Guatemala presenta una generalizada degradación institucional, con lo cual se ratifica que las evaluaciones presentadas por Transparencia Internacional respecto de los elevados índices de corrupción que percibe la población están sustentadas en vergonzosos hechos que estremecen a la opinión pública.

El fin de semana anterior, Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, en un acto de absoluto atrevimiento se dirigió a la Policía Nacional Civil a solicitar que le borraran los antecedentes que puedan contener esos archivos, porque aspira a postularse como diputado del impresentable partido oficial FCN-Nación, pero por estar sometido a un proceso por corrupción dicha posibilidad solo la puede decidir un juez y no autoridades menores, ni mucho menos particulares.

Este es el generalizado cuadro de acoso y asfixia a las instituciones que hace difícil su funcionamiento y, una vez más, corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones respectivas para frenar el irrespeto al marco legal, el abuso de poder o el tráfico de influencias, prácticas nocivas en la administración pública, que con este gobierno desbordó a las autoridades y de lo cual existe una clara percepción entre los pobladores.

Efectivamente, la Fiscalía contra Delitos Administrativos, del MP, anunció ayer que se iniciaron las investigaciones para determinar la probable comisión de ilegalidades en el bochornoso trámite iniciado por una persona que está en el banquillo de los acusados por uno de los tantos casos de corrupción puestos al descubierto en los últimos años por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Lo mismo debe proceder en el Tribunal Supremo Electoral, que hasta ahora sigue dando saludables muestras de independencia, de no atender actitudes abusivas de otros órganos de poder y de aplicar con rigor la norma, como debe ser con esta nueva muestra de poca idoneidad de un aspirante para buscar llegar al Congreso de manera irregular, lo cual debe ser frenado.

Como en la dirigencia del partido oficial no existe el menor interés en respetar el marco jurídico imperante se dan acciones bochornosas como la del domingo, de proclamar a varios candidatos, entre ellos Samuel Morales, quien no debió incurrir en semejante fiasco, porque al igual que su hermano enfrenta procesos penales por corrupción y deben abstenerse de continuar dando muestras de creerse superiores a la ley.

Es casi seguro que el nuevo aspirante a integrar uno de los organismos más desprestigiados de la historia política nacional se quede frustrado, pues si el MP actúa con celeridad, independencia y firmeza debe incluso abrirle una nueva investigación, por intentar burlar el marco legal, quizá con abuso de poder o acudiendo al tráfico de influencias, todo lo cual debe ser esclarecido y proceder contra los responsables de esos actos.

El generalizado deterioro institucional se complementó ayer con la captura de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil vinculados con el robo de un lujoso vehículo en Estados Unidos, mientras que en el Congreso se daba un penoso espectáculo, con la presentación del informe del procurador de Derechos Humanos, que terminó en una burda interpelación, pero con exabruptos como pedirle que se pronuncie por la no inscripción de aspirantes a la Presidencia, quienes antes deben dilucidar su situación jurídica para optar a algún cargo.