El más reciente informe global de Oxfam, intitulado ¿Bienestar público o beneficio privado?, vuelve a poner sobre la palestra política la urgente necesidad de transformar la economía para que esta redistribuya de una forma más equitativa los frutos del desarrollo. Solamente en 2018 la riqueza de los milmillonarios y sus empresas creció US$900 millardos, mientras tributaron con las tasas más bajas de las últimas décadas y, en algunos casos, escondieron buena parte de sus fortunas en paraísos fiscales, evitando con ello cualquier pago de impuestos. El año pasado, 26 personas poseían la misma riqueza que las 3,800 millones de personas más pobres del planeta.

Esta creciente y desbocada desigualdad es causa y efecto de un modelo económico que no genera suficientes empleos, impulsa bajos salarios para la mayoría de la población mientras se mercantilizan los derechos humanos. El modelo imperante de desigualdad, otorga poder político en función de la riqueza que lo que abre las puertas a la impunidad y la corrupción. La desigualdad en el mundo es una amenaza grave a la economía, al ambiente natural y a la vida en democracia, y su prevalencia o mitigación, es resultado de decisiones políticas y económicas.

Cambiar el modelo económico requiere de profundas reformas en el mercado laboral y en la política fiscal, materia en la que el informe de Oxfam ahonda, revelando que con un incremento efectivo del 0.5% del impuesto a las riquezas del 1% más rico de la población mundial, los Estados tendrían capacidad, por medio de la producción servicios públicos, de escolarizar a los 262 millones de niñas, niños y adolescentes que están fuera de la escuela, así como proveer los servicios sanitarios que salvarían la vida de 3.3 millones de personas que mueren anualmente por causas prevenibles. Asimismo, llama a los Estados a trabajar por el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, relacionado con la reducción de las desigualdades.

Centroamérica es un buen reflejo de lo que acontece a nivel global, así es que el informe llega en buen momento, cuando miles de personas migran forzadamente, huyendo de la violencia y la falta de oportunidades, y mientras grupos económicos, criminales y políticos confabulan para debilitar la democracia y gozar de mayores privilegios económicos y fiscales. Estas son señales inequívocas de que el istmo —principalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua—, camina rápidamente hacia un retroceso tal que pronto estará en los años setenta, sumido en conflictos políticos para los que la debilitada institucionalidad democrática no tendrá solución. Este deterioro ya está teniendo consecuencias económicas y sociales que se acentuarán y afectarán cada vez más incluso a Costa Rica y Panamá.

Ante este panorama, es precisa una respuesta desde los organismos de integración regional, los partidos políticos, la academia y los movimientos sociales: se debe cambiar radicalmente el rumbo actual de Centroamérica por medio de una agenda de igualdad que contemple acciones para dinamizar el crecimiento económico y el empleo, universalizar la protección social y ambiental, blindar la administración pública frente a intereses privados, elementos básicos para fortalecer la democracia y evitar el autoritarismo. Una agenda así obliga a plantear cambios torales en la política fiscal centroamericana, hasta ahora pensada para la sobrevivencia de muchos y la riqueza de pocos, hacia una diseñada para el bienestar colectivo, basada en la equidad, la transparencia y la suficiencia. Esta es una tarea tan compleja como urgente.