La explosión de una granada artesanal en un autobús urbano de la ruta 32 dejó ayer al menos a 5 personas heridas y a la presunta responsable con las manos amputadas, en un nuevo hecho preocupante, porque apenas se acaba de declarar la convocatoria a elecciones generales para el próximo 18 de junio y porque tiene las características de acto terrorista, al estar dirigido contra personas.

Desde que se reinstauró la democracia, la violencia ha sido una de las preocupaciones mayúsculas de todos los sectores, porque se aprovechan esas circunstancias parar generar mayor inestabilidad. Incluso se ha sospechado de algunos aspirantes a los más altos cargos de elección popular como perversos instigadores de acciones para sembrar zozobra y aprovecharse de las circunstancias.

Por ello, son otra vez desafortunadas las palabras del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, al calificar de “fortuita” la explosión de una granada, porque según el Diccionario de la Lengua Española ese término alude a algo que sucede en forma inesperada o casual.

Ese lamentable suceso no tiene nada de casual. El hecho de que una persona joven cargue con un artefacto explosivo en un autobús de servicio público solo puede obedecer a tres motivaciones: causar terror, amedrentar al conductor del autobús y a sus acompañantes o lanzar un ataque directo contra el piloto de dicho transporte, un sector históricamente castigado por las extorsiones.

Acciones con esas características deben quedar desterradas, sobre todo en pleno proceso electoral, y por ello constituye una ligereza calificar de esa manera el lamentable episodio, porque en un país medianamente seguro no ocurrirían ataques de esa naturaleza.

Como si no fuera suficientemente grave que las esquirlas del explosivo hirieran a otras personas, Degenhart intentó minimizar el hecho al aclarar que no se trataba de una granada de fragmentación, sino de un artefacto de fabricación casera, como si no fueran de esas características los explosivos utilizados por los terroristas en los ataques más atroces en importantes ciudades del mundo.

Cualquier expresión de violencia debe ser contenida por las fuerzas de seguridad y los esfuerzos deben redoblarse en estos días cuando se ha iniciado un nuevo proceso electoral, sobre el que se deben mantener todas las garantías. Esto incluye frenar cualquier hecho al margen de la ley, para no abrirle la puerta a otras expresiones de extremismo que pretendan aprovecharse de la inestabilidad prevaleciente en el país.

El primer interesado en darle una respuesta a los guatemaltecos debe ser el Gobierno, porque desde hace meses se teme que se puedan dar hechos de violencia extrema que pudieran hacer incurrir a las autoridades en mayores desaciertos. De hecho, en muchos sectores sociales prevalece la preocupación de que algunos apátridas puedan resistirse a no continuar con un juego de desestabilización, que solo podría beneficiar a mentes perversas.

Ante hechos de esta naturaleza, no se deben hacer contemplaciones ingenuas ni irresponsables, pues se debe investigar a fondo y castigar con severidad a quienes están detrás de este tipo de criminalidad sin nombre y sobre todo a quienes tienen la capacidad de fabricar armas para provocar terror entre la población.