Una de las ventajas de todo inicio del proceso electoral se refiere al obligado silencio oficialista. De acuerdo con el decreto del Tribunal Supremo Electoral publicado el pasado lunes en el diario oficial, a partir de la convocatoria el Ejecutivo, los alcaldes y cualquier otro funcionario público deben abstenerse de hacer promociones, actuar en favor de alguno de los candidatos participantes o de la agrupación oficialista. Debe cesar cualquier intento de beneficiar a algún aspirante.

Un hecho que prácticamente solo ocurre en Guatemala y los países en vías de desarrollo es la constante promoción de obras intrascendentes, que únicamente sirven para publicitar la imagen de los gobernantes y de los potenciales aspirantes a cargos de elección popular. Esa parafernalia enmudece ahora, y el presidente Jimmy Morales y sus más cercanos funcionarios deben abstenerse de promover la inauguración de construcciones o proyectos sociales.

Muchas de las obras que se promocionan en exceso carecen de importancia, y los mandatarios ni siquiera deberían participar con tanto derroche de publicidad en tales hechos. Peor aún es incurrir en esos excesos cuando los proyectos no están concluidos, como acaba de ocurrir con el hospital de Villa Nueva, anunciado como un gran paso del Gobierno pero sigue sin abrir sus puertas.

Con los últimos presidentes se han registrado vergonzosos casos de obras inauguradas varias veces, y más de un mandatario ha aparecido en la propaganda oficial colocando la primera piedra de algún proyecto que nunca nacerá, aunque sea recurrente el primer paso.

Por aparte, el silencio obligado para las autoridades en torno a la campaña electoral en marcha no impide que el Ejecutivo continúe con los exabruptos, como acaba de ocurrir con el repudiable atentado en Colombia. En vez de unirse a la condena mundial, el gobierno guatemalteco, en un paso osado, ha pedido a Cuba que coopere con las investigaciones, en una clara injerencia en los asuntos internos de otros países, cuando en otras latitudes se dan también abusos intolerables.

Los excesos de la tiranía de los Ortega-Murillo en Nicaragua no han merecido la menor línea de condena por parte del gobierno guatemalteco, que en vez de eso, con su silencio en foros internacionales, ha apañado los crímenes contra la población indefensa y los medios de comunicación independientes, sin que Guatemala se una a la repulsa contra ese totalitarismo rampante en la vecindad.

Los diarios más importantes de Nicaragua y sus directores atraviesan por un acoso inclemente de los sátrapas, pero la diplomacia guatemalteca ha guardado cómplice silencio o se ha justificado con la no injerencia en asuntos internos de otros países, lo mismo que han reclamado las autoridades guatemaltecas en el pleito del presidente Jimmy Morales con Naciones Unidas por el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Es repudiable el atentado cometido por integrantes del guerrillero Ejército de Liberación Nacional en Bogotá, pero Guatemala es el país menos indicado para pedirle cuentas a otro, cuando guarda silencio ante otros crímenes contra la población y la libre expresión del pensamiento, como ocurre en Nicaragua con los tiranos Daniel Ortega y Rosario Murillo, con cuyo régimen se siente más cómodo el gobernante guatemalteco actual y por ello ha sido más tolerante hacia sus extralimitaciones.