Como en el caso guatemalteco, “mutatis mutandis”, en Colombia se están dando algunas condiciones que favorecen la posibilidad de un acuerdo. El presidente Uribe y su ministro de la Defensa, Santos, logró debilitar considerablemente a las FARC, en el aspecto militar. También desde el punto de vista político, las FARC están bastante disminuidas, particularmente porque la vía electoral ha demostrado que es posible para la izquierda democrática lograr posiciones, como la alcaldía de Bogotá, considerada como el segundo cargo político más importante en Colombia.

Además, los aliados ideológicos de las FARC, como los gobiernos de Cuba y Venezuela, han llegado a la conclusión de que las FARC no tienen ya la posibilidad de llegar al poder, por la vía armada. El presidente Chávez, hace unos años, dijo en la Asamblea Nacional que la comunidad internacional debería reconocer a las FARC el estatus de “beligerante” y que eran “un movimiento político que en Venezuela se respeta”. Pero, posteriormente declaró que la lucha armada en Colombia ya no era una vía apropiada ni factible para llegar al poder y que las FARC deberían incorporarse a la lucha política legal.

Está demás subrayar la relevancia que para las FARC implica la relación con el gobierno venezolano. Por tanto, todos los factores mencionados contribuyen a que se den unas condiciones más favorables para una negociación de las que hubo en el pasado. Pero hay un factor que no estaba presente, ni en Guatemala ni en El Salvador, que complicará considerablemente las negociaciones: el narcotráfico.

En toda negociación compleja, que involucra los intereses de numerosos actores sociopolíticos relevantes en un Estado, existen figuradamente tres mesas de negociación, una “externa” y dos “internas”. La primera es la mesa oficial donde se sientan los negociadores de las partes, en nuestro caso: el gobierno de Colombia y las FARC.

En las otras dos mesas, cada parte debe negociar con los grupos y sectores con los cuales tiene relación y que están activamente interesados en el resultado de la negociación. Un acuerdo en la mesa externa será políticamente viable, solo si es aprobado en las mesas internas, por la mayoría de los actores relevantes.

En la primera mesa interna el gobierno tendrá, por ejemplo, que negociar con las Fuerzas Armadas, con el sector privado, particularmente el rural y con los partidos representados en el Congreso. Por eso, en la delegación negociadora del gobierno hay algunos representantes de esos grupos. En la otra mesa interna, las FARC también tendrán que negociar con grupos y personalidades que tienen interés en el resultado de la negociación, como por ejemplo algunas ONG de Derechos Humanos, la senadora Pilar Córdoba, etc. Ojalá, por el bien de Colombia y de sus vecinos, este complejo proceso de negociación pueda llegar a feliz término, como se logró exitosamente en Guatemala y en El Salvador.