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Los detalles de la integración del pleno, así como los votos disidentes, no fueron proporcionados debido a que las partes estaban siendo notificadas.
La acusación fue planteada por la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Stuardo Campo, el 8 de febrero pasado. El señalamiento se centró en la denuncia de Miriam Yolanda Segura Rosales, quien fue destituida del Hospital Regional de Nebaj, Quiché, el 16 de enero de 2018.
El señalamiento fue que Soto le habló por teléfono a Segura y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, según la acusación del MP.
Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.
Consultado sobre la resolución de la CSJ, Campo dijo espera ser notificado para analizarla y preparar la apelación.
Investigación contra Soto
Según el MP, existe un dictamen de la Dirección de Recursos Humanos de la cartera que precisa que no puede haber trabajadores en los renglones 028 ni en subgrupo 18 cuando hay parentesco con trabajadores de los renglones 011, 021, 022 y 031.
Después del despido de Segura, llegó al cargo Víctor Puac, exasesor de Eduardo Cruz, diputado por Quiché, que ingresó en sustitución de Carlos López, diputado prófugo de la justicia por dos casos, Plazas Fantasma y Financiamiento a la UNE.
Red
Lo de Jorge Raymundo Matóm no es caso único en el centro asistencial.
Segura denunció que, desde que asumió en 2014, encontró que, de 190 trabajadores del nosocomio, 45 son familiares.
Poco podía alrededor de ese clan familiar, pues sus esfuerzos solo podían enfocarse en prohibir la contratación de nuevos familiares, como manda la Ley de Contrataciones.
No obstante, solicitó una investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud para que se determinara cómo llegaron a laborar al hospital y si se trataba de favores políticos.
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Otro en el hospital fue Francisco Brito Ceto, jefe de Recursos Humanos, cuyo padre y hermano trabajan ahí también. Al ser consultado, expresó que sus familiares llegaron antes que él y su plaza está asignada al hospital de Uspantán.
No obstante, reconoció que sí hay plazas que son producto de favores políticos del extinto Partido Patriota, que gobernó de 2012 a 2015. Afirmó que los trabajadores no cumplían el procedimiento de oposición y se presentaban con nombramiento oficial, avalado por la Vicepresidencia de la República.
Plazas como la de Odontología fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retalhuleu, a pesar de que está asignada al de Nebaj, por orden ministerial. Segura informó en ese momento que fueron reubicadas 10 plazas a otros hospitales.
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