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En las comisiones de postulación ya se disputan el control de las secretarías
Aspa y Plataforma de Profesionales por la Justicia buscarían hacerse con la secretaría de las postuladoras.
La comisión de postulación para CSJ se reunió el pasado 11 de julio, pero suspendió la reunión por falta de juramentación de los comisionados de la UFM y la UMG. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
A más de una semana de la salida en falso de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, se escuchan dos posibles candidatos para ocupar las secretarías: uno del grupo Aspa, al que se vincula con el magistrado Nester Vásquez, y otro de Plataforma de Profesionales por la Justicia, afín al exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Estuardo Gálvez.
La ley de comisiones de postulación establece que cada una debe tener un secretario titular y un suplente, cuya función será “el control de los expedientes y la ejecución de las resoluciones adoptadas por las comisiones”.
Exintegrantes de las comisiones exponen que es una función demandante y de mucha responsabilidad, porque los secretarios también deben atender los amparos y acciones que se presenten contra las decisiones de la postuladora.
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César Díaz, del grupo Plataforma de Profesionales por la Justicia y electo como representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), se perfila como candidato a la secretaría de la comisión para salas de Apelaciones, según fuentes de la agrupación.
Según el Movimiento Pro Justicia, Díaz ejerció la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac y fue asesor jurídico en la Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia del Organismo Judicial. También formó parte del equipo técnico que colaboró en los procesos de postulación para fiscal general de 2018 y 2022, e Inacif en el 2022.
No todo está escrito
Sin embargo, aún no hay votos suficientes —25— para definir ninguna elección, de acuerdo con las consultas a varios comisionados e integrantes de las agrupaciones gremiales. Esta semana será decisiva, apuntan, si se toma en cuenta que el Congreso podría juramentar a los dos decanos ausentes para que las sesiones de las comisiones se reactiven.
También pueden surgir otros candidatos. En Unidad x la Justicia, la planilla 8, que reunió a abogados corporativos y algunos afines al Gobierno o al partido Movimiento Semilla, hay interés de asumir la secretaría de la comisión de salas Apelaciones, expresó Gregorio Saavedra.
“Estamos dispuestos a construir un consenso. Más que una batalla o una victoria, es una acción para dar certeza al proceso”, puntualizó.
También se han escuchado propuestas para ofrecerle el cargo a alguno de los decanos.
No obstante, hasta la fecha está pendiente la juramentación de dos de los 37 integrantes de cada comisión: los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades Francisco Marroquín y Mariano Gálvez.
Mientras eso sucede, las sesiones de las comisiones de postulación no pueden desarrollarse.
Los procesos pretendían comenzar el 11 y 12 de julio, pero se interrumpieron porque varios comisionados argumentaron que con la ausencia de los decanos —los dos pendientes— las postuladoras no estaban integradas al completo.
En anteriores procesos de postulación se ha observado que la mayoría de los decanos han desempeñado un papel en defensa de los mejores perfiles académicos y profesionales.
En un comunicado del 18 de julio, Pro Justicia indicó que “varios decanos acuden reacios a los procesos de renovación de la Cortes Suprema de Justicia y salas de Apelaciones”.
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Agrega que habría acciones intimidatorias y que en el gremio de abogados “se han encendido tímidas alarmas de que hay operadores promoviendo alianzas oscuras, con la condición de que las alianzas duren todo el proceso y no ser cambiantes”.
Para asegurar el poder total sobre los expedientes, sostiene, dichos grupos buscarían ocupar las secretarías y las sedes de las comisiones.
El MP desestima denuncias
El Ministerio Público (MP) informó que en agosto del 2022 la Fiscalía de Delitos Administrativos desestimó la denuncia que interpuso Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, contra siete decanos de Derecho que participaron en el proceso de postulación para fiscal general.
Méndez señaló a los decanos por varios delitos que relacionó con su resistencia para excluir a Consuelo Porras de la nómina de candidatos a jefe del MP.
Finalmente, Porras fue incluida para cumplir con una resolución de la Corte de Constitucionalidad y el presidente Alejandro Giammattei la eligió para dirigir el MP por un segundo mandato.
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