Justicia
Empresas incluidas en caso B410 han recibido Q320 millones en pagos durante el 2024
Las 28 empresas pudieron haber utilizado la red denunciada para evadir impuestos o cometer crédito fiscal fraudulento.
La SAT inhabilitó 28 empresas que posiblemente utilizaron la estructura B410 para defraudar al Estado. (Foto, Prensa Libre: SAT).
De enero al 5 de septiembre último, 14 compañías que podrían estar relacionadas con la estructura de empresas B410, señaladas de defraudación tributaria, cobraron Q320 millones 427 mil a los ministerios de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación y Cultura.
Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), citaron el pasado miércoles 11 de septiembre a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, Comisión Nacional contra la Corrupción y del Ministerio de Finanzas Públicas, para conversar sobre los pagos que el Gobierno hizo hasta el 31 de agosto a estas empresas.
Días después, los congresistas presentaron un reporte con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin), del Ministerio de Finanzas Públicas, en el que demostraron que 14 empresas involucradas en el caso B410, recibieron dinero del Estado después de que se diera a conocer el caso.
Algunas de estas empresas ya se encuentran bajo investigación y otras han sido inhabilitadas para que cesen de prestar servicios al Estado mientras avanzan las averiguaciones.
Así operaban
Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron que estas empresas que han facturado en el último año al Gobierno posiblemente utilizaron la red de las 410 sociedades para evadir impuestos, hipótesis que aún está en análisis.
Según la SAT, la defraudación que han identificado es de unos Q300 millones en impuestos del 2021 al 2023, pero la suma podría superar los Q800 millones.
En entrevista el pasado 13 de septiembre, Mario Francisco Pérez, encargado de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del MP, dijo que determinan si un grupo de alrededor de 30 entidades está involucrado en crédito fiscal fraudulento.
“Se denuncian alrededor de 30 entidades, cada una con un rubro en específico, y a eso se deriva el monto de los Q300 millones. Puede ser más, puede ser menos, pero también se dijo que podría ser hasta Q800 millones. Tenemos que determinar cuántas empresas del grupo B410 pudieron haber sido utilizadas para respaldar, como lo he dicho, costos y gastos improcedentes o crédito fiscal fraudulento, y ahí posiblemente sea un rubro o un monto mucho más alto, pero cada una de las entidades tiene presumiblemente un monto determinado por la SAT y es precisamente lo que estamos haciendo ahora”, comentó el fiscal.
El MP trabaja desde hace un mes en el caso, y las primeras investigaciones han determinado que podría haber más empresas involucradas.
Inhabilitan empresas
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) inhabilitó hasta ahora un total de 8 compañías denunciadas de formar parte una estructura que posiblemente defraudó al Estado.
“Se inhabilita, derivado de que el contribuyente tiene obligaciones tributarias formales pendientes y se encuentra contemplado dentro de una denuncia penal ante el Juzgado A Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala, Carpeta Judicial Número 02046-2024-00495, identificado como Estructura Grupo B-410”, se lee en la notificación de la SAT del 21 de agosto en el portal de Guatecompras.
La empresa Constructora y Transporte JP, Sociedad Anónima, una de las recién inhabilitada respondió a Prensa Libre que están dispuestos a reparar los errores que hayan cometido.
“Se están solventando todos esos inconvenientes ante las instituciones encargadas y fiscalizadoras en este caso. Llevamos alrededor de 21 años en el mercado. Son situaciones que, al final de cuentas, las entidades están cumpliendo con su labor, y nosotros, pues, estamos anuentes a poder reparar cualquier inconveniente que nosotros hayamos presentado de forma errónea”, explicó un representante de la empresa.
La compañía Calakmul, S. A., respondió que están siendo afectados por las acciones de la SAT: “Nos afecta el derecho a poder facturarle, no solo al Ministerio de Cultura, sino a nuestros otros clientes. Pone en riesgo nuestra operación y supervivencia, dado que sí somos una empresa real, no de cartón. Tenemos obligaciones bancarias y un historial de más de 15 años de operaciones”.
Se pidió una postura a las otras firmas y contribuyentes que fueron inhabilitados por la SAT pero no respondieron a las llamadas o preguntas.
Ante los pagos que realizó el Estado hasta el 31 de agosto, según el informe de la bancada VOS, se preguntó al Ejecutivo por qué se continuó con los desembolsos a pesar de la inhabilitación de las compañías, pero no hubo respuesta.
Caso legal
La SAT denunció el 14 de agosto que un grupo de empresas fueron inscritas por el mismo abogado y notario; además, que no cuentan con la infraestructura o personal para cobrar los servicios que facturan.
Agregó que la defraudación habría sido de unos Q300 millones, según los casos documentados; sin embargo, se rastreaban más fondos.
Seguían recibiendo pagos en el 2024
La bancada VOS citó el pasado miércoles 11 de septiembre a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, Comisión Nacional Contra la Corrupción y del Ministerio de Finanzas Públicas para conversar sobre los pagos que el gobierno hizo hasta el 31 de agosto a empresas que posiblemente tiene vínculos con la estructura que defraudó al Estado, denominada B410.
Los congresistas realizaron un reporte con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas en el que demostraron que 14 empresas involucradas en el caso continuaron recibiendo dinero del Estado durante el 2024. De enero al 5 de septiembre las compañías cobraron Q320 millones 427 mil a los ministerio de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación, y Cultura y Deportes. Estas compañías son:
- Asfaltos y Petróleos S.A. / Q104 millones 396 mil 313.64
- H3 Guatemala S.A. / Q77 millones 788 mil 887.94
- Opción Técnica S.A. / Q58 millones 590 mil 537
- Mansilla Morales Juan Pablo / Q43 millones 626 mil 317.26
- 4 Carriles Sociedad Anónima / Q12 millones 925 mil 007.95
- Constructora y Transporte J.P S.A. / Q 5 millones 662 mil 525.35
- Sistemas Y servicios de Ingeniería / Q4 millones799 mil 691.89
- Productos Especiales de Concreto S.A. / Q 3 millones 217 mil 393.02
- Schwartz Castellanos León Ericka / Q3 millones 10 mil 357.58
- L&S Construcciones S.A. / Q2 millones 46 mil 023.58
- V&T Sociedad Anónima / Q1 millón 468 mil 588.28
- Constructora Maquinaria Materiales / Q1 millón 174 mil 051.05
- Duque Girón Alba Luz / Q1 millón 125 mil 058
- Calakmul S.A. / Q 280 mil 500
- Commerce Madness S.A. / Q238 mil 360
- Inversiones Caddie S.A. / Q24 mil
Otros contribuyentes del caso B410 inhabilitados
- Grupo Propela S.A.
- Hugo David Moscoso Miguel
- PCS Constructores S.A.
- Supervisión, Construcción y Mantenimiento
- Kaize INC, S.A.
- Construpav S.A.
- Megaodón S.A.
- José Adolfo Guerra Díaz
- Proyectos Generales y Construcciones S.A.
- José Alfredo Trigueros López
- Inversiones Humedades S.A.
- Construcción Movimiento y Vivienda S.A.
La empresa Constructora y Transporte J.P Sociedad Anónima respondió a Prensa Libre que están dispuestos a reparar los errores que hayan cometido.
"Se están solventando todos esos inconvenientes ante las instituciones encargadas y fiscalizadoras en este caso. Llevamos alrededor de 21 años en el mercado. Son situaciones que al final de cuentas, las entidades están cumpliendo con su labor y nosotros, pues, estamos anuentes a poder reparar cualquier inconveniente que nosotros seamos presentados de forma errónea”, señaló la empresa.
La empresa Calakmul S.A. respondió que están siendo afectados por las acciones de la SAT. “Nos afecta el derecho a poder facturarle no solo al Ministerio de Cultura si no a nuestros otros clientes. Pone en riesgo nuestra operación y supervivencia, dado que SI somos una empresa real no de cartón. Tenemos obligaciones bancarias y un historial de más de 15 años de operaciones”.
“Vamos a obrar dentro del marco de Derecho, en defensa de lo que consideramos que es legal y correcto. Somos una empresa localizable, hace dos meses recibimos una visita de la SAT para revisar nuestros libros de ventas y no tuvieron ningún problema para encontrarlos” agregó la compañía.
Se pidió una postura a las otras 26 empresas y contribuyentes que fueron inhabilitados por la SAT, pero no respondieron a las llamadas o preguntas.
Ante los pagos que realizó el Estado hasta el 31 de agosto, según el informe de la bancada VOS, se cuestionó al gobierno de turno porque se continuó con los desembolsos de dinero a pesar de la inhabilitación de las compañías, pero no hubo respuestas.
Caso B410
La SAT denunció el 14 de agosto que un grupo de empresas fueron inscritas por el mismo abogado y notario, además, no cuentan con la infraestructura o personal para cobrar los servicios que factura.
Agregó que la defraudación habría sido de unos Q300 millones, según los casos documentados; sin embargo, se rastreaban más fondos.
El MP realizó 11 allanamientos el 12 de septiembre en inmuebles relacionados a nueve constructoras que recibieron dinero del Estado y constataron que seis posiblemente son falsas o no existen.
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