Las exenciones tributarias en el 2023 significaron Q17 mil 326 millones que la SAT no recaudó

Se llama gasto tributario al monto de impuestos que el administrador tributario deja de percibir por los distintos regímenes preferenciales que cubren a determinadas actividades, sectores y contribuyentes, con el fin de incentivar un mayor consumo de bienes y servicios producidos en el mercado interno, fortalecer la actividad comercial o incrementar los niveles de empleo, así como los encadenamientos productivos. Estas exenciones se hallan establecidas en la política fiscal. 

En tal sentido, los también denominados privilegios fiscales equivalieron en el 2023 al 2.1% del producto interno bruto (PIB) por un monto calculado en Q17 mil 326 millones, que es el más alto desde el 2013, cuando este indicador se comenzó a medir.

Según el estudio “Resultados cuantitativos del Gasto Tributario” que la Intendencia de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) publicó el pasado 30 de junio, la cifra indicada es 0.3% más en comparación con el 2022, cuando fue de Q17 mil 268 millones. En esa ocasión representó el 2.3% del PIB.   

Distribución

El informe presentado despliega la estructura y montos de los principales impuestos dejados de percibir, así como los beneficiarios y el porcentaje que representa en la producción nacional; para ello, utiliza una metodología con base en información macroeconómica.

Entonces, la pérdida de impuestos internos habría sido de Q16 mil 499 millones (95.2%) y Q826 millones de tributos al comercio exterior (4.8%). Del mismo total, lo correspondiente a impuestos indirectos (gravan el consumo) representó Q11 mil 517 millones (66.5%) y Q5 mil 808 millones (33.5%) fue por los directos (gravan los ingresos de los contribuyentes).

En la estructura hay dos impuestos que resaltan y que sostienen el 60% del presupuesto estatal: sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA). El informe detalla que por el IVA -que incluye el doméstico y de importaciones- el monto fue de Q10 mil 907 millones, que equivale al 1.3% del PIB y sobre la renta fueron los Q5 mil 808 millones mencionados (0.6% del PIB).  

Los beneficiados

El estudio de la Intendencia de Recaudación hace un control cruzado de los beneficiarios del gasto tributario y expone que “las mejoras en la digitalización de la SAT, incluyendo anexos para entes exentos, han optimizado la gestión de las declaraciones anuales”.

De esa cuenta, los beneficiarios constitucionales de las exenciones no pagaron Q3 mil 285 millones (19% del total) y los autorizados por leyes ordinarias se ahorraron Q14 mil 41 millones (81% del monto).

Entre los beneficiarios constitucionales se encuentras las universidades, centros educativos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

En tanto, los exentos por leyes ordinarias son los afectos a la Ley de Fomento de la Actividad Exportadora y de Maquila (decreto 29-89); a la Ley de Zonas Francas (decretos 65-89 y 22-73); Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social (decreto 27-2022); instituciones de asistencia social; cooperativas; misiones diplomáticas e internacionales; iglesias; actividades mercantiles; intermediación financiera; entre otros.

En cuanto al gasto tributario por beneficiario se detallan los montos de las principales exenciones y los respectivos sectores:

1. Personas individuales y familias: Q6 mil 38 millones.
2. Actividades mercantiles: Q1 mil 682 millones.
3. Instituciones financieras: Q1 mil 350 millones.
4. IGSS: Q1 mil 306 millones.
5. Centros educativos: Q1 mil 270 millones.
6. Instituciones de asistencia social: Q1 mil 146 millones.

Sin verificación

Abel Cruz Calderón, vice rector de la Universidad Mesoamericana, expuso que es necesario contar con la información actualizada para la toma de decisiones del Ministerio de Finanzas, como rector de la política fiscal.

A su juicio, el reto del gasto tributario es tener un mejor control de las exenciones (en buena medida constitucionales) a efecto de que no se abuse de ese beneficio y por otra parte, analizar que el gasto tributario puede ser positivo para una economía global.

Por ejemplo, que exista una exención fiscal para universidades y matrículas de colegios deberían generar incentivos para que las cuotas educativas sean accesibles a la población, “pero hay que revisar otra clase de exenciones y la mejora real en la economía en general, lo que tiene que ser un tema de la SAT en conjunto con el Ministerio de Finanzas (Minfin) y las comisiones de Finanzas y Economía del Congreso de la República”.

A la pregunta ¿cómo se pueden ejercer mayores controles y determinar lo que realmente es un gasto tributario?, respondió que se deben aplicar los que ya existen:  

• Continuar fortaleciendo la factura electrónica en línea y su masificación; lanzar campañas de concientización sobre la emisión de facturas; y los contribuyentes exentos, facturar con la constancia respectiva.
• Las instituciones que "autorizan o aprueban" las exenciones, como el Ministerio de Economía (Mineco), deben fortalecer las Direcciones que llevan el control de lo establecido en decretos como el 29-89 y 65-89.

Cruz Calderón también comentó cuales son las principales inconsistencias de los beneficiarios mencionados: “En general, el gasto tributario no tiene inconsistencias. El reto es que provoque mejoras en la economía en general y que de esa cuenta se genere más empleo y más oportunidades de hacer negocios. Si esto se consigue, lo que se deja de percibir por esta vía (Q17 mil 326 millones) debiera recaudarse con más ISR de personas asalariadas o mayor facturación de profesionales y técnicos liberales. La clave de todo esto es generar más empleo y un clima favorable de negocios y entonces entra más recaudación vía ISR o IVA”.

Opacidad en el Mineco

Al consultar sobre el tema al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), manifestó que en la actualidad está en curso una evaluación del gasto tributario, que se publicará en breve, especialmente sobre la pertinencia de la existencia de tantos tratamientos tributarios preferenciales.

La entidad opinó que el problema más importante con el gasto tributario, al margen de la falta de evaluación por parte del Estado para verificar si valen la pena o no, es la falta de transparencia, aduciendo que no se puede divulgar a quienes se les dio “el perdón tributario” por ser contribuyente.

“Eso genera cierta opacidad en la administración de esos mecanismos, especialmente por el Ministerio de Economía, en maquilas y zonas francas; y por parte de la SAT, con el resto de contribuyentes, a pesar de que la sociedad tiene derecho a conocer a quienes les perdonó el pago de impuestos el Estado y verificar si vale la pena dicho esfuerzo”.

Se añadió que, en general, los datos del gasto tributario están ligeramente subestimados por la falta de algunos aspectos, pero los datos dados a conocer son consistentes, aunque antes de su presentación deberían ser aprobados por el Minfin, para evidenciar apropiadamente el rendimiento del sistema tributario, concluye la posición del referido centro de investigación.