Justicia
Guatemala bajo fiscalización internacional por detenciones arbitrarias, entre estas los casos de Zamora y Laparra
Copadeh informa que Guatemala está bajo la vigilancia y supervisión de mecanismos de la ONU por tres casos de detenciones arbitrarias.
ONU supervisa en Guatemala posibles violaciones a las garantías de casos declarados como detenciones arbitrarias. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) informó este viernes 23 de agosto que actualmente, Guatemala se encuentra bajo la vigilancia y supervisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas Crueles, inhumanos o degradantes, que son dos mecanismos de protección de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar casos de personas arbitrariamente detenidas en todo el mundo.
También para abordar casos de privación de libertad sin justificación legal adecuada y para trabajar por la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se dan en los centros de detención de Guatemala.
Destacó que el referido Grupo de Trabajo da seguimiento a tres casos en Guatemala declarados como detenciones arbitrarias, siendo estos el de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, detenido el 12 de abril de 2019 en un proceso concluido ocho años antes de su detención; el de Lilian Virginia Laparra Rivas, detenida el 23 de febrero de 2022; y el caso de Jose Rubén Zamora Marroquín, periodista, fundador y director del extinto diario elPeriódico, quien fue detenido el 29 de julio de 2022.
Los tres casos solicitan al Estado de Guatemala remediar la situación de privación de libertad de estas personas, conforme los principios establecidos por las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos.
Además, una delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o degradantes, efectuó una visita a Guatemala del 8 al 19 de octubre del 2023, tiempo en el que visitaron prisiones para evaluar las condiciones, prácticas y protocolos que se implementan para resguardar las garantías y derechos fundamentales de las personas.
Según la Copadeh, la visita le permitió al Subcomité observar las preocupantes condiciones de hacinamiento, urgiendo al Organismo Judicial a tomar medidas inmediatas para reducir la prisión preventiva y la ejecución de la pena.
“Al respecto, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidente Karin Herrera reconoce la importancia de la fiscalización internacional, en el marco de la observancia del Estado, de la institucionalidad democrática y la situación de los Derechos Humanos en el país, asumiendo el firme compromiso de ser garante y de cumplir de manera integral, así como oportuna, con todas las recomendaciones y directrices emitidas por los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas”, afirmó la Copadeh.
Indicó que el Organismo Ejecutivo se orienta “a asegurar que las políticas y acciones estatales no solo cumplan con los estándares internacionales, sino que además promuevan un entorno en el que los Derechos Humanos de todas y todos se protejan y respeten en todos los niveles”.
En ese sentido, Oswaldo Samayoa, director ejecutivo de la Copadeh, informó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria recibe expedientes para conocer posibles violaciones a las garantías y al derecho internacional de Derechos Humanos.
Añadió que en Guatemala son tres casos, el de Sergio Alfredo Herrera Acevedo, Virginia Laparra y José Rubén Zamora, que son considerados como detenciones arbitrarias.
Dijo que el “Ejecutivo no tolera las detenciones arbitrarias, tampoco la instrumentalización del sistema de justicia para fines que sean ajenos a la justicia misma y que la población pueda conocer qué es lo que sucede con su derechos y por qué estos organismos están viéndolo de esa manera”.
Explicó que la fiscalización la efectúan a partir de requerimientos puntuales y específicos, pues se refiere a casos presentados en 2022, 2023, y el último en 2024, que es el caso de Zamora.
“Lo que el Ejecutivo hace con esto es invitar al Organismo Judicial también a que emita política judicial que disminuya la ocurrencia de posibles detenciones arbitrarias o violaciones a la garantías constitucionales”, subrayó Samayoa.
Agregó: “no es que sea una fiscalización permanente, sino sobre casos concretos”.
Cuando le preguntaron si este tipo de fiscalizaciones tiene repercusiones para el país, el funcionario respondió: “siempre nos va a afectar, somo un país que nos relacionamos económicamente con el mundo y que estamos buscando tener una buena armonía para encontrar caminos de desarrollo”.
Resaltó que los Derechos Humanos se han convertido en una estrategia para los países, porque esto permite que las empresas al mismo tiempo tengan una mejor relación con empresas de otros países, permite que los cooperantes confíen en Guatemala; además, un clima de estabilidad y gobernabilidad.
Indicó que si el sistema de justicia no da las garantías que tiene que dar, “disminuye esa credibilidad que hay sobre el país y esa credibilidad que se tiene sobre la institucionalidad de este y afecta las relaciones.
Añadió que lo importante “es no ocultarlo, reconocer que tenemos estos problemas” y encontrar las vías para solucionarlo.
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Informó que el caso de Jose Rubén Zamora tiene una petición que se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque podría avanzar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El Ejecutivo está interesado a que esto no suceda y buscar soluciones amistosas”, afirmó.
Aunque aclaró que no depende solo del Ejecutivo, ya que “respetan la independencia de los jueces; sin embargo, sí le compete al Ejecutivo promoverle al Organismo Judicial que revise sus políticas internas, que tome acciones adecuadas para garantizar que los jueces en su independencia no violenten el modelo constitucional”.
El director Oswaldo Samayoa amplió que tienen varias disculpas públicas pendientes y en algunos casos las familias piden que sean privadas.
Gestionan algunas disculpas, que el Estado reconozca y que se den las reparaciones y con esto las personas afectadas se integren a la sociedad guatemalteca.
Afirmó que el Estado tiene pendiente unas 15 disculpas públicas por diferentes casos.
Indicó que en el caso de Jose Rubén Zamora si se llegara a dar sentencia por parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienen que buscar el tema de los daños que pudo haber sufrido la persona, pero hay otra soluciones con las institucionalidad estatal.
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Dijo que en este caso específico, la Corte Suprema de Justicia tendría que sumarse a la discusión con el Ejecutivo para buscar estrategias y propuestas si hubiera detención arbitraria; además, buscar estrategias judiciales para que los jueces garanticen que no hay persecución arbitraria o política.
ESCRITO POR:
Óscar García
Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.
