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¿Cuál es la función de la CNC y su papel en la estrategia contra la corrupción?
La versión oficial indica que no investigarán casos de corrupción, pero si verificarán procesos y acompañarán cuando una denuncia sea presentada.
(Foto Prensa Libre: Érick Ávila)
Bernardo Arévalo llegó al Ejecutivo con una narrativa anticorrupción. Un mes después de asumir, modificó una instancia del gobierno anterior para convertirla en la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), y designó como director ejecutivo al abogado Santiago Palomo.
Dicha comisión ha acompañado la presentación de denuncias públicas sobre irregularidades encontradas en las dependencia del Ejecutivo; sin embargo, los alcances que tendrá el ente transversal en los 14 ministerios todavía no está clara.
Por un lado se asegura que es una instancia técnica, pero por el otro la CNC es la que da el visto bueno a qué hallazgos se deben hacer públicos y cuáles se denunciados, así como en qué momento se debe hacer.
Nadie en el Ejecutivo puede actuar por cuenta propia en torno a una denuncia de corrupción si no lo aprueba la comisión, destacan fuentes cercanas a la Presidencia.
La finalidad oficial de la CNC refiere a que el objetivo es la implementación de políticas en las instituciones para prevenir los actos de corrupción, por medio de mecanismos, estándares de transparencia y un código de ética.
“Existen experiencias internacionales exitosas y que fundamentaron de alguna manera el trabajo de la Comisión. Hay casos cercanos y efectivos, como el Sistema Nacional Anticorrupción, en México, y la Estrategia Nacional Anticorrupción, en Chile”, fue la respuesta oficial de la CNC a través de su equipo de comunicación, puesto que declinó que el comisionado ofreciera una entrevista.
Por parte del Ejecutivo, la CNC la integran el presidente de la República, los ministros de Finanzas y Gobernación, el secretario general de Planificación, la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico.
Los seis consejeros delegados son dos integrantes de la sociedad civil, dos de agrupaciones indígenas y dos del sector privado, todos designados por un año con la posibilidad de ocupar un año más el cargo.
“El gran objetivo en el mediano plazo de la Comisión es diseñar y proponer la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permitirá contar con un marco legal e institucional independiente, objetivo y robusto", aseguró la CNC.
María del Carmen Aceña, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), dijo que las prioridades deberían ser reformar leyes como la de Compras y contrataciones y la del Servicio civil, y velar porque estas se cumplan.
“Tener una comisión contra la corrupción ha sido el error de los gobiernos anteriores”, cuestionó.
Aceña hizo ver que es difícil que una instancia del Ejecutivo señale a otra del mismo organismo, y que será un reto ver cómo avanzan los casos que han presentado ante los roces con el MP.
Expectativa
Entre los consejeros figura la tesorera de los 48 Cantones de Totonicapán, Ana Alicia Alvarado, que considera que el papel en la CNC es uno de los espacios que los pueblos ancestrales han exigido al Gobierno.
Añadió que se concentrará en verificar y asesorar en los temas que sea posible, y aunque como consejero tendrían un voto en la toma de decisiones, no pueden hacerlo por la autonomía de los 48 Cantones.
“Como pueblos indígenas, solo estamos en observación, vigilantes a que se pueda dar un buen manejo a las situaciones”, indicó Alvarado, al agregar que los resultados de la CNC serán a largo plazo, pero podrían comenzar a observarse en los primeros seis meses.
Daniel Haering, representante de la sociedad civil, de la asociación Diálogos, dijo que fueron tomados en cuenta porque en el 2022 formaron parte de una mesa técnica en el Congreso dirigida por Arévalo, en la que se trabajó en la agenda compartida anticorrupción.
La CNC será utilizada como método de consulta por el Ejecutivo. Por ejemplo, antes de presentar una iniciativa de ley esta debería de ser enviada a consulta. Además, los consejeros pueden proponer agendas y abrir las puertas a la ciudadanía para participar.
“Creo que hay una agenda de reforma del sistema de servicio civil sobre cómo se contrata, y que sea por meritocracia.
También hay una sobre beneficiarios finales. El país necesita una ley de beneficiarios finales, la cual obliga a que haya un registro de los nombres de las personas que están detrás de las empresas, de las oenegés, de los fideicomisos, para que sepamos quién es el beneficiario final”, expuso.
Asimismo, puntualizó que no es responsabilidad de los consejeros denunciar casos de corrupción ni investigar, aunque están en la posibilidad de señalar alguna anomalía si fuera de su conocimiento.
“Lo que puede hacer la Comisión es asegurarse de que todas las instituciones tengan mecanismos de detección y de denuncia de corrupción”, concluyó.
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