Libertad para Stuardo Campo
Los procesos en su contra revelan preocupantes patrones de actuación del MP.
Hace 334 días que Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), guarda prisión. El 1 de diciembre de 2023 lo capturaron por segunda vez, cuatro meses después de que se le había otorgado arresto domiciliario en el primer caso en su contra.
Consuelo Porras, la capitana del Pacto, quiere más presupuesto para continuar criminalizando.
Pero como el objetivo del MP es la venganza y no la justicia, le armaron un segundo proceso (del que no se tienen detalles porque lo declararon bajo reserva) y, a pesar de tener un grillete electrónico de vigilancia permanente, lo recapturaron. Desde entonces está recluido en una celda del Mariscal Zavala.
Tal y como hicieron con Jose Rubén Zamora, la fiscalía lo acusó una tercera vez y ahora enfrenta tres procesos penales. El último está relacionado con la construcción del Libramiento de Chimaltenango, investigación que Campo y Eduardo Pantaleón, entonces auxiliar fiscal, realizaron y por la que solicitaron la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, y de 33 personas más involucradas en esta megaobra de corrupción que se sigue inundando y desmoronando.
Pantaleón estuvo detenido 20 días y, tras un proceso judicial que se prolongó por dos años, fue absuelto de todos los cargos. Campo ni siquiera ha podido terminar de dar su primera declaración ante el juzgado, porque la audiencia se ha suspendido varias veces por excusas e incomparecencias del MP y los querellantes. Una estrategia perversa para alargar hasta el infinito la persecución penal y su encarcelamiento.
Los procesos en contra de Stuardo Campo revelan preocupantes patrones de actuación que el MP repite en casi todas las “investigaciones” enderezadas en contra de fiscales, jueces, juezas y exfuncionarios de la Cicig que abanderaron la lucha contra la corrupción: 1) Las denuncias son planteadas por la Fiscalía de Asuntos Internos o la Fundación Contra el Terrorismo, para terminar luego en la Feci de Curruchiche; 2) Todas parten del trabajo de fiscales, jueces y juezas en ejercicio de sus funciones; 3) Los delitos que se les imputan son prácticamente los mismos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstrucción de la justicia y obstaculización de la acción penal.
Esta estrategia de castigo y venganza no tendría viabilidad de no ser por la captura extendida del sistema de justicia en cuyo seno hay jueces y magistrados que forman parte de las redes de corrupción y tráfico de influencias que, con sus resoluciones, avalan lo que se denomina el lawfare o guerra jurídica, que no es otra cosa que la utilización ilegal y abusiva de las instancias judiciales -manteniendo una apariencia de legalidad- para inhabilitar, perseguir y/o encarcelar a oponentes.
Y en Guatemala esos “oponentes” son las y los líderes indígenas y comunitarios, operadores de justicia independientes y sus abogados, personas defensoras de derechos humanos, exfuncionarios/as de Cicig, estudiantes y profesores universitarios y periodistas; aunque, con las elecciones de 2023, el listado se amplió a magistrados y funcionarios electorales e integrantes del Movimiento Semilla. Hasta septiembre 2024, 22 personas pertenecientes a estos grupos estuvieron o están presas y 99 permanecen en el exilio.
“Me preocupa enormemente la información que indica que el exfiscal Campo está siendo acosado y detenido por el trabajo que ha realizado en los casos que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción”, señala la relatora especial de la ONU sobre la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite. La duda es si habrá cambios significativos a partir de la reciente elección de cortes.
Perseguir penalmente a quienes no han cometido delitos, sino los han investigado es el modus operandi del MP de María Consuelo Porras Argueta, la capitana del Pacto, que encima pide más presupuesto para continuar con la criminalización.
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