Jubilados del Estado: en 20 años el pago ha crecido exponencialmente y alertan sobre errores previsibles

La ejecución presupuestaria para el pago a las clases pasivas ha mostrado un crecimiento del 411% del   2003 al 2024, con un total de Q83 mil 427 millones en 21 años, y todo indica que para el siguiente año habrá un nuevo ajuste, luego de que el Congreso de la República aprobó el pasado 10 de septiembre las reformas a ese rubro.

Las autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin) aún no tienen los ajustes que se harán al proyecto del presupuesto del 2025, que cambiaría la asignación prevista en el anteproyecto, que era de Q7 mil 814 millones, y la Comisión de Finanzas del Congreso requirió a la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) efectuar un ajuste a las cifras.

A partir de enero del 2025 —cuando entre en vigor la reforma—, los jubilados del Estado recibirán un incremento de Q1 mil mensuales a los ingresos que perciben actualmente y se estipula que ningún pensionado o jubilado puede recibir menos de un salario mínimo para las actividades no agrícolas, que es de Q3 mil 384.59, y establece que el techo no será de más de Q7 mil mensuales.

Un informe de la Defensoría de las Personas Trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos calcula que en Guatemala existen unas 110 mil personas jubiladas y pensionadas y que cada año, en promedio, se agregan unas seis mil a ese régimen.

Una carga adicional

En 21 años, la asignación de gasto para clases pasivas muestra un crecimiento lineal, ya que en 2003 el monto fue de Q1 mil 382 millones y para 2024   se sitúa en Q7 mil 69 millones, según las estadísticas del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Minfin.

En cada año fiscal se consume una buena parte del presupuesto público, y el promedio anual es de Q3 mil 972 millones. Por ejemplo, una persona que entró a trabajar para el Estado en 2003 ya reúne las condiciones para   jubilarse en 2024.

Para el presente año la asignación es de Q7 mil 69 millones y lleva una ejecución de gasto por Q4 mil 357 millones, equivalente a un 61.6%.

Para el proyecto de presupuesto del 2025 que el Ejecutivo presentó al Congreso había programado Q7 mil 814 millones —10.5% más—; sin embargo, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, que discute el dictamen del plan de gasto, requirió a la DTP actualizar las nuevas cifras en clases pasivas y las fuentes de financiamiento, luego de la aprobación de las reformas a la ley.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, declaró que aún están en estudio las reformas que se aprobaron, antes de contar con una opinión oficial sobre el costo —carga— que van a representar estas reformas al sistema de pensiones y de sus posibles fuentes de financiamiento.

Aclaró que se evaluará la capacidad de financiamiento en el corto plazo del régimen, y al tratarse de un sistema de pensiones se tiene que evaluar desde una perspectiva actuarial, y comprender cómo quedan los trabajadores activos que cotizan, y cómo quedan los pensionados que han cotizado, “pero es un análisis a profundidad que hay que hacer cuando se remita”.

Errores previsibles

 Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo, las reformas aprobadas por el Congreso al régimen de clases pasivas carece de información técnica.

“El primer error es que estos incrementos se hacen por caprichos, pero deben realizarse con base a un estudio actuarial que determine un equilibrio entre los ingresos y los egresos; las aportaciones de los trabajadores y el aporte del Estado para que no se convierta en una carga y que no afecten los gastos públicos”, explicó.

Linares López recordó que el financiamiento más seguro del plan de prestaciones son los aportes de los trabajadores, por los descuentos que se realizan al personal, pero el descuento es sobre el salario base, que al final le afecta al trabajador, porque la jubilación es con esa cantidad.

Aclaró que también hay dudas sobre el incremento que se otorga en la reforma, si es una nivelación al salario mínimo para alcanzar el costo de la canasta básica, y lo otro, si es un incremento de Q1 mil mensuales, “por lo que esos incrementos deben darse en forma escalonada”.

Remarcó que muchos de los pensionados del Estado reciben pensiones bajas, porque se retiraron antes de los 20 años de servicio público, y todavía están activos en el trabajo, porque al estar en las clases pasivas del Estado, no les impide poder trabajar en lo privado, o incluso algunos están en contratos 029, y lo que les impide   estar en un puesto o cargo permanente, y eso tiene que depurarse, por el gasto total que representan las clases pasivas.

El politólogo independiente, Douglas González, afirmó que estas reformas aprobadas, significan una carga fiscal que el Ejecutivo no tenía prevista.

 Entonces, “se vio como un error político que los diputados oficialistas quisieran posponer su aprobación y luego tuvieran que votar a favor”. No obstante, para las personas que se encuentran con ingresos menores al salario mínimo —jubilados y pensionados— supone un alivio en sus ingresos.