Entre las sugerencias está la reforma a la figura de la prisión preventiva, la ley de aceptación de cargos, reformas electorales, un pacto fiscal y otro educativo.
Para el Foro Guatemala, “la crisis político-institucional en que el país se encuentra exige consensos concretos y reformas orientadas con visión estratégica. Solo los posicionamientos ante la coyuntura no nos sacarán adelante. Se requieren esfuerzos por concertar una agenda de país viable que atienda las demandas coincidentes de múltiples sectores”.
El Gobierno ha protagonizado una pugna desde el 27 de agosto de 2017 por expulsar a la Cicig. La Cancillería en reiteradas ocasiones pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cambiar al comisionado Iván Velásquez y luego se exigió a investigadores de Cicig abandonar el país, esa lucha generó crisis en el país.
A criterio de representantes de diversos sectores académicos, políticos y económicos, de esa coyuntura surgió la rivalidad en la ciudadanía.
Además, el comienzo del proceso electoral es similar al del 2015, cuando hubo varias investigaciones en contra de candidatos a cargos de elección popular. En la actualidad 10 partidos políticos que postulan candidatos están bajo investigación por el Ministerio Público (MP) por impedir la fiscalización de los fondos, así como otras irregularidades.
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El Foro Guatemala señala que “se trata de una situación nacional compleja, preocupante y potencialmente conflictiva, en la que es necesario e impostergable un debate ciudadano y que el Estado mantenga y fortalezca su institucionalidad”.
Los integrantes del Foro Guatemala proponen consensuar una agenda: “La lucha contra la corrupción e impunidad debe ser complementada con una agenda integral (económica, política, social, ambiental y de justicia) para alcanzar el desarrollo nacional, que a su vez reencauce el uso de los recursos del Estado, las prácticas burocráticas y las formas de resolver diferencias en nuestra sociedad, respetando y observando el orden constitucional de Derecho”.
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¿Por qué no se menciona la crisis en torno a Cicig? Stein comentó al respecto: “No es parte de nuestra agenda y objetivos en este conjunto de recomendaciones especificar temas inmediatos de coyuntura que son una obligación constitucional, es información común a nivel internacional que existe en efecto una gran preocupación por lo que se entiende internacionalmente como una muy grave crisis constitucional que todavía no se ha resuelto”.
Respecto a la propuesta de reformar la figura de prisión preventiva, Carmen López, de la Convergencia Cívica Política de Mujeres, comentó no es un tema coyuntural.
“Este tema no ha sido de coyuntura, esta problemática es estructural. Las organizaciones del foro han hecho estudios de la cantidad de personas que están en prisión preventiva que casi es el 50% -de los privados de libertad-. En los últimos meses ha resaltado esto -la discusión-, pero en el Foro Guatemala ha estado en la temática estructural. Hay que buscarlas formas de acelerar sin estar clasificando a quienes sí y quienes no”, argumentó López.
Stein profundizó: “Lo que estamos proponiendo se viene pidiendo desde hace varios años en la medida en que existió a partir de los Acuerdos de Paz, una mesa técnica entre varias de las instituciones junto al Organismo Judicial y es ni más ni menos que revisar el Código Procesal Penal. Sin que se acometa ese instrumento legislativo de fondo va a ser muy difícil que se tengan criterios de aplicación general que sean parejos para todos y va a haber un margen de discrecionalidad de cómo se aplica el tema de la prisión preventiva”.
Para el Foro Guatemala, privilegiar la justicia reparativa se debe aprobar la ley de aceptación de cargos. En esta sugerencia, Diana Fernández, de la Universidad Rafael Landívar, indicó: “Esta recomendación se hace en el sentido de que es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar justicia pronta y cumplida”.
Stein acotó que hubo acuerdo con las 16 organizaciones que integran el foro.
“Se hizo un esfuerzo de diagnóstico donde vimos que las fracturas sociales y el entramado institucional de nuestro país está a punto de romperse y que la radicalización parece ser el agua donde todos tenemos que nadar”, expuso Stein.
Las sugerencias
Al Organismo Ejecutivo:
- Priorizar el crecimiento económico incluyente, en el que participen los diversos actores productivos, con énfasis en lo rural, donde se concentra la mayoría de la pobreza y pobreza extrema.
- Discutir las políticas de Competitividad y de Desarrollo Rural Integral; el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; la estrategia para una eficaz Seguridad Alimentaria Nacional, así como para la reducción de la desnutrición crónica; la política de construcción y mantenimiento de infraestructura vial; la política y estrategia de tierras comunales y de agricultura orgánica; y, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
- Recuperar el diálogo del Pacto Fiscal, tomando como base los temas en su momento identificados y con especial atención a priorizar la calidad del gasto y fiscalización de las instituciones que lo ejecutan.
- Generar condiciones para que los agentes de la economía promuevan el desarrollo de un modelo económico, donde el talento humano sea el principal recurso que eleve la competitividad nacional.
- Cumplir con el mínimo de 180 días de clase y contar con docentes capacitados y motivados en el enfoque de construcción de una ética pública, que también debe trasladarse al currículum nacional base desde preprimaria y todos los niveles educativos, para formar a las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto, solidaridad, honestidad, honradez, confianza y responsabilidad en la convivencia social.
- Impulsar “un nuevo pacto educativo” que involucre a todos los actores pertinentes, revisando principalmente la negociación colectiva para alcanzar un acuerdo consistente con las mejoras educativas propuestas.
Al Organismo Legislativo:
- Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) orientada a favorecer una mayor participación ciudadana; modificar los requisitos para la inscripción de partidos políticos; emisión del voto preferente; readecuar el sistema de distritos electorales, en coordinación con el TSE.
- Reformar el Código Procesal Penal, revisar los casos en que procede la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, privilegiando la justicia reparativa. Es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar una justicia pronta y cumplida.
- Reformar la Constitución Política de la República en los artículos que regulan los períodos en las judicaturas y magistraturas, la extensión de la carrera judicial hasta las Salas de la Corte de Apelaciones, la supervisión de esta y la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. En este sentido es importante garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y especialización de los jueces y magistrados.
- Revisar, mediante reforma constitucional, el modelo de comisiones de postulación que ha sido señalado de ser vulnerable a la politización y a presiones externas.
- Aprobar nuevas leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, necesarias para modernizar el Estado, dotar de un enfoque integral y sistémico su actuar, y contribuir a que sea ágil y transparente.
Al Organismo Judicial:
- Generar las condiciones necesarias para una adecuada implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial y la aprobación de sus reglamentos.
- Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.
- Proponer, en coordinación con entidades que integran el sistema de justicia, un presupuesto que atienda las necesidades de cobertura nacional y que garantice el acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.
Recomendaciones sobre transparencia
- Priorizar el combate a la corrupción y la impunidad, como Política Criminal del Estado y complementarla mediante la construcción de una ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.
- Ante la proximidad de las elecciones generales y de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de renovación institucional.
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