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Luego de participar en un acto protocolario en el Congreso, donde se entregó la medalla de la Ciencia y Tecnología, el vicepresidente fue abordado y se le consultó si se tenía alguna postura sobre el comunicado
“Lo único que les podría decir es que nosotros los guatemaltecos deberíamos resolver nuestros problemas. Lo internacional que quede fuera, ellos que resuelvan los problemas que tiene cada quién”, respondió el vicemandatario.
Agregó que personalmente cree que “hay responsabilidad” de todos los guatemaltecos y se deberían unificar criterio para “ver qué es lo mejor”.
Se le consultó además si reformar dicha ley podría traer alguna repercusión para el país a nivel internacional y señaló que lo ve poco probable.
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“No lo creo, mi opinión es que nosotros debemos resolver nuestros problemas internos. Los países a nivel mundial tienen sus propios problemas, yo no creo que lo que aquí en Guatemala se discuta tenga incidencia y que con todos los procesos que debemos establecer”, aseveró Cabrera Franco.
Pese a esta postura el vicepresidente evitó contestar puntualmente la pregunta si él cree que es correcto que los diputados enmienden la Ley de Reconciliación para otorgar una amnistía total a los culpables de delitos de lesa humanidad. “No sé ni en qué lectura está, no tengo información al respecto”, fue su respuesta.
Postura
“La enmienda otorgaría una amplia amnistía para los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos y abusos, así como para los delincuentes condenados”, declaró ayer Robert Palladino, portavoz adjunto del Departamento de Estado.
Añadió: “Los juicios llevados a cabo en Guatemala por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos y abusos han devuelto la dignidad a las familias sobrevivientes de las víctimas, inspiraron una mayor confianza en las instituciones estatales y sirvieron de ejemplo positivo para otras naciones que buscan abordar un legado de conflicto”.
“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar a las instituciones guatemaltecas y al pueblo guatemalteco en su lucha en curso contra la corrupción y la impunidad”, apuntó Palladino.
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Las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional van dirigidas a extender la amnistía a delitos que no fueron incluidos en el texto original, tales como genocidio, desaparición forzada y tortura. Además de absolver a condenados por estos hechos, aplicando la retroactividad de la ley.
Niega interés partidario
La postura del Departamento de Estado de EE.UU. se suma a la de otras instituciones y organismos internacionales que están en esa línea, entre ellas Impunity Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.
A nivel nacional varias organizaciones de Derechos Humanos han criticado el proyecto de ley y señalado que el partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) tiene interés particular en reformar la ley para beneficiar a un miembro fundador.
Se trata de Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien era diputado al Congreso por el partido oficial, pero en febrero de 2017 se giró una orden de captura en su contra por el caso de desapariciones forzadas Creompaz.
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Actualmente Ovalle Maldonado se encuentra prófugo, pero si la ley es aprobada podría regresar y retomar su curul en el Congreso.
Al respecto de ese extremo se contactó a la diputada Iliana Calles, subjefa del FCN-Nación, quien negó que esa sea una razón para querer aprobar la ley, pero reconoció que puede ser que se vea de esa forma desde fuera del Congreso.
“La realidad es que no es para favorecerlo realmente –a Ovalle Maldonado–, talvés lo miran así, pero yo no lo miro así”, respondió la legisladora al consultarla al respecto.
Calles agregó que el objetivo de la bancada oficial al aprobar la iniciativa es “llevar un orden y ver que posibilidades existan para la reconciliación”.
Calles reconoció que se reunirán como bancada para analizar qué estrategia se tomará para impulsar la iniciativa y la forma en que se cabildeará con otras bancadas.
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