Dos ideas predominan en el discurso del papa Francisco al arribar por primera vez a territorio centroamericano: la corrupción política y el drama de la migración. Temas estrechamente relacionados con la región, principalmente con los países del triángulo norte de Centroamérica.

De Latinoamérica, ningún país se salva de la corrupción, y es indudable que el Sumo Pontífice tiene muy claro el panorama, y por ello arremetió contra ese flagelo en sus primeras palabras en Panamá, a donde asiste a la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa pidió mayor compromiso contra la corrupción y, en presencia del presidente panameño, Juan Carlos Varela, y el cuerpo diplomático, se dirigió a “aquellos que tienen una función de liderazgo para asumir compromisos contra cualquier forma de corrupción”.

En una región marcada por la inmoralidad en el servicio público, el mensaje papal es bienvenido, y baste citar a la constructora Odebrecht para dimensionar la gravedad de sus alcances, pues los sobornos llegaron a 12 países latinoamericanos, entre ellos Panamá y Guatemala, a cambio de obtener jugosos contratos.

Respecto de los migrantes, el Papa ofreció la intervención de la Iglesia en la ola migratoria que lleva a miles de centroamericanos a las puertas de Estados Unidos, que pese a continuar endureciendo sus políticas migratorias, no logra convencer a la población ni a sus gobernantes de cesar en esa peligrosa travesía.

El jueves, el Pontífice dijo que la Iglesia Católica puede ayudar a superar los “miedos y recelos” contra los migrantes, ante una escalada sin precedentes en la región de un incontenible éxodo, un fenómeno que se ha convertido en una puerta de salida ante la incontenible violencia y corrupción en estos países, principalmente los del norte de Centroamérica, de donde mayoritariamente parten los migrantes.

El mensaje de Francisco es oportuno y alentador, pero desafortunadamente en los dos temas tratados quienes tienen a su cargo la conducción de la parte política de los Estados prefieren optar por hacer oídos sordos, como ha ocurrido durante las últimas décadas, al extremo de que ambas temáticas han tendido a agravarse.

Tanto Panamá como Honduras, El Salvador y Guatemala tienen a exgobernantes tras las rejas o en la mira de la justicia, y en el caso hondureño incluso acaba se ser capturado en Estados Unidos el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, sindicado de dirigir un millonario tráfico de cocaína, y con los sistemas de inteligencia de estos gobiernos resulta difícil creer que no hayan sido capaces de descubrir semejante ilícito.

El generalizado abuso de poder en estas naciones, así como el histórico flagelo, se encuentran entre las principales causas de la migración irregular, porque millonarios recursos que deberían ser dirigidos a promover el bienestar se quedan en manos de funcionarios o contratistas inescrupulosos, lo cual repercute en inseguridad, falta de oportunidades y, en consecuencia, en la expulsión de latinoamericanos hacia destinos hostiles.