La convocatoria a los comicios realizada el viernes por el Tribunal Supremo Electoral inició el proceso previo al 16 de junio, fecha de la primera vuelta electoral. Tuvo la suerte de no contar con la presencia de quienes presiden los organismos de Estado, pues al haber llegado habrían dejado una mancha, a causa de su forma de actuar en las últimas semanas, cuando se han convertido en cabecillas de la conspiración generalizada contra todo aquello con un mínimo olor a democracia. Los discursos de los funcionarios del TSE permitieron adivinar su deseo de actuar bien, y fue valioso cuando uno de ellos comentó el problema provocado por la manera cómo fueron aprobadas las nuevas prohibiciones para las actividades electorales ya vigentes.

Informaciones periodísticas señalan la precaria situación legal de 14 de los 27 partidos políticos deseosos de presentar candidaturas, lo cual permite la posibilidad de una reducción a esa multitud partidista, y deja abierta la opción de cambios en la forma como se recibe el dinero de campaña. Los partidos teóricamente en la cuerda floja son: el oficialista FCN-Nación, el pintoresco Unionista, la impresentable UNE, el debilitado Creo, y los irrelevantes PAN, URNG, Todos, Podemos, UCN, Viva, Bien, Winaq y Fuerza. Las acusaciones empiezan por no presentar informes de sus gastos de campaña en muchas de sus formas. Comprueba la actual política de no permitir todo tipo de ingresos bajo la mesa o sin las debidas explicaciones legales.

Las nuevas reglas son aceptables en nueve de sus once cambios. De hecho, aunque no está clara la colocación de panfletos con las caras de los candidatos, las pegas en paredes, y los lazos de poste a poste con propaganda, lo cual implica el fin de la parafernalia partidista. Sin embargo, hay un cambio cuyo efecto puede ser negativo: prohibir la publicación de encuestas 15 días antes de las elecciones. Esto se debe al deseo de los partidos políticos de poder utilizar a su favor, y por medio de las anónimas redes sociales, los “resultados” de supuestas “encuestas” sacadas de la manga por entidades también supuestamente encuestadoras de escasa vida comercial, o por empresas encuestadoras dispuestas a no actuar profesionalmente.

Estas falsificaciones de encuestas serán el pan de cada día en el proceso electoral. En el anterior, las presentadas por Baldizón eran un monumento al descaro y al deseo de engañar. Las encuestas serias, por tanto caras, profesionales, con preguntas sin oculta intención, estarán presentes a lo largo del proceso, pero ausentes en el momento estadísticamente más importante para la decisión del voto: los últimos quince días. De este lapso, durante los siete días anteriores debe haber silencio de encuestas, pero alargarlo a quince es peligroso cuando se dé el caso de uno o más candidatos con diferencias muy cercanas, especialmente si son menores al margen de error. Ahora solo podrán informarse de posibles resultados en base a las tendencias a lo largo del proceso.

El otro yerro se encuentra en la fracasada intención de comprar el TSE los espacios y tiempos en los medios informativos, lo cual tiene lógica, pero hacerlo con la posibilidad de decidir horarios y páginas, aunque sean parte de contratos de cada uno de los medios, y pagar solo el 20% de la tarifa, lo convertiría en propaganda y en una fuente de pérdidas económicas en momentos de penurias para poder mantener la independencia periodística. En resumen, creo, aún falta mucho para saber con exactitud cuántos partidos y candidatos participarán. La campaña durará, a partir del 14 de marzo, 91 días de lucha oficial, tiempo muy corto y por ello de hecho beneficioso para los partidos y las figuras conocidas, aunque sea por corruptos.