Por lo menos, en el caso de Argentina, esa petición fue atendida el 14 de enero de este año, cuando se conoció en una misiva a la Secretaría Política de Naciones Unidas que Buenos Aires había decidido retirar a su personal en la Cicig que cumplía funciones en materia de seguridad. El argumento argentino fue que Guatemala había decidido cambiar el estatus migratorio de sus ciudadanos.
Pero el Gobierno guatemalteco también ha ejercido presiones sobre otras sedes diplomáticas. El miércoles se divulgó una carta firmada por el embajador de Colombia en Guatemala, Juan Hurtado Cano, dirigida hacia Francisco Javier Echeverri Lara , director de América del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
La carta dice que las autoridades nacionales sostienen que Cicig ha perdido vigencia y que debía analizarse la conveniencia de retirar a los colombianos que trabajaran en la comisión. “La embajada fue contactada por el personal del Colombia y se les recomendó revisar sus condiciones de permanencia, para que su salida fuera lo menos lesiva”, cita el embajador en la comunicación con su gobierno.
La misiva está fechada al 22 de enero de 2019, y hasta el momento no se ha retirado personal colombiano de la Comisión, explican fuentes de Naciones Unidas.
“Entendemos, que si bien, el Gobierno de Guatemala, daría un plazo prudente a Colombia, ello no implica que no se encuentre en consideración su expulsión”, termina la carta en la que sugiere que la Cancillería guatemalteca ha “expresado de manera informal” su molestia por el personal de los países que apoyan a la comisión.
En el caso peruano se trata de la renovación de personal que ya había cumplido su periodo en el país, mientras que el personal colombiano y uruguayo sigue laborando en el país a pesar de las sugerencias que se han dejado ver desde la diplomacia nacional.
De hecho, fuentes diplomáticas explican que la canciller Sandra Jovel no ha enviado ninguna comunicación por escrito a los gobiernos en cuestión y más bien se ha tratado de conversaciones que no dejan constancia de la voluntad de la administración de Jimmy Morales sobre el mandato de la Cicig.
Marta Larra, directora de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, consultada al respecto, señaló que no la cartera tiene una posición sobre este asunto. “El caso de Cicig es un asunto diplomático pendiente y solamente se trata con la Secretaría de la ONU”, explicó.
Otra forma de cooperación
La comisión cuenta con varios tipos de cooperación de parte de la comunidad internacional. La más visible es la transferencia de recursos financieros a la Comisión, que en 11 años han aportado US$167 millones. Pero varios países de América Latina colaboran con personal para distintas tareas. La seguridad es una de ellas, pero también se extiende a otros campos de operación del ente internacional.
Por eso, las gestiones hechas por la canciller Sandra Jovel pueden estar dirigidas a interrumpir el trabajo de la Cicig, aunque de ellas no se deja constancia que luego puedan ser usadas en denuncias por desacato contra la funcionaria.
A inicios de esta semana, el gobierno de Suecia anunció que llamaba a consultas a su embajador en el país, Anders Kompass. El reino escandinavo es uno de los principales cooperantes a la misión de Naciones Unidas y una de las razones del retiro del diplomático fue las difíciles condiciones que se viven en el país, según la ministra Margot Wallstrom.
Mientras tanto, la Comisión sigue funcionando con cerca de 150 trabajadores de distintas nacionalidades. “La comunidad internacional contribuye a la Cicig, además del apoyo financiero, con el despliegue temporal de personal especializado en seguridad e investigación criminal. Actualmente el contingente de Colombia y de Uruguay permanecen trabajando en la Comisión y se está tramitando el ingreso de un nuevo contingente de Perú”, señaló Matías Ponce, portavoz de la comisión.
También con el TSE
Las comunicaciones en torno a Cicig no han sido solo para países cooperantes. Jovel, esta vez por una carta, le transmitió al Tribunal Supremo Electoral que el mandato de la comisión ya había terminado, para lo cual pidió “tomar las medidas que se crean convenientes en el ámbito de su competencia”.
La carta fue enviada el 24 de enero.
Entre el TSE y la Comisión existe desde el 28 de agosto de 2018 un convenio de cooperación sobre financiamiento de partidos políticos, entre otros.
En respuesta, el tribunal señaló que el convenio se mantendrá vigente.
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