“No tengo nada que decir sobre el tema -de la Cicig-, creo que lo que se ha dicho y lo que ha hecho el Gobierno ya tuvo sus efectos a nivel internacional y Naciones Unidas tendrá que hacer lo propio en el momento que deban hacerlo”, dijo la funcionaria al salir de emitir su voto, en el Parque de la Industria.
La tensión no ha bajado entre el gobierno y la Comisión, ya que ningún funcionario, hasta ahora, se ha retractado de las decisiones anunciadas.
Entre las acciones están, por ejemplo, la del 19 de diciembre pasado de expulsar a 11 funcionarios de Cicig. En esa ocasión, el Ejecutivo advirtió que los 11 abogados e investigadores de la comisión a los que no renovó o denegó visas y trabajo, así como acreditaciones, serían expulsados del país.
Otra de las decisiones que tomó el Ejecutivo fue cuando la canciller le informó, el 7 de enero pasado, al secretario general de la ONU, António Guterres, que Guatemala dio por concluido el mandato de Cicig.
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Este viernes 15 de febrero la canciller restó mérito a discutir la crisis con Cicig y dejó entrever que no hay más que discutir sobre el tema: “No tengo nada qué opinar más al respecto, creo que es un tema que ya pasó a otro nivel, hay temas más importantes de política exterior y a nivel nacional que estar hablando de Cicig”.
El origen de la crisis política fue el 27 de agosto del 2017, el presidente, Jimmy Morales, declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, a quien le exigió que abandone el país “inmediatamente”. La Corte de Constitucionalidad amparó al colombiano y frenó provisionalmente su salida, aunque meses después el Gobierno logró que el comisionado no ingresara al país.
El 3 de septiembre pasado a través de un oficio, Morales ordenó a la Dirección General de Migración no dejar entrar al jefe de la Cicig por ningún puesto fronterizo del país mientras se encontraba de viaje en Washington, Estados Unidos, desde entonces Velásquez no ha ingresado al país.
Cicig permanece
Mientras en los últimos meses el Gobierno ha limitado el funcionamiento de Cicig y en enero pasado anunció el cese del convenio, la CC dejó en suspenso la decisión del Morales de terminar de manera unilateral el convenio de creación de la Cicig. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al otorgar un amparo provisional a Acción Ciudadana, Fundación Myrna Mack y otras tres entidades.
Además, el 11 de febrero pasado Astrid Escobedo, representante de la Cicig, se sumó al debate del caso TCQ a través de videoconferencia y de esa forma retomó su lugar como querellante en el proceso. Así los abogados de la comisión reanudaron su comparecencia en los casos en que son querellantes.
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El jueves pasado Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, confirmó a la Cicig como querellante en el caso Manipulación de Justicia y rechazó recursos de la defensa que buscaban apartar a la comisión del proceso, con base en el cese unilateral del convenio que hizo el Gobierno de Guatemala.
Leily Santizo, abogada de la Cicig, se reincorporó a las audiencias judiciales de este caso este viernes 15 de febrero en el juzgado, luego de ausentarse de las audiencias desde el 8 de enero.
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