“Hasta este momento, el servicio de las tarjetas de crédito maneja más de Q15 mil millones sin que tengamos un solo artículo en la legislación guatemalteca que regule este proceso financiero”, aseguró el legislador.
Qué incluye
La iniciativa tiene 49 artículos. Destaca la regulación sobre la tasa de interés, la cual no deberá exceder el doble del último valor de la tasa de interés activa por medio ponderada del sistema bancario.
También obligaría a la Superintendencia de Bancos a supervisar que los emisores de tarjetas hayan extendido un contrato y que sea cumplido sin cambios posteriores.
“Hasta ahora todos los que tienen tarjetas de crédito no tienen un contrato y por tal motivo los emisores tienen la posibilidad de hacer lo que quieren con los cambios de mora e interés. Tienen la discreción de poder manejar a su sabor y antojo este tema tan importante”, señaló el legislador.
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Otro de los cambios propuestos es la posibilidad de que el usuario pueda reestructurar su deuda cuando considere que no puede pagar, cancelarla en varias cuotas y el pago mensual al reestructurar las deudas no puede exceder el 20 por ciento de los ingresos del usuario.
Además, prohíbe la capitalización de los intereses, el cobro de comisiones, servicios adicionales y otros cargos, se crea el delito de clonación de tarjetas de crédito y obliga a las entidades financieras de realizar una evaluación de la capacidad real de pago del usuario.
“El pueblo de Guatemala está experimentando una nueva forma de esclavización y es por medio de las deudas. Incluso los comercios están siendo lastimados porque el bono 14 y aguinaldos han servido solo para pagar intereses de tarjetas de crédito”, añadió el legislador.
Tomará precauciones
Arango lamentó que la ley que fue aprobada en 2015 fuera suspendida provisionalmente durante dos años y nueves meses antes de que la decisión quedara en firme.
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“Durante ese periodo que la corte no resolvió se endeudó a la población guatemalteca por arriba de los Q3 mil millones”, aseguró el legislador, quien señaló que se tomarán medidas para que esta nueva iniciativa de llegar a ser aprobada no sea impugnada de nuevo.
Para evitar esta situación, dijo, se pedirá un informe y dictamen a la Junta Monetaria el cual lo exigió la CC, lo cual fue el motivo para que la ley fuera anulada.
Según Arango, el contenido de la ley anulada no tuvo inconstitucionalidades, por lo cual espera que la Ley no tenga problemas para entrar en vigencia y pidió a sus colegas su apoyo para aprobarla.
Prensa Libre se comunicó con los departamentos de relaciones públicas de las empresas Visa, Master Card y Credomatic, para consultar si tenían una postura sobre la nueva iniciativa de ley.
Las tres empresas solicitaron tiempo para responder ya que debían consultar con las autoridades y en algunos casos con las sedes regionales previo a dar una postura.
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