “cuentan con documentación y se requirió al Ministerio de Salud un informe sobre la relación de las negociaciones realizadas y personas o entidades involucradas para la adquisición de estas”.
Sobre la más reciente denuncia, “será remitida a la denuncia que tiene en curso el Ministerio Público y que actualmente está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad”.
“Hay más”
Sobre esa querella, según el director ejecutivo del Laboratorio de Datos GT, Óscar Chávez, es positivo que se haya presentado la denuncia, porque “desde el primer día que se habló del contrato, de la negociación con la empresa para adquirir la vacuna Sputnik V, hubo muchas alarmas de cómo se llevaba a cabo el proceso, de cómo se tomaban las decisiones”.
Este caso de la compra de vacunas Sputnik es emblemático, aseguró, porque es “como el caso La Línea de 2015. Para nosotros es muy valioso y simbólico. Ahora sí tiene significancia que se haga este tipo de investigaciones porque estamos hablando de cientos de millones de quetzales que se pudieron usar en hospitales durante la emergencia sanitaria que generó el covid-19”.
El funcionario afirmó que la población requería la atención del Estado y que “hubo muchísimas muertes por covid-19”.
“Esta denuncia manda un mensaje positivo sobre una situación muy negativa. No le puedo decir que estamos felices por ello, porque en realidad lo que hubiéramos querido era no llegar a este extremo”, señaló.
Para Chávez es muy probable que la investigación se amplíe conforme avance, porque “obviamente, este tipo de negociaciones no depende de una o dos personas, en este tipo de procesos están involucradas muchas más”.
El Contrato que se avaló durante el gobierno del entonces presidente, Alejandro Giammattei, para adquirir las vacunas Sputnik V, fue denunciado por funcionarios de este gobierno ante el Ministerio Público (MP), quien deberá determinar si existe alguna comisión de delito respecto a principales puntos que rodean la adquisición de los fármacos.
Puntos por aclarar
Se ocultó información: Los detalles del contrato que se firmó en 2021 se conocieron recientemente, porque según el mandatario Giammattei, se firmó mediante un acuerdo de confidencialidad. El gobierno actual se pronunció por medio de la Procuraduría General de la Nación y afirmó que “no se justifica la confidencialidad en actos de gestión pública”, y debe permitirse la auditoría social.
Contrato en inglés: El contrato se hizo exclusivamente en inglés y no habían copias traducidas al español. Según los denunciantes, se viola el artículo 11 de la ley del Organismo Judicial y las cláusulas deberían estar en español.
Indemnización: En caso de que la empresa Human Vaccine, que proporcionó las vacunas, no cumpliera con las cláusulas del contrato de Q614 millones que fueron pagados, solo debía pagar US$100 mil como indemnización, unos Q800 mil.
Denuncias: A pesar de los señalamientos en contra del expresidente Alejandro Giammattei, del excanciller Pedro Brolo y las acusaciones de Estados Unidos en contra del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, a quien señaló de beneficiarse con el contrato millonario de las vacunas, solo la exministra de Salud, Amelia Flores, enfrenta dos denuncias por haber firmado el contrato. El MP deberá determinar sí hay otros exfuncionarios involucrados.
El Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra, sostiene que por ahora los señalamientos en contra de Martínez se escapan de las funciones de esa dependencia porque no tienen pruebas, y apelan a que "quien las tenga" que las presente ante el MP.
Según la denuncia por la firma del contrato, la exministra de Salud incumplió el principio de legalidad porque no revisó leyes guatemaltecas para avalar el contrato millonerio, y podría enfrentar los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.
Sin rastro de celebración. A pesar de existir un contrato firmado, no se sabe en qué lugar se firmó y quienes estuvieron presentes. Según los funcionarios, no hay pruebas de que los ejecutivos rusos estuvieron presentes.
