“En ambos contratos se establecieron las deficiencias siguientes: los contratos fueron adjudicados en el régimen de excepción, este régimen es utilizado cuando exista una urgencia institucional”, se lee en el expediente de la denuncia.
Además se enfatiza que no existe justificación para la contratación mediante esa modalidad, “debido a que el sistema de vigilancia electrónica ha sido instalado por etapas”.
De acuerdo con la CGC, la empresa beneficiada con los contratos —Internet Telecomunication Company de Guatemala, S. A.— tiene un capital de Q100 mil, según el acta de constitución, “lo cual evidencia que no tiene capacidad financiera para un proyecto de esa magnitud”.
En la querella se establece que los contratos no tienen integración de costos ni estudio de prefactibilidad y carecen de precios de referencia, en relación con el objeto de las adjudicaciones.
El expediente, fichado en el MP con el número 001-2011-47298, se encuentra en la fase de investigación.
Cambio de equipo
Respecto del contrato por Q95.2 millones, la CGC detectó que no tiene justificaciones de necesidades y conveniencia para la contratación del servicio.
Tampoco tiene documentación que acompañen el contrato suscrito por concepto de arrendamiento, falta el desglose de precios y la colocación de equipos que no estaban dentro de las bases.
“En el caso de la contratación y arrendamiento de cámaras y sistemas de seguridad para las paradas seguras, establecimos que puede haber indicios de irregularidades e ilícitos”, explicó Wálter Argueta, director de Auditoría Concurrente, de la CGC.
“Por eso establecimos varios hallazgos específicos, los cuales, a nuestro criterio, ameritaban darle seguimiento”, agregó.
Después de que Argueta presentó un informe en el Departamento de Auditoría Gubernamental de la CGC, este tramitó la querella penal.
Vigilancia a medias
En el contrato por Q95.2 millones se establecía el arrendamiento de 490 equipos, como parte del proyecto Rutas Seguras; en el convenio por Q38.69 millones se estipulaban 200 cámaras de vigilancia.
En el contrato 122-2009, que está publicado en el sistema Guatecompras, se establece que fue aprobado “bajo la estricta responsabilidad del director de la PNC”, a la postre, Gómez Barrios.
El exfuncionario se encuentra en prisión por su vinculación con un robo de droga y corrupción, por la compra de vales para combustible de la PNC.
Mientras que Jaime Otzín, director de la PNC, aseguró que no está enterado del asunto, el vocero del Ministerio de Gobernación, Nery Morales, expresó: “Somos respetuosos de la ley y pondremos a disposición del MP toda la información necesaria para deducir responsabilidades”.
Édgar Guerra, presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, criticó que Rutas Seguras sea un proyecto que no termina de despegar.
De acuerdo con un monitoreo efectuado por esa agrupación, en varias paradas no se instalaron cámaras de vigilancia y en otras solo se colocaron dos, cuando debieron haber sido tres.
Guerra insistió en que las autoridades no informan acerca de los resultados en seguridad, por la implementación de cámaras, por lo que se desconoce si funcionan.
