Comunitario
Alta Verapaz y Chimaltenango, los dos departamentos con más población en inseguridad alimentaria
Casi dos tercios de los habitantes en cada departamento están y continuarán con dificultades para alimentarse hasta mayo 2025.
Alta Verapaz es uno de los departamentos con más población en inseguridad alimentaria en el país, más del 30% se encuentra en esta condición. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Alta Verapaz y Chimaltenango son dos departamentos en donde tres de cada 10 de sus habitantes está en inseguridad alimentaria aguda, y el pronóstico es que esa cantidad aumente en los próximos meses hasta llegar a mayo del 2025.
El pasado 21 de agosto se publicó el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) con el análisis de que entre junio y agosto 2.9 millones de guatemaltecos tenían dificultades para alimentarse, pero que la cifra disminuiría en los próximos seis meses. Con lo que iniciado septiembre serían 2.7 millones de personas se encontraría en esa condición.
Los detalles de la cantidad de gente que estarían en las fases de crisis y emergencia de inseguridad alimentaria por departamento no se conocían. Sin embargo, recién se publicó el desglose y este muestra que, si bien hay un descenso en la población afectada, hay dos departamentos que mantiene los números más elevados de personas que requieren de acciones urgentes para no caer en una situación crítica.
En el caso de Alta Verapaz es el 30% de su población (429 mil 729) la que, según la predicción, comienzan septiembre con un deterioro de la seguridad alimentaria. En esa situación se mantendrán hasta febrero próximo. Pero el panorama no es alentador para los meses siguientes, ya que 2% de las personas del departamento se sumarán a este escenario de escasez y se llegará a las 458 mil 379 afectadas.
Situación similar ocurren en Chimaltenango, en el que 188 mil 243 pobladores comienzan el mes con limitaciones para alimentarse, lo que corresponde al 24% de los habitantes. Para marzo del 2025 la problemática alcanzaría a 203 mil 930, un 2% más.
En ambos departamentos la gente que se encontrará en la fase 4, la de emergencia, no supera el 5% de la población total.
Panorama
De acuerdo con el informe de la CIF, en el período de septiembre 2024 a febrero 2025 se espera una disminución en las reservas de los alimentos en los hogares y esto impactará en la seguridad alimentaria, pues en las familias tendrán que recurrir a la compra de maíz y frijol, principalmente, para consumo.
La Serie histórica de precios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) muestra un alza en el importe del frijol negro. En enero el quintal costaba Q663.45 y subió a Q798.64 en julio. El maíz también tuvo un incremento, el blanco pasó de Q204.64 a Q219.89 el quintal.
Pero el análisis de la CIF indica que, si bien se considera que la inflación puede contenerse, el precio de los combustibles, los fertilizantes y los alimentos es probable que se mantenga por arriba de los niveles. Además, que durante los siguientes meses del año la mano de obra disminuirá, lo que preocupa pues el empleo es la principal fuente de ingreso de las familias.
El Plan de Desarrollo Departamental de Alta Verapaz elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) menciona que la población económicamente activa de Alta Verapaz se concentra principalmente en el sector agrícola con una alta informalidad y baja productividad, lo que puede limitar las oportunidades de empleo formal y de calidad. Por otro lado, que el 16.77% de la tierra se utiliza para la siembra de granos básicos.
En Chimaltenango, una de las principales actividades económicas también es la agricultura, y representa cerca del 54% de la población económicamente activa del departamento.
Según la CIF, la presencia del fenómeno de La Niña afectaría la cosecha de los cultivos del ciclo de primera y del único ciclo productivo del altiplano, así como los jornales de los hogares que dependen de esta fuente de empleo, esto por el aumento en las precipitaciones que serán mayores al promedio histórico y traerá inundaciones, deslizamientos, heladas e incremento de enfermedades fúngicas que podrían afectar la producción de granos básicos y de otros cultivos. El daño a la infraestructura también puede perjudicar el comercio.
En el otro extremo el segundo período de proyección de seis meses (marzo 2025 a mayo 2025) abarca el período de alta demanda de mano de obra agrícola en los principales cultivos comerciales como café, caña de azúcar, palma africana, frutas y hortalizas, lo que podría mejorar la condición de la población. Además, el empleo en el rubro de turismo y comercio mejorará el ingreso de los hogares que dependen de estos sectores.
¿Qué hacer?
De acuerdo con Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam en Centroamérica, la cantidad de población en fase 3 y más de inseguridad alimentaria aguda se mantiene alta de manera general en el país por el impacto del clima en la producción agrícola (déficit o exceso de lluvias).
Adicionalmente, los precios de los alimentos básicos (maíz y frijol) para la población en mayor situación de vulnerabilidad se mantienen elevados (30% más altos que el promedio de los últimos 5 años).
Por otro lado, los programas gubernamentales de protección social y de apoyo a los pequeños productores, aún no llegan por el cambio de gobierno, lo que deja a estos hogares sin ese apoyo externo que requieren para superar esta crisis
En el caso de Chimaltenango y Alta Verapaz el exceso de lluvias en julio pasado fue perjudicial para la producción agrícola, esto se reflejó, por ejemplo, en el incremento del precio de las hortalizas.
Mientras que Maritza Velásquez, titular del sector sindical de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas), indica que hasta el momento la atención al tema de seguridad alimentaria no avanza a favor de la población, y esto “sigue siendo deprimente”.
Es del criterio que las cifras reales de población afectada son las que se ven en el trabajo de campo, y estas son altas, pero que los ocho meses que han transcurrido del actual gobierno no son suficientes para cambiar esta realidad, que lleva décadas incrustada en el país y no mejora por la corrupción.
Señala, además, que las actuales autoridades mantienen hermetismo en el tema y no involucra a la sociedad civil para participar en el abordaje de la inseguridad alimentaria.
“Preocupa que dejen en manos de alcaldes y gobernadores todo, porque excluyen a los líderes comunitarios, porque también en ello hay tráfico de influencias”, dice Velásquez.
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