Esta medida excepcional permitirá teóricamente sortear al Congreso a fin de desbloquear la totalidad de los fondos que necesita para construir su prometida obra contra la inmigración clandestina.
El presidente dijo asimismo esperar que medidas judiciales sean lanzadas contra su declaración.
“Anticipo que me demandarán, aunque no deberían demandarme”, afirmó el mandatario, y agregó que el litigio acabará seguramente en el Tribunal Supremo, como ocurrió con la pugna judicial sobre su veto migratorio contra los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
“Lo que pasará, tristemente, es que nos demandarán, tristemente habrá un proceso (judicial), y felizmente, ganaremos”, subrayó.
Trump aprovechó además su discurso para “agradecer al presidente” de México, Andrés Manuel López Obrador, por su “ayuda con las monstruosas caravanas (de inmigrantes indocumentados) que han ido viniendo” hacia Estados Unidos desde Centroamérica, atravesando territorio mexicano.
El mandatario también reiteró que le gustaría firmar “una reforma migratoria sustancial”, pero solo hizo referencia a sus prioridades -como la de acabar con el proceso por el que los residentes permanentes en EE.UU. pueden ayudar a sus familiares a emigrar al país- y no a una posible regularización de los indocumentados.
Y casi inmediatamente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que recurrirá ante la justicia la declaración de emergencia.
“Declarar la emergencia nacional sin una causa legítima creará una crisis constitucional”, dijo James en un comunicado. “No toleraremos este abuso de poder y lo combatiremos con todas las medidas legales a nuestra disposición”.
De su lado, los líderes demócratas en el Congreso consideraron “ilegal” la declaración y aseguraron que “violenta” la Constitución de Estados Unidos.
“La declaración ilegal del presidente sobre una crisis que no existe violenta gravemente nuestra Constitución y hace a Estados Unidos un país menos seguro, al robar necesarios fondos de Defensa destinados a la seguridad de nuestro ejército y nuestra nación”, dijeron la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado conjunto.
El jueves fue aprobado en el Congreso un acuerdo presupuestal para evitar un nuevo cierre del gobierno, como el que entre diciembre y enero dejó temporalmente sin trabajo a cientos de miles de trabajadores federales, que destina US$1 mil 400 millones para el muro, de los US$5 mil 700 millones pedidos por el presidente.
Trump ya había anunciado que firmaría el acuerdo, pero a la vez decretaría la emergencia nacional para obtener los fondos restantes.
“Escandaloso”
“Qué vergüenza para cualquier miembro del Congreso que no se oponga clara y vigorosamente a esta invocación ilegítima” de una emergencia nacional, dijo la poderosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Varios presidentes de Estados Unidos han utilizado este procedimiento en el pasado, pero en circunstancias muy diferentes y mucho
menos controvertidas.
Jimmy Carter invocó la urgencia luego de la toma de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, en 1979. Luego George W. Bush lo hizo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y años más tarde Barack Obama recurrió a ella durante el Epidemia de gripe H1N1.
Peter Schuck, profesor emérito de derecho en la prestigiosa Universidad de Yale, dijo que “el hecho de que el presidente pueda tener el poder de desperdiciar miles de millones de dólares en una promesa de campaña tonta es, en sí mismo, indignante”.
En una columna del diario New York Times, Schuck opinó que el Congreso debería definir más rigurosamente las condiciones bajo las cuales el presidente puede usar la Ley Nacional de Emergencias, aprobada en 1976.
“A largo plazo, este tema es más crucial para la vitalidad de nuestra democracia que si el presidente Trump finalmente consigue su muro”, dijo.
Antes de volar a Florida, se espera que el presidente estadounidense firme la ley de financiamiento aprobada el jueves por una gran mayoría en el Senado, controlado por los republicanos, y la Cámara de Representantes, bajo dominio de los demócratas.
El presupuesto aprobado solo incluye una cuarta parte de los fondos que Trump ha demandado durante meses para la construcción del muro en la frontera (1.400 millones de dólares contra los 5.700 millones solicitados). Y también implica una lucha política que está cargada de simbolismos, pues no menciona la palabra “muro”, prefiriendo la utilización de “barrera” o “cerca”.
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