La semana pasada, Transparencia Internacional publicó su más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (2018), estudio que muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción en la mayoría de países del orbe y, en particular, en Guatemala, hace notorio el retroceso: desde la llegada al poder de Jimmy Morales (2016), el país ha perdido ocho lugares, pasando del vergonzoso puesto 136 al 144, de 180 países. Al hallazgo de este estudio se suman estadísticas concretas sobre lo que está probando en el país la consolidación de un Estado basado en la corrupción: desde caídas en la cobertura educativa, menor crecimiento económico, empleo e inversión privada, hasta una administración tributaria cada vez más inútil frente al contrabando y la evasión de impuestos.

Al mejor estilo de Goebbels —ministro de Propaganda de Hitler—, a quien se atribuye la idea de que una mentira repetida mil veces termina convirtiéndose en verdad, Morales afirma públicamente su compromiso con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuatro hechos, entre muchos, nos dicen todo lo contrario. Primero, los forcejeos desquiciados de la ministra de Relaciones Exteriores contra el secretario general de las Naciones Unidas, con el fin de expulsar abruptamente o reducir el trabajo por el que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en conjunto con el Ministerio Público, ha logrado determinar cómo la corrupción es la madre del sistema político guatemalteco y el alimento para mantener lo público capturado por intereses privados. Segundo, el desmantelamiento por parte del ministro de Gobernación de la Policía Nacional Civil y de las entidades destinadas a la inteligencia civil. Tercero, el sabotaje y descrédito de las instituciones encargadas de salvaguardar el orden del Estado: la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Cuarto, la captura de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público y de magistrados y jueces con el fin de “normalizar” los desmanes que el gobierno y sus socios cometen contra la democracia.

Morales es un cínico, permitido solo en una sociedad que camina a tropezones debido a su ceguera moral, término acuñado por Zygmut Bauman para referirse a sociedades que parecen haber perdido la sensibilidad moral y quitan importancia a hechos que lastiman a toda la colectividad. En este contexto, afirma Bauman, la mayoría de actores carecen de compromiso moral. Morales no está solo: el diputado Arzú, presidente del Legislativo, puede gestionar libremente el pacto de corruptos y el retorno al autoritarismo, utilizando el presupuesto público; voceros del rancio sector empresarial y Joviel Acevedo pueden aparecer frente a la sociedad apoyando las decisiones del pacto de corruptos sin remordimiento.

¿Cómo una sociedad, la guatemalteca, ha permitido desde privatizaciones que hicieron ricos a los funcionarios que las organizaron hasta líderes que atentan cotidianamente contra los derechos de la población? La ceguera moral es resultado del miedo y la indiferencia social: el temor al despido; la bomba que mata al chofer; el discurso de odio y racismo; la compra de medios; el individualismo; el fundamentalismo religioso y la mercantilización de la vida, todos ingredientes para lograr un pueblo sin contenido ni atributos democráticos.

Bauman sabiamente explica que “el mal reside en la normalidad”: no normalicemos al político ratero, al empresario hipócrita o al sindicalista transa, y contrapongamos a la estrategia de miedo y silencio nuestra valentía y reflexión colectiva.