no tiene mayoría, pretende ser una respuesta rápida, populista y propia de una sociedad donde la institución militar tiene ascendencia. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) entró en operaciones el 3 de octubre pasado, con mil efectivos, y está previsto que su número se incremente en 2014 hasta cinco mil.

Elevar el nivel de la Policía Militar implica reducir el peso de la Policía Nacional como aparente respuesta al incremento de la violencia y la criminalidad de los últimos ocho años. Las muertes violentas pasaron de 30.1 homicidios a 86.5 por cada cien mil habitantes, de 2004 a 2011, pero también se modificó el móvil de muerte violenta. El Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) registra que el sicariato ha cobrado mayor frecuencia. La Policía ha perdido credibilidad, por las denuncias y la percepción de su involucramiento en actos criminales y delictivos. El Gobierno de Honduras ha perdido el control del territorio; han fracasado los esfuerzos para reducir el crimen y el delito. La inseguridad ha rebasado la institucionalidad del Estado.

Las experiencias latinoamericanas de las últimas décadas insisten, hasta la saciedad, que en ningún caso la participación del Ejército ha contribuido a reducir la criminalidad. En el mejor de los casos es un disuasivo que no pasa la prueba del tiempo y reduce las posibilidades de avanzar en procesos de reforma policial. Además, incrementa los costos de la violencia, que en el caso hondureño representa el 10.5 por ciento del PIB, equivalente a US$1 mil 600 millones.

Por su parte, la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública ha sido calificada por imprecisa, discrecional y votada apresuradamente. Significa un peligroso retroceso a la libertad de información al pretender incrementar el carácter discrecional del Gobierno, que podrá imponer el secreto sin tener que rendir cuentas. Honduras es uno de los países más mortíferos del continente para los periodistas. En una década han sido asesinados 38. Dos tercios de ellos perdieron la vida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Ambas iniciativas pueden influir negativamente en Centroamérica y contagiar un ambiente nacional, donde las disonancias y señales de los últimos días indican que el pretendido modelo de seguridad está haciendo agua, lo cual puede derivar en acciones “tentadoras”, apreciadas por sectores que están exigiendo cumplir con las promesas y sacar de la jugada a todo lo que no agregue valor.

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