Civitas
El pacto colectivo de educación no debe ser confidencial
Los funcionarios del Ministerio están obligados a ejercer su función de forma transparente y conforme a la Constitución.
El pacto colectivo de educación ha sido controversial en la última década. Bajo la excusa de mejoras salariales y cediendo a presiones políticas, los diferentes ministros de Educación han aprobado privilegios ilegales en dichos pactos, atentando así en contra del principio de legalidad que obliga a los funcionarios públicos a realizar únicamente lo que la Constitución y ley les permite.
Los actos de la administración son públicos. Según la Constitución de Guatemala, todo acto que realizan los funcionarios públicos tiene que ser transparente, y la Ley de Acceso a la Información Pública establece mecanismos para poder ejercer dicho derecho. Desde hace unos meses, el Movimiento Cívico Nacional ha realizado una serie de solicitudes de información pública al Ministerio de Educación para analizar el pacto colectivo; sin embargo, al solicitar la información sobre el borrador del pacto y sus peticiones se negó el acceso a la información, bajo el pretexto de confidencialidad, y se confirmó que el Ministerio ya estaba en negociaciones a escondidas de la población.
En el 2021, el gobierno negó el acceso a la información pública sobre el contenido de la negociación alegando la misma confidencialidad. Causa mucha confusión que este nuevo gobierno, el cual ha delimitado políticas de transparencia y en contra de la corrupción, esté negociando a escondidas con un actor que ha utilizado el pacto colectivo como moneda política e inclusive está sancionado por gobiernos extranjeros como actor antidemocrático y corrupto.
Negar el acceso a la información pública, especialmente en algo tan trascendental para el futuro de Guatemala como la negociación del pacto colectivo de educación, está en contra de la Constitución, Política General de Gobierno 2024-2028 y también atenta contra el fortalecimiento de la gobernabilidad del país.
Es necesario que los ciudadanos formemos parte del debate público a través de la expresión de opiniones y preocupaciones.
El acceso a la información pública es un derecho humano. Este derecho está basado sobre los principios de transparencia de la actividad gubernamental, obligando así al Estado a cumplir con dicha obligación. A través del ejercicio de este derecho, la ciudadanía puede desarrollar un pleno ejercicio cívico.
La publicidad del proceso de negociación de un pacto colectivo, así como el acceso y conocimiento público de las peticiones que realiza el sindicato al Ministerio, podría fomentar la rendición de cuentas, así como también habilitar espacios de participación ciudadana. Los funcionarios del Ministerio están obligados a ejercer su función de forma transparente y conforme a la Constitución de la República de Guatemala.
Que la ciudadanía y medios de comunicación puedan conocer los términos y condiciones que se están debatiendo en las instituciones públicas, con los fondos públicos y las condiciones laborales de trabajadores del Estado fomenta el debate para mejores decisiones de las instituciones públicas. Es necesario que los ciudadanos formemos parte del debate público a través de la expresión de opiniones y preocupaciones, enriqueciendo así el diálogo público y fortaleciendo la legitimidad de las decisiones tomadas. Garantizar la transparencia en las negociaciones de pactos colectivos promueve un acuerdo más justo y armonioso con las necesidades de la población y capacidades del Estado.
Si es que el pacto colectivo aún no ha sido firmado, las autoridades del Ministerio de Educación aún están a tiempo de rectificar, así como se ha realizado en otras dependencias del Ejecutivo que han escuchado a la ciudadanía para cumplir con sus funciones de acuerdo con las leyes de nuestro país, en concordancia con el principio de legalidad.
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