Jimmy Morales se convierte en el primer presidente cuyo círculo familiar más cercano se ve involucrado en señalamientos de corrupción. Ayer la fiscal general, María Consuelo Porras, informó que la Fiscalía Contra la Corrupción tiene en marcha una investigación dirigida contra Patricia Marroquín de Morales, esposa del mandatario, por la recepción anómala de cheques durante la campaña electoral de 2015.

Aunque el Ministerio Público informó que se inició una investigación de oficio, a raíz de una publicación de elPeriódico en la cual se informaba de cuatro cheques por 250 mil quetzales girados por el diputado al Parlacén Othmar Sánchez, uno de los mayores financistas de Morales y del partido oficial, FCN-Nación, en la anterior campaña electoral, se sabe que las pesquisas habían iniciado en 2016 y también ha trascendido que los montos podrían ser superiores a la cantidad conocida hasta ahora.

Sánchez habría girado los cheques a través de la Corporación Fulanos y Menganos, para la campaña de Morales, lo cual deben esclarecer las autoridades. Lo cierto es que el financista es también investigado por el Ministerio Público en otros casos y ha sido uno de los mayores contratistas del Estado.

Por lo que hasta ahora se ha divulgado se sabe que dos cheques de la Corporación Fulanos y Menganos fueron girados a nombre de la esposa del presidente, por 50 mil quetzales cada uno, casi al inicio de la campaña electoral, y otros dos cheques que sumaban 150 mil quetzales fueron emitidos en 2014 a nombre de James Ernesto Morales Cabrera.

Esta es la primera vez en la historia democrática de Guatemala en que un presidente, su esposa, su hermano y su hijo enfrentan cargos por corrupción de distinta naturaleza, aunque predominan las sindicaciones por financiamiento electoral ilícito, que sería el caso del mandatario y el de su esposa, algo que deberá esclarecerse en las instancias jurisdiccionales respectivas, aunque podrían aparecer otros hechos. Aunque Morales ha sido protegido por el Congreso, todavía no aclara otras sindicaciones planteadas por el MP.

Este nuevo caso planteado por la fiscal Porras ratifica que la batalla que encabezó el presidente contra Iván Velásquez y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala nada tenía que ver con el jurista colombiano ni con la oficina antimafias de la ONU, y que más bien se trataba de una maniobra desesperada para protegerse él, a sus familiares y algunos de sus más cercanos colaboradores de la persecución judicial.

Para el presidente y su entorno más próximo esta denuncia representa un golpe demoledor para la imagen que se pretendió construir de defensa de la soberanía nacional, lo cual también ha sido un pretexto para detener la lucha contra la corrupción e impulsar, junto al pacto de corruptos, iniciativas para favorecer a criminales de todo tipo que serían beneficiados por leyes de amnistía o en favor de la impunidad.

La acción anunciada también restablece la deteriorada imagen del MP, que había quedado en entredicho un día antes, cuando su representante evidenció durante una audiencia pública en la CC que alguien más podría estar interfiriendo en la postura oficial de Porras, pues ayer debió aclarar que su apoyo es irrestricto a las resoluciones del máximo tribunal constitucional del país, que frenó decisiones unilaterales del presidente Morales.